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Prevén inhabilitaciones de hasta 10 años por prácticas monopólicas

Las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, de Comercio, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunirán este miércoles para tratar el proyecto unificado de defensa de la competencia, que el Poder Ejecutivo pidió tener antes de fin de año. El texto, al que tuvo acceso exclusivo AIM,  impone una sanción de inhabilitación para ejercer el comercio de uno a 10 años, entre otros puntos.

Prevén inhabilitaciones de hasta 10 años por prácticas monopólicas

Prevén inhabilitaciones de hasta 10 años por prácticas monopólicas

En el proyecto de ley, están prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas ilícitas, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Asimismo, el texto prevé que constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia y se presume que producen perjuicio al interés económico general, los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere:

  1. Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado;
  2. Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;
  3. Repartir, dividir, distribuir, asignar o imponer en forma horizontal zonas, porciones o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento;
  4. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones, concursos o subastas.

La iniciativa también establece como prácticas restrictivas de la competencia, las siguientes conductas:

  • Fijar en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar información con el mismo objeto o efecto;
  • Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, de cualquier forma, condiciones para  producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;
  • Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios;
  • Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste, entre otros.

El Tribunal de Defensa de la Competencia será el encargado de graduarlas multas en base al daño causado a todas las personas afectadas por la actividad prohibida; el beneficio obtenido por todas los involucrados, la intencionalidad, la duración, la participación del infractor en el mercado, entre otros.

En ese sentido, aquellos que realicen los actos prohibidos serán sancionados con una multa de hasta el 30 por ciento del volumen de negocios asociado a los productos o servicios involucrados en el acto ilícito cometido, durante el último ejercicio económico, multiplicado por el número de años de duración de dicho acto o hasta el 30 por ciento del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores.

El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá incluir la exclusión del Registro Nacional de Proveedores del Estado a los responsables por hasta ocho años. Además, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de uno a 10 años a la persona jurídica.

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