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Diputados rechazaron el juicio político a Pañeda

Tal como adelantó AIM, en la tercera sesión ordinaria del 133 periodo legislativo, la Cámara de Diputados provincial rechazó el pedido de juicio político a la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonor Pañeda. El diputado Martín Uranga (FPV, Paraná) sostuvo que la denuncia implica “una confusión conceptual” y expresa que “no es la Junta Electoral de Entre Ríos sino la Cámara Nacional la que tuvo tiempo más que suficiente para manifestarse”. El FAP-GEN y el FEF también se opusieron a la acusación, ya que existe “una incongruencia” entre el planteo del prevaricato y la presentación de la prueba ofrecida por el Frente Cívico y Social, señaló el legislador Diego Lara (FEF, María Grande).
En la sesión, los bloques del FEF, FAP-GEN y FPV rechazaron el pedido de juicio político de Pañeda. El diputado oficialista, Martín Uranga, manifestó que en la denuncia, “se percibe una confusión conceptual”.

“Hay requisitos de admisibilidad que no están cumplidos en la denuncia”, dijo el legislador y recordó: “esto comienza cuando el Frente Progresista Cívico Social solicitó, pasadas las elecciones primarias, adherir a otras dos candidaturas”. En ese sentido, “la Junta Electoral de Entre Ríos no hace lugar a lo apelado Frente”. En ese sentido,” la Cámara nacional resuelve revocar parcialmente esa resolución y autoriza el pegado con el ex candidato presidencial Hermes Binner y no con Elisa Carrió”.

Esto ocurre el 12 de octubre de 2011 y se confecciona el acta acuerdo 134 donde todos los apoderados de partidos o alianzas están noticiados y, en ese marco, se informa del fallo como es debido de la Cámara Nacional.

En ese marco, se establece acatarse a lo que resuelve la Cámara Electoral respecto a los recursos, si los concibe o no. Así este órgano los debe remitir a la Junta Local en un plazo de 48 horas; el 13 de octubre a las 19 la Cámara tenía el expediente para resolver si concedía o no estos dos recursos extraordinarios. Sin embargo, “recién lo resolvió el 25 de ese mismo mes, dos días después de las elecciones, cuando en realidad, lo tenía desde el 14”.
Por ello, “es la Cámara Nacional Electoral, y no la Junta, la que actuó con una morosidad llamativa e inexplicable, ya que recién lo resolvió el 25 teniéndolo más de 10 días antes”.

“Ese mismo día, sacaron cuatro fallos y ya no había más oportunidad, porque las boletas estaban oficializadas. No es la Junta Electoral de Entre Ríos, sino la Cámara la que tuvo tiempo más que suficiente para manifestarse”, ratificó Uranga.

“Si hubiera cumplido como era legalmente exigible, la Junta habría estado en condiciones de dar el cumplimiento que autorizaba al Frente Cívico y Social a adherir a Binner; como no podía ser de otra manera, hubiese sido oficializada en consecuencia a la adhesión”. De ese modo, “es caprichoso descontextualizar el conflicto”, sentenció en la sesión a la que asistió AIM.

“Son criterios y cuestiones opinables; lo único que realiza la Junta es no hacer lugar, ya que lo considera como improcedente; ese acta 134 jamás fue impugnado por ninguna fuerza política; en ese sentido, quedó firme y no hubo disconformidad”. Luego, en el acta 135, se procede de manera legal y jurisprudencialmente sustentado por el Código Procesal Civil de la nación. “Gómez y Pañeda jamás se manifestaron en contra ni discutieron sino que se supeditaron al pronunciamiento de la Cámara Nacional, que es el órgano que otorga la decisión”.

“Es la cámara la morosa”, sentenció y añadió: “la mora en la resolución de la concesión fue en lo que definitiva desembocó en que su propio fallo no sea operativo y el Frente Progresista no pudiera oficializar la boleta; no estamos ante una supuesta desobediencia de fallo; no se advierte que el acta 135 se haya desobedecido”.

Además, “llama la atención que dos días después de las elecciones el presidente de la Cámara tomara licencia”. En tanto, aclaró que “es falso” que Gómez y Pañeda hayan sido sancionados por ese cuerpo: “llamar la atención no es sanción, por ende no es apelable”.

“Tal como nos faculta la Constitución a la comisión de Juicio Político y Asuntos Constitucionales como área investigadora, deben rechazarse los pedidos y archivarse sin mas trámites”, remarcó.

Por su parte, el diputado Diego Lara del FEF expresó en sesión que analizaron los dos expedientes de solicitud de juicio político a Pañeda. El primero “fue generado por una promoción de juicio por las autoridades de la UCR y el segundo iniciado por los representantes de otro partido político. Luego, recordó que la Cámara “en la gestión anterior ya se expidió acerca de una presentación y sostuvo el rechazo, ya que no se puede juzgar a una misma persona por un mismo hecho”.
 
“Es necesario destacar una cuestión que es imprescindible para el análisis y que tiene que ver con el objeto de la acusación”, dijo y explicó que la denuncia del delito de prevaricato no es otra que la imputación a la presidenta de STJ Pañeda, donde el Código Penal argentino sanciona a un funcionario judicial cuando dicta resoluciones o sentencias contrarias a la ley o fundamentada en hechos falsos.

“Lo primero que me parece importante es cuestionar la incongruencia que existe en el desarrollo de la presentación que se ve manifiesta, en primer lugar, cuando vemos el objeto de la acusación  de prevaricato y lo comparamos con la prueba ofrecida”.

“Se expiden declaraciones testimoniales que no son parte en la presentación que hace el radicalismo y no son siquiera algunos pertenecientes a la fuerza política ni tienen que ver con la prueba informativa que se hace al Registro de la Verdad o al Ejecutivo”, añadió.

“Esas pruebas ofrecidas no tienen que ver con la solicitud de juicio y apuntaría a imputar a la conducta de una magistrada en tiempos anteriores al ejercicio actual”. En ese sentido, “no puede ser objeto de análisis de causa de juicio político estos tipos de cuestionamientos que son de antes a la designación, porque eso ya fue evaluado oportunamente por el Senado, que hizo una evaluación de los méritos y pliegos de quienes fueran propuestos”.

Por ello, “lo que se debió hacer es formalizar la denuncia penal a la Justicia, abrir la investigación y que sea el juez en materia penal el que aplique los principios y, si encuentra méritos para procesarla, solicite a la Legislatura el pedido de juicio político; eso hubiese sido lo más oportuno”. Asimismo, “se trata de cuestiones opinables, no hay nada que determine el delito de prevaricato”, remarcó.

Por su parte, la legisladora por el FEF, Rosario Romero, sostuvo que “estamos dentro de un plazo brevísimo de 30 días  que prevé la Constitución  para resolver dentro de una comisión investigadora si se acusa o no” y “fue el radicalismo el que pidió traerlo al recinto; así que como yo no falto el respeto también exijo que nos no lo falten”.

“No queremos apañar ni convalidar el delito a prevaricato, porque tenemos la convicción de que no se violó ninguna norma legal; además estamos dentro de una materia opinable y de interpretación; me asombra la vehemencia con la que se la destrata a Pañeda diciendo que actuamos como abogados defensores”, sentenció.

Postura del FAP-GEN
La diputada Emma Bargagna indicó: “nuestro bloque está de acuerdo en que el pedido debe archivarse, pero la consideración que queremos hacer es en relación a la imputación del ejercicio de la conducta de la funcionaria, que constituye una valoración política”.

“Ese proceso de elecciones es un todo paso a paso vinculado a derechos constitucionales: de libertad de sufragio, de no manipulación, de no confusión del electorado, entre otros. Por eso, debe ser un proceso lógico en cada una de sus etapas”, aclaró.

Los denunciantes piden comisión
El presidente del bloque radical en Diputados, Agustín Federik, subrayó: “no vamos a ser ajenos a que el día de mañana nos puede perjudicar cuando haya un fallo similar de la Cámara Nacional que ordene una cosa y a alguna magistrada se le ocurra dejar sin efecto”.
 
“Entendemos que es importante que este pedido de juicio político vuelva a comisión y que se provean las pruebas que, si bien no son muchas (cuatro actas, tres sentencias con copias certificadas), en seis o siete días lo podemos resolver y estar con la documentación en orden”.

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