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La provincia deslinda responsabilidades por los efluentes industriales de Gualeguaychú

Una medida cautelar del Juez de Garantía y transición, Mario Figueroa, ordenó al municipio de Gualeguaychú rea lizar “el monitoreo permanente y diario en la salida de la planta de tratamiento del parque industrial, a los fines de evitar la salida de plomo” y “en caso que lo requiera solicitar ayuda” a la secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Desde el organismo provincial deslindaron su responsabilidad e hicieron notar su “apoyo” al municipio de Gualeguaychú “con obras, inspecciones y asesoramiento, para mejorar sus efluentes industriales”.

Preocupa la contaminación del Parque Industrial de Gualeguaychú por la gran cantidad de enfermedades en la ciudad.

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Una medida cautelar de la Justicia sobre el control de la emisión de efluentes industriales volvió a encender la mecha de la polémica  entre el Gobierno provincial y el municipio de Gualeguaychú respecto de las problemáticas ambientales.

El viernes de la semana pasada el juez de Garantías y Transición 1 de Gualeguaychú, Mario Figueroa, resolvió “disponer el monitoreo permanente y diario en la salida de la planta de tratamiento del parque industrial, a los fines de evitar la salida de plomo desde el caño madre y de que se disminuyan los límites de demanda biológica de oxígeno permitida legalmente”.

Figueroa sostuvo que el control deberá ser realizado “por la municipalidad de Gualeguaychú”, aunque también prevé “en caso que lo requiera” solicite “colaboración a la secretaría de Ambiente de la provincia”.

“En caso de constatarse dichas existencias se procederá a la clausura de las empresas que pudieran desechar tales residuos, y en el caso de no localizar dicha empresa, se clausure directamente la salida de la planta de tratamiento de efluentes líquidos del parque industrial Gualeguaychú”, determinó el magistrado.

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El comunicado difundido por el Gobierno provincial deja entrever, casi sin disimulo, la intención de remarcar que el cumplimiento de la medida y el ejercicio del poder de policía ambiental correspondería en este caso al municipio y que, en un gesto de compromiso y colaboración, la provincia “la provincia apoya al municipio de Gualeguaychú, con obras, inspecciones y asesoramiento, para mejorar sus efluentes industriales”, tal como se titula el escrito oficial.

“Tal como se informó días pasados, el gobierno provincial a través de la secretaría de Ambiente, continúa apoyando al municipio de Gualeguaychú para que éste pueda cumplir con la medida cautelar establecida judicialmente respecto a su Parque Industrial. En colaboración al municipio, la provincia realizó inspecciones y continúa con las capacitaciones y el asesoramiento técnico para mejorar el contralor ambiental, dado que la comuna es la responsable del control local.  Además, el ministerio de Planeamiento provincial lleva adelante la nueva obra de la planta de tratamiento de efluentes del parque, que se entregará en octubre de este año al municipio”, se encargan de resaltar en el texto difundido por el organismo provincial.

Sin embargo, buscando sentar posición sobre quién debe ejercer el poder de policía ambiental, resaltaron que la dirección de Asuntos jurídicos de la secretaría de Ambiente provincial dictaminó que “el municipio de Gualeguaychú cuenta con ordenanzas de adhesión a normativas tales como la Ley nacional 24.051 de residuos peligrosos y la Ley provincial 6.260″ y que “si bien la Ley 6.260 ya establecía que las municipalidades quedaban encargadas de aplicarla en sus respectivas jurisdicciones, el municipio de Gualeguaychú emitió las ordenanzas 10.434/00 y 11.728/12 y el Decreto 1.028/00, mediante los cuales la autoridad local no sólo goza de plenas facultades para proceder a aplicar sino que tiene el deber de exigir el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en la materia”.

Desde Ambiente apelaron a lo que establece la Constitución provincial respecto de las autonomías locales para aclarar que “el poder de policía primario e inmediato lo tiene el municipio en su jurisdicción, lo que significa que la autoridad local tiene las facultades para realizar todo tipo de acción vinculados a exigir, inspeccionar, controlar, pedirles requerimientos” y consideraron que “pretender que la provincia ejerza ese poder de control inmediato es de imposible cumplimiento, en primer lugar, porque no reconocería las autonomías municipales y las leyes que emanan de los consejos deliberantes locales y,  segundo, porque no podría estar en la totalidad de localidades al mismo tiempo”.

Sin embargo, admitieron “esto no significa que la provincia no tenga jurisdicción, al contrario, le compete la función de coordinar, supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas ambientales generales en todos los municipios de la Provincia, que es lo que viene haciendo”.

Aclarada la posición sobre ese punto, desde la provincia se encargaron de enrostrar que “sin perjuicio de lo anterior, en el año 2016, el organismo provincial inspeccionó más de 220 empresas en todo el territorio provincial, de las cuales 36 están radicadas en el Parque Industrial de Gualeguaychú” y que en lo que va de 2017 se realizaron “más de 15 inspecciones en Gualeguaychú” y se trabaja, además, “en el fortalecimiento de las capacidades municipales mediante asesoramiento y apoyo técnico para fortalecer la competencia primaria de fiscalización, el poder de policía en su jurisdicción y el cumplimiento de las ordenanzas ambientales municipales vigentes sobre residuos peligrosos, parámetros de volcado y contaminación ambiental”.

Por último, desde la secretaría de Ambiente provincial  advirtieron que, complementariamente al cumplimiento de la medida cautelar, “se exigirá al municipio – y acompañará  en caso que haga falta- para que obligatoriamente cada industria trate sus residuos previamente, de forma tal de asegurar el adecuado funcionamiento de la nueva planta”.

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