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Fuerte malestar ante retrógrado proyecto que busca obstaculizar el aborto no punible

La diputada María Alejandra Viola (Cambiemos) presentó un proyecto de Ley por el que obstaculizará el aborto a personas abusadas.  Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito advirtieron a AIM que la iniciativa es inconstitucional y atenta contra los derechos humanos de las mujeres. 

El mural reclama "aborto legal, seguro y gratuito’ ,

El mural reclama “aborto legal, seguro y gratuito’ . Foto: Archivo.

En Entre Ríos la influencia de la religión se filtra por todos y cada uno de los recovecos del Estado. No sólo el Ejecutivo que encabeza Gustavo Bordet viola los derechos humanos de las mujeres al tener un protocolo que restringe el acceso al aborto no punible —como lo denunció la Campaña por le Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas (ONU)— sino que ahora es una diputada radical quien lleva adelante una nueva cruzada religiosa contra las mujeres abusadas.  Es que Viola considera que la interrupción voluntaria de la gestación de un feto es “un asesinato”, por lo que criminaliza el aborto no punible y, en ese marco, pretende crear un “centro de atención y integral a la mujer embarazada como consecuencia del delito de abuso sexual con acceso carnal tendiente a evitar el aborto”.

La propuesta de la legisladora fue fuertemente rechazada por integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ya que los fundamentos “son una cabal muestra del patriarcado mas rancio anclado en el alma de los y las legisladoras, quienes mienten, descalifican, fabulan, ignoran evidencia científica y mas, reducen a la mujer a un ser sin voz, sin derechos, sin autonomía, por lo tanto otros deciden por ella como por ejemplo este ‘Centro Integral’”.

“Produce enorme preocupación e  indignación que legisladores y legisladoras provinciales estén proponiendo el tratamiento de un proyecto que catapulta retrospectivamente y nuevamente a Entre Ríos a la edad de piedra”, dijo a esta Agencia Carolina Comaleras, licenciada en Obstetricia, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

“En lugar de ocuparse de la salud de las mujeres y del cumplimiento de las Leyes vigentes y  demandar por ejemplo, desde sus bancas que se desestime el  Protocolo de Acceso al Aborto en Entre Ríos absolutamente restricitivo de derechos y exigir  la adhesión de la provincia al  Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, en lugar de eso, decía, se sientan a escribir un tratado de violaciones a los derechos humanos basándose en concepciones arcaicas, desestimadas por la evidencia científica, insostenibles en cualquier persona con el mínimo sentido común”, indicó la profesional.

Sobre el texto, Comaleras indicó la inconsistencia del artículo 3 —que enuncia que las mujeres embarazadas como consecuencia del delito de abuso sexual con acceso carnal podrán acudir al Centro  a fin de ser atendidas por el equipo interdisciplinario, el que las evaluará en forma integral y emitirá un dictamen que determinará las necesidades de la mujer, con el fin primordial de evitar la interrupción del embarazo—: “¿El fin primordial para quién? Si llegara a ser real y genuino que una mujer decidiera continuar por propia decisión con el embarazo, no necesita ningún Centro integral ni partidas presupuestarias destinadas a ese fin, ya que buscará a un profesional que la acompañe incluyendo, si así lo requiere la víctima, el acompañamiento psicológico”.

En ese sentido se preguntó: “Y si la victima embarazada decide que quiere interrumpir, ¿Cuál es la propuesta del Centro Integral? Convencer a la victima, prometer beneficios a su familia?”.

“Tratar de convencer a una niña o mujer a llevar a término un embarazo, ser ‘madre’ y criar a un bebé no sólo no planificado ni deseado sino que además encarna el rostro de su violador, debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, remarcó.

Además, advirtió que la función del supuesto Director Administrativo  es “un Perogrullo que se les ofrece como solución que ellas tengan los bebés y luego los entreguen en adopción a familias ‘bien constituidas’ que les darán un buen nivel de vida y es misoginia en su máxima expresión, ya que pone en evidencia que se intenta naturalizar el estereotipo de mujer objeto-incubadora amparándose en el rol de la mujer como reproductora fundamentalmente”.

En ese marco, se preguntó: “¿Qué atención ‘integral’ se le puede brindar a una mujer violada y embarazada sino se le ofrece la alternativa de interrumpir ese embarazo que es la prueba corporal más fuerte de una violencia tremenda que la ha ultrajado en su ser mas intimo?”.

Además, indicó que el texto reconocería el daño y su trascendencia al futuro “pero no le ofrecen el aborto legal procurando ‘medios idóneos para reparar ese daño’”,

“¿Antes de sentarse a redactar este mamarracho legislativo, a cuántas mujeres violadas y embarazadas han escuchado estos funcionarios? ¿Con cuántas mujeres violadas han hablado?”, cuestionó.

“Aquí tenemos un Estado que se hace presente violando derechos y garantías constitucionales que establecen que toda mujer que ha sido víctima de una violación y producto de ello ha quedado embarazada no puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, esta permitido y no resulta punible”, fustigó la licenciada en Obstetricia.

En ese sentido, comentó que “estos representantes antiderechos mienten y desvirtuan intencionalmente el fallo de la Suprema Corte de Justicia del 13 de marzo de 2012 conocido como Caso FAL/ sobre medida autiosatisfactiva, lo cual es alarmante ya que en base a sus propias creencias acotan interpretaciones que la Corte no mencionó y ‘olvidan’ que la CSJ dejó bien en claro el derecho que les asiste a las victimas al aborto legal”.

Cabe recordar que la Convención de los Derechos del Niño y la Niña (CDN) fue ratificada por Argentina y tiene rango constitucional por lo cual genera obligaciones a los Estados partes por ejemplo: adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño/a contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual; y elaborar y ejecutar programas que proporcionen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, los contraceptivos y las prácticas abortivas sin riesgo y a cuidados y asesoramiento generales y adecuados en materia de obstetricia.

Claramente desconocen los legisladores y legisladoras la sentencia de la CSJ conocida como Caso FAL que establece que cuando el legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la práctica de un aborto, es el Estado, como garante de la administración de la salud pública, el que tiene la obligación, siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible, de poner a disposición, de quien solicita la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura. Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médico–burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama (ver al respecto, Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desarrollada en junio de 1999).

“Quienes firman y presentan este proyecto son integrantes de lo que llamamos grupos antiderechos, es decir, sujetos que priorizan sus creencias personales, morales, religiosas, culturales, etc por sobre los Derechos que tenemos todas las ciudadanas de este país que están consagrados en la Constitución Argentina, particularmente en el artículo 75  inciso 22 que incorpora tratados y convenciones que han sido signadas por  Argentina por lo cual el compromiso del país es cumplirlas”, remarcó.

En ese marco instó a “legisladores anti-derechos a preocuparse y ocuparse de implementar, concreta y efectivamente, campañas de información pública con especial énfasis dirigida a mujeres  niñas jóvenes y adultas en que les permitan conocer los derechos que las asisten si son victimas de violación, incluyendo la legalidad del aborto en condiciones rápidas y seguras, evitando todo intento de “hacerla cambiar de opinión” para que por ejemplo en adopción”.

“Preocúpense y ocúpense de exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 9501 de Educación Sexual en Entre Ríos, cajoneada por otros grupos antiderechos que con gran respaldo eclesiástico han violado el derecho a la educación integral a cientos de miles de nuestras niñas y niños. Nadie puede, en su sano juicio, desconocer que la educación impide los abusos sexuales porque lo primero que se le debería enseñar a una niña o niño es que su cuerpo es de ella ó de él y que nadie tiene derecho a tocarlo sin su consentimiento, asi sea su tío del alma, su abuelo querido, el novio de su mama o cura que le da la comunión todos los domingos. Son las pautas más elementales que un niño recibe cuando la educación sexual se hace efectiva”, resaltó.

Las partidas presupuestarias “deberían destinarse a recursos que promuevan la protección a las mujeres de todas las violencias y a crear  cargos de profesionales de la salud que respeten los derechos y la autonomía de las mujeres y dejar de una vez por todas de plasmar en políticas públicas las creencias personales desde el monóculo con el que ven el mundo”, dijo.

 

“Estamos cansadas de que todos los poderes violen los derechos de las mujeres”

Por su parte, Maria Elena Alé,  integrante de Socorristas en Red, dijo a esta Agencia que el delito de violación “es de índole privado, por lo que ese centro que se pretende crear violará el resguardo de las victimas y las estigmatizará”. En ese sentido, la activista apuntó que si el proyecto prospera “irá en contra de una Ley sancionada en 1921, que forma parte del cuerpo jurídico escrito en el Código Penal y en contra de lo que se expidió la Corte Suprema de Justicia teniendo en cuenta tratados nacionales e internacionales a los que adhirió Argentina y está obligado a cumplir”.

“Llama la atención que una legisladora esté planteando esta aberración jurídica, que escapa a todo sentido común”, apuntó y remarcó que la propuesta “es inconstitucional y viola los derechos humanos, es decir, desconoce la Constitución de la provincia de Entre Ríos que juraron cumplir, porque el artículo 20 dice que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y, entonces, ella desconoce la Carta Maga provincial”.

En ese marco, Alé remarcó que Viola “se tiene que poner a estudiar para poder cumplir con su rol; donde cumpla con las Leyes del Estado y no con la Biblia”, y adelantó que organizaciones feministas irá en contra “de este tipo de iniciativas y se generarán todos los antecedentes que tengan que ver con erradicar estas prácticas nefastas, porque en Entre Ríos estamos cansadas de que todos los poderes violan los derechos de las mujeres, mientras se siguen muriendo mujeres”.

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