Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Expectativas por el mega DNU de Macri

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió semanas atrás el Poder Ejecutivo respecto a la desburocratización del Estado no llegó aún al Congreso. El plazo para que el Gobierno lo envíe es hasta el jueves de la próxima semana. Luego, la Bicameral de Trámite Legislativo tendrá diez días para expedirse sobre su validez o invalidez, supo AIM.

Mauricio Macri. Foto.

Mauricio Macri. Foto.

Cabe recordar que el decreto modifica 140 leyes y deroga otras 19. Si bien aún no fue enviado al Parlamento, las fuerzas políticas están expectantes al respecto. Una vez emitido, el Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para enviarlo al Congreso, donde la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo cuenta con el mismo plazo para expedirse sobre su validez o invalidez.

 

En caso que el decreto fuera enviado al filo del tiempo establecido -el jueves 25 de enero-, la comisión tendría que dictaminar antes del 8 de febrero. Pero se estima que el oficialismo logrará blindar el DNU en la bicameral, producto de que, a diferencia de lo que ocurrió hasta el pasado 10 diciembre, tendrá la mayoría en ese cuerpo.

Si bien entre macristas y radicales habrá ocho integrantes, y otros ocho serán de la oposición, se espera que la presidencia de la comisión quede en manos de Cambiemos. Y es el voto del titular de la bicameral el que desempata, por el aval o el rechazo, para definir el despacho de mayoría.

Mientras tanto continúan sin designarse los miembros del Senado, a la espera de que Gabriela Michetti vuelva de su gira por el exterior. Una vez que se oficialicen, la comisión podrá constituirse. Por la Cámara alta, el oficialismo tendrá tres lugares, el justicialismo otros tres, uno el kirchnerismo y el restante será para el interbloque Parlamentario Federal, que conduce Adolfo Rodríguez Saá.

Por su parte, Diputados ya eligió a sus representantes: Pablo Tonelli, Ezequiel Fernández Langan, Fernando Iglesias (Pro), Luis Petri, Martín Hernández (UCR); Marcos Cleri, Máximo Kirchner (FPV-PJ) y Pablo Kosiner (Justicialista).

En la Cámara baja el kirchnerismo ya presiona con la posibilidad de que la oposición se una para rechazar el mega DNU en una sesión especial. Pero para reunir la cantidad de votos necesarios – además de contar con el massismo, el Movimiento Evita, la izquierda y otros bloques-, será clave lo que defina el interbloque Argentina Federal, de 35 miembros, convertido en el nuevo aliado que Cambiemos posee en Diputados.

Según pudo saber AIM, el decreto 27 de 2018, llamado de “Desburocratización y simplificación”, es analizado por la oposición, que advierte un nuevo atropello de parte del presidente Mauricio Macri al Congreso, al eludir el debate parlamentario respecto de 19 leyes que deroga y otras 140 que modifica.

El abanico de temas que toca lo estrictamente económico, como el estratégico Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, a la letra chica de licitaciones, lavado, actividad financiera, seguridad vial, policía sanitaria y varios más, todas con idéntica mirada: la búsqueda de eliminar “regulaciones”, que son leídas por la administración de Cambiemos como “trabas burocráticas” para atraer inversiones.

Deroga 50 normas del Senasa y transfiere actividades a manos privadas, con lo cual, señaló, las empresas van a estar de los dos lados del mostrador, produciendo, vendiendo y, a la vez, controlando. Además, reveló que modifica la Ley 23.940 sobre el Registro Único de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). Cuando una empresa era sancionada pasaba a figurar en el Registro por entre 90 y 120 días. Eso actuaba como mecanismo de presión para que estas corrijan las violaciones al derecho laboral. Ese plazo se reduce a 30 días.

Otros ítems son el pase a mano de los bancos la decisión sobre embargos de cuentas sueldo, que hasta ahora estaba en manos de la justicia; se limita el derecho a huelga en el tráfico aéreo, se transfieren a la Agencia de Administración de Bienes del Estado cabezas de ganado y tierras, propiedad del Estado y las Fuerzas Armadas, entre otros.

 

Comparte este articulo