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Política y negocios/ Barreiro procesado

Ricardo Barreiro, el empresario santacruceño y ex jardinero de la residencia presidencial de El Calafate, tenía un contrato con el gobierno provincial y era, al mismo tiempo, proveedor del Estado. La Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná confirmó su procesamiento por el delito de falsificación ideológica de documento público; y también se avaló la investigación sobre si incurrió o no en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
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El empresario multi-rubro y ex jardinero de la residencia presidencial de El Calafate está acusado de haber insertado datos falsos en una declaración jurada, por no haber declarado, cuando se inscribió como proveedor del Estado, que tenía un cargo en el ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia, como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos.

Los jueces José María Chemez, Miguel Ángel Giorgio y Elvio Garzón rechazaron la apelación promovida por la defensa del jardinero contra el procesamiento dictado por el juez Humberto Franchi. En principio, consideraron que “no se advierten (…) los vicios de falta de fundamentación o la arbitrariedad”, pero luego señalaron que “el argumento defensivo de que Barreiro desconocía que era funcionario público de la provincia de Entre Ríos es insostenible a la luz de la lógica y la experiencia”.

En su indagatoria, Barreiro negó haber sido contratado como asesor cultural de la provincia y, a pesar de que su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial, sus defensores, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, aseguraron que el jardinero nunca fue notificado de la designación.

Para los jueces, sin embargo, “Barreiro sabía de la propuesta para ser designado formalmente (como) funcionario público ad honorem y la aceptó”, según expusieron en su fallo del 10 de noviembre pasado al que accedió Página Judicial.

Barreiro figura en los registros oficiales como funcionario del Ceicer desde el 15 de agosto de 2012. Fue designado a través del Decreto Número 2.693 firmado por el gobernador Sergio Urribarri y el ministro de Cultura, Pedro Báez.

A la vez, tanto él como su empresa RP Transportes SA figuran en el Registro de Proveedores de la provincia desde el 15 de octubre, es decir, dos meses después de su designación. En ese trámite es que presentó una declaración jurada donde aseguró que ninguno de los integrantes de la firma se desempeñaba como funcionario o empleado de la administración pública. Y la empresa fue contratada para trasladar estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta el complejo de Tecnópolis. Por esos viajes cobró 220.000 pesos.

Con esos elementos, el abogado penalista Guillermo Mulet lo denunció penalmente en agosto de 2012. “Prueba irrefutable a los efectos de reforzar aún más el convencimiento de que Barreiro no desconocía que había sido funcionario por Decreto Número 2.693 es el hecho de que él reconoce que tomó conocimiento de la licitación del ministerio de Turismo para el alquiler de unidades para el transporte de alumnos a Tecnópolis ‘en ese transcurrir de ida y vuelta’ a la provincia; llamado a licitación pública que fue publicado en el Boletín Oficial de fecha 26 de septiembre de 2012, en la página 21, casualmente el mismo día que se publicó el decreto de su designación en la página 5”, consignaron los jueces en su fallo. “Es ilógico pensar que el funcionario-empresario se haya enterado de la licitación pública, pero nadie le haya avisado que el gobernador lo había designado por decreto (como) coordinador de Relaciones Institucionales del Ceicer”, agregaron.

El tribunal también hizo hincapié en que “la falsedad insertada en el instrumento público poseía capacidad para perjudicar los intereses de un tercero, y efectivamente tal perjuicio se consumó y quedó demostrado desde el momento en que Barreiro ganó una licitación pública respecto a la cual tenía legalmente vedado presentarse por ser funcionario”.

Por eso el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull también deberá investigar si Barreiro no incurrió, además, en negociaciones incompatibles con la función pública, por su doble rol de funcionario y proveedor del Estado.
Fuente: Análisis Digital

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