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Mil millones de sobrantes

“Si fuesen presos, la comunidad internacional estaría escandalizada por la vulneración de sus derechos humanos más fundamentales”. Leilani Farha, relatora de la ONU para la Vivienda, ha sacado esta conclusión después de visitar cientos de suburbios, slums, favelas, barrios chabolistas o como se les quiera llamar a los asentamientos informales en los que viven casi mil millones de personas en el mundo.

 

No son reclusos, pero a menudo cuentan con menos comodidades que ellos, como acceso al agua, electricidad o un váter donde hacer sus necesidades.

No son reclusos, pero a menudo cuentan con menos comodidades que ellos, como acceso al agua, electricidad o un váter donde hacer sus necesidades.

No son reclusos, pero a menudo cuentan con menos comodidades que ellos, como acceso al agua, electricidad o un váter donde hacer sus necesidades. Por no tener, carecen hasta de la atención de los Estados.

Es un problema crucial en los países en desarrollo (aunque no solo en ellos), donde los asentamientos informales se extienden alrededor de las metrópolis formando verdaderas ciudades de cientos de miles de habitantes, desordenadas, caóticas, sin lo que entendemos por calles —con aceras, iluminación o alcantarillado—. Abundan las (infra)viviendas con paredes que, en el mejor de los casos, están hechas de ladrillo por sus propios moradores, pero que frecuentemente se presentan en madera, caña o lonas encumbradas por tejados de zinc. Son hogares que a menudo no existen, ya que carecen de títulos de propiedad y sus dueños viven en la incertidumbre de poder ser desalojados en cualquier momento.

Y el problema es creciente. Hace 20 años, cuando se celebró la segunda gran conferencia mundial de ciudades auspiciada por la ONU (Habitat II), alrededor de 750 millones de personas vivían en estas condiciones. Hoy, mientras se debate el planeamiento del urbanismo mundial en Quito dentro de Habitat III, son casi 1.000 millones. Las cifras encierran alguna aparente paradoja, porque entre los años 2000 y 2014, 320 millones salieron de estos asentamientos, un número insuficiente para reducir una cifra global alimentada por el aumento de la población mundial y las crecientes migraciones, tanto del ámbito rural al urbano, como entre países. Pero la paradoja de los números continúa, porque los habitantes del planeta se han incrementado tanto que, en términos relativos, los moradores de estas viviendas han decrecido ligeramente, hasta situarse por debajo del 15% de todos los seres humanos.

La Nueva Agenda Urbana, que se aprobará el próximo jueves, hace 18 menciones a los asentamientos informales; siempre con las mismas ideas de fondo: “No dejarlos atrás”, “dignificar sus condiciones de vida”, “mejorar sus viviendas”, “prevenir su crecimiento”. Más allá de las buenas palabras, ¿cómo se consigue dar la vuelta a una situación tan complicada y endémica? Es una de las grandes preguntas de Habitat III. Y la respuesta no es sencilla ni única.

Shivani Chaudhry, directora ejecutiva de la Red de Derechos a Vivienda y Suelo (Hlrn, por sus siglas en inglés) hizo en la jornada del martes un conciso repaso a varias cuestiones que deberían ser abordadas para solucionar tamaño problema. Primero, cambiar la retórica; dejar de hablar de ilegales para tratarlos, también semánticamente, como seres humanos. Segundo, atender a las causas estructurales: ¿por qué la gente vive en esas condiciones? En buena medida, según Chaudhry, por la desatención al ámbito rural y la falta de una auténtica reforma agraria que dignifique la vida de los campesinos y nos les obligue, al menos por sistema, a migrar a las ciudades. “Además, los Estados, con excepciones, están invirtiendo cada vez menos en vivienda social”, se quejaba. Tercero, abordar el problema de la distribución y la propiedad de la tierra. “El suelo público no pertenece a los Gobiernos, sino a la gente, las leyes deben garantizar que no se generen beneficios privados de la tierra, sino que vayan a la población”, reclamó. Cuarto, evitar los desahucios y los desplazamientos. La tendencia de diseñar ciudades sin slums no puede pasar, en su opinión, por demolerlos o echar a sus habitantes, ya que esto equivale a desposeer a la gente de su derecho al suelo. Quinto, controlar la especulación. “Un mercado desregulado es lo que está provocando que la mayoría de la gente no tenga acceso a la vivienda por su precio desorbitado. Debemos reconocer la vivienda como derecho humano y para eso necesitamos que las leyes nacionales lo garanticen”, concluía.

Entre los años 2000 y 2014, 320 millones salieron de los asentamientos informales, un número insuficiente para reducir una cifra global alimentada por el aumento de la población mundial y las crecientes migraciones

La mayoría de estas ideas, y algunas otras que aportó al debate, están ya recogidas de alguna forma en dos documentos que han servido como base para hacer aportaciones a la Nueva Agenda Urbana. El más antiguo es Convertir a los slums en historia: un reto mundial para 2020, el resultado de la Conferencia Internacional de Rabat de 2012, que abogaba por un acercamiento global al problema  donde las instituciones de todos los niveles se coordinasen para abordarlo. También mencionaba algo que también se plasmó en la Declaración de Pretoria, el más inmediato antecedente para Habitat III en materia de asentamientos informales. Se trata de facilitar acceso al mercado financiero a los habitantes de los slums, préstamos asequibles para que puedan mejorar sus condiciones de vida.

Otra solución que está en boca de la mayoría de los expertos que han pasado por los paneles relacionados con los asentamientos informales es dar protagonismo a sus residentes. Una de las cosas que más llaman la atención a la relatora de la ONU en asuntos de vivienda en los poblados marginales es la sensación de abandono que sufren sus habitantes: “No contemplan su situación como una vulneración del derecho a la vivienda, sino que concierne a su derecho a la vida. Me hablan de que son invisibles, sienten que no tiene un lugar en la ciudad. Me han llegado a preguntar si son humanos”.

Es algo parecido a lo que describe Óscar Zapata, líder de la comunidad del Faro, en Medellín (Colombia): “No somos reconocidos, carecemos de servicios básicos, de escuelas, de espacios, de oportunidades. No tenemos una plena certeza de que podemos permanecer en estos lugares por largo tiempo. Nos pueden desplazar”.

La falta de estos derechos desvinculan al ciudadano de su propio espacio, al que no siente como propio y, por lo tanto, no lo cuida de la misma forma. Un artículo publicado recientemente en Planeta Futuro narraba cómo a solo unos 100 metros de uno de los asentamientos irregulares de Portmore (Jamaica), el Gobierno otorgó la carta que les permitía a las familias tener la seguridad sobre sus terrenos. La diferencia entre uno y otro lugar es abismal: “Esa seguridad ha permitido que las familias inviertan en construir una pequeña vivienda, hacer vías peatonales, montar pequeños negocios, pintar sus casas e invitar a sus amigos sin temor ni vergüenza”.

Escuchar a los pobladores de los slums y contar con ellos para la toma de decisiones se ha mostrado fundamental en los procesos de rehabilitación y mejora de estos espacios. El secretario de Desarrollo Urbano de Ciudad de México, Felipe de Jesús, explica cómo, en el programa de mejoramiento barrial que ha impulsado la urbe, la participación ciudadana es uno de sus ejes cruciales. “Trabajamos directamente con la comunidad, acordamos con ella qué se debe hacer y cómo, creamos un comité mixto para la ejecución de las tareas formado por vecinos y técnicos que da un seguimiento a todo lo que se realiza”, relata. Aunque con mucho por hacer, De Jesús puso el ejemplo de un buen número de mejoras realizadas con este sistema: rescate de sitios para que las comunidades se reúnan, generación de espacios deportivos, recuperación de vialidades que han sido ocupadas por vehículos, restauración de la imagen urbana, mayor seguridad, equipamientos en espacios remanentes que no eran aprovechados… “Esto ha generado un ambiente de confianza. Es un método que permite contrarrestar condiciones de marginalidad y combatir la segregación, integrando a la ciudad reconociendo sus peculiaridades socioculturales”, concluye.

Más allá de las buenas palabras, ¿cómo se consigue dar la vuelta a una situación tan complicada y endémica? Es una de las grandes preguntas de Habitat III

Pero la participación no es suficiente. Hace falta destinar recursos y que los municipios se impliquen en la dotación de servicios, según relata Michael G. Donovan, especialista de Vivienda y Desarrollo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Tiene que haber un enfoque interdisciplinar, con varios técnicos que, según el caso, aborden no solo los problemas de vivienda, sino de energía, alcantarillado, infraestructura, iluminación…”, explica. Estos son precisamente algunos de los medidores que usa el BID para evaluar los proyectos en los que invierte dentro de los asentamientos informales. Otro, muy importante, es el transporte y la conexión de la ciudad. Para que los slums dejen de ser zonas marginales tienen que poder acceder al centro, lo que también genera posibilidades de trabajo y ayuda a sus habitantes a salir de la pobreza. Un ejemplo de éxito en este sentido, al parecer de Donovan, es el teleférico de Medellín, que conectó algunos de los barrios más deprimidos de la ciudad.

A todos los retos a los que se enfrentan y han enfrentado tradicionalmente los asentamientos informales, ahora se suma la amenaza del cambio climático. Las zonas que corren más peligro por inundaciones y crecidas del mar suelen ser a menudo las que ya eran de por sí más vulnerables. En Habitat II el calentamiento global prácticamente no se tuvo en cuenta. En Quito, sin embargo, ocupa un papel protagonista en las conversaciones. Corredores verdes que absorban el agua alrededor de los slums o viviendas elevadas son algunas de las soluciones que se plantean en estas zonas.

Lo que está muy claro es que la situación tiene que cambiar. “Es imposible pensar que los próximos 20 años pueden ser como los últimos 20, porque es insostenible”, argumenta Farha. En dos décadas, cada vez más personas ingresaron en los núcleos informales de viviendas en lo que ella define como “un constante asalto a la dignidad humana”. La Nueva Agenda Urbana tiene el objetivo de que, dondequiera que tenga lugar la próxima gran conferencia de ciudades dentro de otras dos, se hable de lo que se avanzó, y no de más retrocesos. Los 193 Estados de la ONU la firmarán con ese objetivo, pero han rechazado que sus metas sean vinculantes. ¿Se cumplirán sus buenas intenciones?

Fuente: diario El País, España

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