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Usura/ Sumisión y dependencia

El reciente documento de rectores y vicerrectores de universidades nacionales avalando la vergonzosa política oficial del pago a los buitres de todos los calibres, por algo que no corresponde y en nombre de la soberanía nacional, merece un debate profundo y amplio, ya que el tema condiciona de manera sustantiva la marcha de las finanzas públicas, de la economía en general y de toda la sociedad argentina.

Es necesario  debatir para desmitificar el relato fantástico de una supuesta actitud soberana que consiste en pagar a rajatablas una deuda que sin aval jurídico tiene como único fundamento la exigencia de los buitres de adentro y de afuera.

Es necesario debatir para desmitificar el relato fantástico de una supuesta actitud soberana que consiste en pagar a rajatablas una deuda que sin aval jurídico tiene como único fundamento la exigencia de los buitres de adentro y de afuera.

Es necesario ese debate para desmitificar el relato fantástico de una supuesta actitud soberana que consiste en pagar a rajatablas una deuda que sin aval jurídico tiene como único fundamento la exigencia de los buitres de adentro y de afuera, y de hacerlo a costa del esfuerzo de todo el pueblo y de renunciar a nuestro futuro.

No se puede ignorar el origen de la deuda pública de la Argentina, que se constituyó en uno de los mayores obstáculos de los gobiernos democráticos desde el fin de la última dictadura cívico-militar, que dejó una herencia que fue aceptada sumisamente por los distintos gobiernos posteriores que la intentaron legitimar, omitiendo considerar su carácter fraudulento y odioso (si nos atenemos al marco jurídico existente).

Que es una deuda odiosa es evidente por el hecho de haber sido asumida por un gobierno dictatorial, por no beneficiar al pueblo (que igual la vino pagando y hoy pretenden que la siga pagando) y porque ambas circunstancias eran de conocimiento de los prestamistas, motivo por cual debía repudiarse. Pero además, no es una deuda sino un fraude, lo que quedó demostrado judicialmente, a partir de la denuncia realizada por Alejandro Olmos y de la sentencia del juez Ballesteros en el año 2000.

¿Qué hicieron los gobiernos “soberanos” con esa deuda odiosa y fraudulenta, que a fines de 1983 llegaba a 43 mil millones de dólares y que no correspondía pagar? Han pagado desde entonces y hasta el momento una suma de 400 mil millones de dólares, y aún deberíamos pagar mucho más (por ahora hasta la década del 70 del presente siglo).

Queda claro que esa deuda fraudulenta e inexistente ha servido para saquear nuestras riquezas, pero también para condicionar las políticas públicas en pro de un modelo neocolonial extractivista que tiene como objetivo central depredar nuestros bienes comunes, exportarlos y procurar las divisas necesarias para seguir pagando por toda la eternidad, y a pesar de ello nunca llegar a saldar la supuesta deuda.

En lugar de profundizar el extractivismo depredador para conseguir divisas y pagar indefinidamente el fraude eterno, ¿no deberíamos cortar de una vez por todas con la política de entrega de nuestras riquezas y de subordinación de nuestra sociedad a la estrategia colonialista de los países centrales?

¿Qué tiene de soberano ser pagadores seriales del tributo al imperio, por una deuda fraudulenta, ilícita e inexistente, que ya la pagamos varias veces, que la seguimos pagando y que cada vez debemos más?
Desde fines del año 2002 hasta la actualidad la Argentina se ha venido beneficiando por un panorama internacional ampliamente favorable desde dos perspectivas.

Por un lado, los precios de los productos exportables se han mantenido durante un período prolongado a los niveles más elevados de la historia, lo que ha permitido al país recibir ingresos fabulosos en divisas como jamás los tuvo un gobierno anterior, y al Estado nacional recaudar a niveles nunca vistos anteriormente.

Por otro lado, mientras en décadas anteriores la tasa de interés en el mercado mundial se mantuvo a niveles muy elevados (llegando a rozar casi el 20% anual en dólares en la década del 80 del siglo pasado), en la última década los intereses han bajado casi a cero en las principales plazas de los países capitalistas centrales.

¿Aprovechamos esa situación para crear las condiciones favorables a un cambio estructural que nos permita mejorar sustancialmente las condiciones de vida de todos, y hacerlo de manera sustentable pensando también en las futuras generaciones?

Todo lo contrario. Hemos desaprovechado esa oportunidad histórica.
En el año 2001, cuando se declaró la imposibilidad de afrontar la deuda, debíamos 145 mil millones de dólares. Del 2003 a la actualidad fuimos pagadores seriales, ya que el gobierno nacional pagó 190 mil millones de dólares convirtiéndose en el gobierno que más deuda fraudulenta ha pagado desde el retorno a la democracia.

Y ahora debemos más de 220 mil millones de dólares, sin computar intereses a pagar por otros 72 mil millones de dólares. A eso se suma el haber permitido en ese período una fuga de capitales por 90 mil millones de dólares y habiéndose remitido ganancias al exterior por más de 22 mil millones de dólares.

¿Cuál ha sido la política oficial respecto de la deuda? Tratar de cumplir con todos los requerimientos de la usura internacional, para poder volver a tomar deuda libremente en el exterior, ya que desde el año 2002 no hemos podido emitir nueva deuda. Quieren multiplicar la deuda en el mercado externo, aun sabiendo la imposibilidad de pago de todas esas obligaciones fraudulentas, y lo hacen renunciando expresamente a la soberanía judicial argentina, aceptando legislación y tribunales extranjeros, en abierta violación a la Constitución Nacional.

¿Quiénes apoyan esta forma colonizada de sumisión a la usura internacional? Todo el arco del establisment económico y político (oficialismo y oposición), además del oligopolio mediático a su servicio. Prefieren someterse al poder económico antes que defender los legítimos intereses nacionales.

La supuesta pelea entre economistas del establisment y entre los políticos “serios” del oficialismo y la oposición no contempla respetar el marco jurídico y constitucional, ni mucho menos investigar la supuesta deuda, y ni por asomo cuestionar su carácter odioso y fraudulento.

Se pelean para mostrar quién defiende mejor los intereses del poder, aunque procuren ocultar esa sumisión con palabras y gestos de defensa de la soberanía y de los intereses populares. Han transformado la estrategia de los usureros internacionales en política de estado que no se discute.

Intentan demostrar lo indemostrable, afirmando que la reclamada ilegitimidad de la deuda por parte de muchas organizaciones sociales debió plantearse al inicio del retorno a la democracia, y que ya no puede hacerse. Deben saber que la ilegitimidad de origen no puede ser legitimada por los canjes posteriores. Esa deuda es nula porque constituye una estafa.

¿Qué caminos alternativos tenemos?
Hacer más de lo mismo no es una alternativa. Es asegurarnos los mismos o peores resultados, profundizando la dependencia, prolongando la agonía, renunciando al futuro.

Se debe cumplir con la ley, con la Constitución y con los intereses soberanos de la nación argentina. Interrumpir el pago de la deuda e investigar el origen y la legitimidad de la misma, y luego pagar sólo lo que corresponde y en función de las posibilidades concretas, sin afectar el bienestar de los sectores populares.

Desconocer la facultad de los tribunales extranjeros, recuperando la soberanía nacional. Impulsar un cambio profundo del actual modelo de producción-destrucción para comenzar a transitar por un camino alternativo, humano y sustentable, que nos permita mejorar las condiciones de vida en el presente y soñar con un futuro mejor para todos.
Por Luis Lafferriere. Profesor titular de Economía. Director Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, de la carrera de Comunicación Social – Fac. Cs. De la Educación – Uner. Miembro de la Junta Abya Yala por los pueblos libres.

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