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Diputados piden al Ejecutivo rendir cuentas sobre el accionar del Patronato de liberados

El asesinato de Micaela García a manos de Sebastián Wagner, un condenado por violaciones que gozaba de libertad condicional, colocó en el ojo de la tormenta el papel del Patronato de liberados, que tiene la función de controlar y hacer un seguimiento de las personas con sentencia que tienen ese tipo de beneficio. Diputados provinciales presentaron un pedido de informe que apunta a conocer la actuación del organismo y detectar posibles irregularidades o mal desempeño de funciones, supo AIM.

El femicidio de Micaela García puso al Patronato de liberados en el ojo de la tormenta.

El femicidio de Micaela García puso al Patronato de liberados en el ojo de la tormenta.

Diputados provinciales del bloque Cambiemos presentaron un pedido de informe a fines de que el poder Ejecutivo a través de los órganos correspondientes haga saber si la dirección del Patronato de liberados  lleva “un control pormenorizado sobre los condenados en libertad condicional en la provincia de Entre Ríos”.

El texto, presentado por la diputada radical Gabriela Lena y que acompañan con su firma sus pares del bloque Cambiemos, interroga al Ejecutivo sobre “cual es la estrategia o plan de la dirección del Patronato de liberados para llevar un seguimiento  y/o control sobre los condenados en libertad condicional en toda la Provincia para  evitar que los mismos vuelvan a reincidir en el delito”.

Eso fue lo que no funcionó con Sebastián Wagner, que había sido condenado a nueve años de prisión y pese a los informes del equipo de psicólogos del Servicio penitenciario, recomendando la continuidad del encierro, fue puesto bajo libertad condicional y no tuvo impedimentos para reincidir y, en este caso, terminar con la vida de su nueva víctima.

Otro de los puntos del pedido de informes se enfoca en los antecedentes curriculares y formación profesional de Gisela Paola Warner,  al momento de ser designada como directora del Patronato, “como para ser nombrada en un cargo tan importante y sensible  actualmente para la sociedad, como es el  control  de los condenados en libertad condicional”.

Además se requiere respuesta acerca si había conocimiento del que Wagner no había cumplido con su obligación de presentarse ante la dirección del Patronato de liberados. Lena sostiene que esto quedó en evidencia por las propias declaraciones del jefe del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, José Luis Mondragón, quien dijo que Sebastián Wagner “no se había presentado para firmar su obligación -de comparecer- en el Patronato de liberados'” y pide que, de confirmarse esta información, se dé cuenta de “qué medidas implementó” la dirección del Patronato y “si solicitó  la revocación” del beneficio del que gozaba el femicida.

Por último, se pregunta si el Gobierno “también es responsable del atroz crimen, teniendo en cuenta que en el propio fallo, el magistrado Carlos Rossi, recomendaba a Sebastián Wagner presentarse una vez por mes ante el Patronato de liberados, algo que  no cumplió y el funcionario responsable tampoco actuó en rigor”.

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