134 años de la educación laica, gratuita y obligatoria

El 08 de julio de 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, se promulgó la Ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria. Esta norma fue la base del sistema educativo nacional y se aprobó después de polémicos debates en el Congreso nacional y en la prensa. Cómo fue la aprobación de una norma en medio de un contexto de inmigración, con fe en el progreso y de un gran optimismo hacia el futuro, bajo el influjo de las ideas europeas y el auge del positivismo.

134 años de la educación laica, gratuita y obligatoria

Discusiones sobre la separación del Estado y la religión no son nuevas. Es un tema que atraviesa muchos debates, vigentes hasta hoy, que ocupan la agenda mediática, social y política.

Así, hubo un tiempo en el que pensar la educación laica fue tema de discusión, cuya legitimación era inimaginable. Fue uno de los debates más intensos, y de largo alcance, en la historia argentina. Distintos puntos de vista en torno a la enseñanza religiosa, a la escuela mixta y al control del Estado (y de la nación) sobre la educación dividieron a la generación del ochenta.

Las divergencias fundamentales se centraron en la identificación común de la necesidad de una ley de educación, la gratuidad y obligatoriedad de la escuela. Uno de los temas más debatidos de la propuesta inicial consistió en la inclusión de contenidos religiosos en los programas escolares. Existían opiniones contrapuestas acerca del papel de la Iglesia en la sociedad y el Estado.

En ese marco, la religión en las escuelas fue el nudo del debate. Finalmente, la Ley aprobada no hizo mención al carácter laico de la educación pero la instrucción religiosa quedó en calidad de optativa, con autorización de los padres, y dictada fuera del horario escolar.

Antecedentes

La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por ley.

Constituyó una norma fundacional del Estado argentino, donde se estableció el Consejo Nacional de Educación, con Eduardo Wilde como ministro de Instrucción Pública.

Domingo Faustino Sarmiento había sido el gran propagandista de la educación pública, pero en su presidencia (1868/74) no llegó a sancionar una norma sobre ella. Tampoco lo hizo su sucesor, Nicolás Avellaneda, quien había sido su ministro de Educación (entonces de Justicia e Instrucción Pública) en los seis años de su mandato.

Fue Roca, su sucesor, el que construye el sistema de educación nacional, que el primero publicitó y el segundo esbozó pero que no llegaron a concretar.

Roca asume su primera presidencia el 12 de octubre de 1880 y a los pocos meses crea el Consejo Nacional de Educación, el órgano destinado a conducir la política para la educación primaria en el ámbito nacional y elige a Sarmiento para presidirlo. Al mismo tiempo, designa a su predecesor, Nicolás Avellaneda, como rector de la Universidad de Buenos Aires.

Los dos presidentes anteriores eran designados así al frente de la educación primaria y de la institución ya más importante de la superior.

En la primera presidencia de Roca la relación con la Iglesia se tensa y el presidente termina expulsando al Nuncio Apostólico del país, argumentando su injerencia en los asuntos internos. Pero será el mismo Roca quien en su segunda presidencia restablecerá las relaciones diplomáticas con el Vaticano.

El Congreso Pedagógico Internacional

El Congreso Pedagógico Internacional convocado por el gobierno roquista, además de poner al país a la vanguardia de ese tipo de encuentros, tuvo gran impacto en el público gracias a una amplia cobertura en los periódicos

En aquella segunda mitad del siglo XIX habían tenido lugar encuentros de esta índole en varios países de Europa.

Pero el de Buenos Aires fue el primer congreso suprarregional realizado en nuestro Continente. Asistieron representantes de Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Chile y Perú, enfrascados en una guerra, estuvieron ausentes.

La iniciativa de un Congreso para debatir acerca de las ideas y principios que debían regir la educación pública puso a la Argentina entre los adelantados en la materia. Basta decir que en ese mismo año 1882, Francia aprobaba su Ley de enseñanza primaria, laica, gratuita y obligatoria. Algo que nuestro país haría apenas dos años después y de lo que el Congreso Pedagógico de 1882 sería el antecedente más directo.

Lo más llamativo del Congreso Pedagógico de 1882 fue la alta participación de la opinión pública en los debates.

Por aquel entonces, apenas una séptima parte de los niños argentinos concurría regularmente a la escuela. Estaba todo por hacer; como hoy está mucho por reconstruir.

Las dificultades a superar para alcanzar realmente la universalización de la educación no eran menores: además de la baja escolarización, ni siquiera existía la conciencia actual en el conjunto de los padres sobre su deber de enviar a sus hijos a la escuela; la inmigración en proceso implicaba que un gran porcentaje de los alumnos no tenía un nivel adecuado de español o directamente ninguno; no existía un marco normativo para las escuelas, no había suficiente cantidad de docentes y, entre los disponibles, muchos no eran idóneos; tampoco la cobertura edilicia era la necesaria. Y muchos alumnos llegaban con deficiencia alimentarias y bajas defensas.

Enseñar en aquellas circunstancias no era sencillo. Lo que sí había era entusiasmo y convicción acerca de la importancia de la educación y de su poder transformador. Y en pocos años se lograrán avances impresionantes.

De todos modos, el Congreso también tuvo críticos y ausentes. Hubo cuestionamientos al temario y a su representatividad, por la ausencia de algunos países.

Sarmiento, Estrada y Avellaneda, tres figuras muy ligadas a la educación, no quisieron presentar ponencias. El primero no asistió al Congreso -pese a haber sido designado presidente honorario del mismo-, pero opinaba a través de artículos en los diarios.

Diariamente asistían a las sesiones 300 personas, de todos los estratos de la educación, desde preceptores hasta pedagogos y autoridades educativas, además de otras personalidades públicas. Además participaron mujeres, lo que no dejaba de ser novedoso. Se garantizó la presencia de delegados de las provincias subsidiando su traslado.

La idea original del Congreso fue de Onésimo Leguizamón, quien en 1874 era ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. En 1881, Manuel Pizarro, que ocupaba la cartera, retoma la iniciativa, con apoyo del Consejo Nacional de Educación del que Sarmiento era Superintendente. El Congreso tuvo lugar finalmente bajo la gestión de Eduardo Wilde en la cartera de Educación (primera presidencia de Julio A. Roca). Fue presidido por Onésimo Leguizamón.

El objetivo declarado del Congreso era que los resultados de su debate “contribuyesen a echar las bases de una trascendental legislación educativa”. El contexto en el que tuvo lugar era el de la fe en el progreso y de un gran optimismo hacia el futuro, bajo el influjo de las ideas europeas y el auge del positivismo.

El Congreso puso el acento en la imperiosa necesidad de iniciar a todos los niños en la lectura, alfabetizar a los adultos, brindar a la mujer -hasta entonces excluida de las materias científicas y de la instrucción cívica- la misma educación que al varón (“a ella debía suministrársele igual cantidad de conocimientos y abolirse hasta los programas especiales para cada sexo”), garantizar la presencia de bibliotecas en todo el país y escuelas limpias, bien iluminadas y ventiladas.

Planteos de avanzada para la época fueron la censura a los castigos corporales, la aceptación de las escuelas mixtas y la propuesta de introducir jardines de infantes.

Así, la instrucción cívica fue recomendada como un contenido curricular esencial incluso como herramienta de emancipación. Se trataba de la enseñanza de los principios constitucionales de gobierno que serían inculcados a una población sobre la cual se declara que el 90 por ciento de sus votantes padecía de analfabetismo y que en algunas zonas estaba dominado propietarios de almas.

Además, constituía una respuesta al desafío de la inmigración, en una Nación todavía en construcción: “Mediante la instrucción cívica también se perseguía la integración de los numerosos extranjeros que ingresaban a diario en nuestro país, formando a veces verdaderas colonias que representaban una especie de Estado dentro del propio Estado”, dice el especialista Hugo Biagini.

Los delegados fueron convocados para discutir sobre el estado de la educación, los medios para impulsar su progreso, el influjo de los poderes públicos en su desarrollo y el estudio de una legislación educativa.

Se votó casi enseguida por excluir de la agenda el tema más polémico: la enseñanza de la religión en la escuela. Pero cuando pocos días después la cuestión volvió a surgir, un grupo de congresales católicos se retiró del Congreso.

Las conclusiones del Congreso apuntaron a la importancia de una enseñanza enteramente gratuita en las escuelas comunes, la necesidad de establecer contenidos mínimos para la instrucción de los niños entre seis y catorce años y por la administración propia de los recursos económicos de cada escuela. También la necesidad de fomentar la educación rural mediante la creación de suficiente cantidad de escuelas.

También se mencionaba la necesidad de contar con un número suficiente de escuelas normales para la formación de los maestros, a los que además se debía acordar “una remuneración equitativa y pagada con puntualidad” y a los que la ley debía asegurar “contra destituciones arbitrarias”. Otro principio con resonancias presentes.

El Congreso fue una de las etapas del proceso de gestación de nuestro sistema educativo nacional. Sus resoluciones pueden ser consideradas un antecedente de la Ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria que se promulgó dos años después.

Escenario

Al momento de la sanción de la ley, el porcentaje de personas alfabetizadas en Argentina era muy bajo.

Sabía leer y escribir menos de uno de cada cinco habitantes. Un cuarto de siglo más tarde, al conmemorarse el Centenario, ya dos de cada tres sabían leer y escribir y en los menores de diez años la escolarización estaba llegando al 90 por ciento.

De la Redacción AIM.