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Advierten sobre el inminente cierre de la dirección de Educación Rural e Islas

El Gobierno de Entre Ríos dará de baja la dirección de Educación Rural e Islas, denunció a AIM el secretario de Organización de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) por la agrupación Rojo y Negro en la Comisión Directiva Central (CDC), César Pibernus, quien afirmó que la medida “es un retroceso en materia de derechos educativos e implicará invisibilización de los sectores más vulnerables e históricamente postergados”.

Foto: ilustración.

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El docente explicó a esta Agencia que en la gestión de José Luís Panozzo se creó el área “que fue presentada como una instancia orgánica que también podría atender la problemática de la ruralidad e  islas, que no implicó empíricamente acciones, pero había generado expectativas por muchos motivos porque la provincia está vinculada a la ruralidad”.

En ese sentido, apuntó que “si bien el sistema educativo tiene una larguísima experiencia, hay que decir que la extensión de la escuela secundaria profundizó esa presencia con muchas falencias mostrando contradicciones que debe atender de forma urgente el Estado, como el tema transporte escolar, la cuestión curricular y el reconocimiento de ese derecho a aprender, que lo establece la Constitución”.

La existencia de un ámbito específico para la ruralidad “también atiende la necesidad de los trabajadores que allí se desempeñan, quienes tienen necesidades específicas, vinculadas a múltiples aspectos de su trabajo, por lo que el cierre del área genera preocupación, más allá de que la breve existencia de la dirección no generó cosas propias, porque sólo administró programas nacionales y provinciales”.

 

Violencia simbólica de parte del Estado

En un documento público al que accedió esta Agencia, se advirtió que la medida está en sintonía junto al avance de políticas neoliberales “que no respetan lo expresado en la normativa vigente a nivel nacional y provincial, pues su lógica es contraria a las necesidades e intereses de los pueblos”.

“Estamos ante un hecho de violencia simbólica de parte del Estado, ya que esta decisión es expresión del reduccionismo al que es sometida la educación cuando priman intereses de poder ante una determinada coyuntura económica”, se destacó en el texto, en el que se apuntó las autoridades, “desconocen con este accionar la justicia y la democracia pedagógica, olvidando que la mayor parte de las escuelas de Entre Ríos se encuentran en zonas rurales e islas.  “Esto contradice claramente el compromiso impostergable de asumir la tarea pedagógica como una cuestión política y una acción pública, en pos de generar la participación y la construcción de ciudadanía de todos los entrerrianos”.

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