Entró en vigencia la autorización para que Bordet redireccione endeudamiento público

Con la promulgación y publicación de la Ley 10625, que reforma  la reforma a la Ley de endeudamiento por 430.387.551 millones de dólares, el gobernador Gustavo Bordet logró el permiso de la Legislatura para redireccionar obra pública a la costa del Uruguay y  destinar un 25 por ciento de los fondos para cancelación, precancelación o rescate parcial o total de la deuda pública consolidada, confirmó AIM. 

Foto: archivo.

El Gobierno dio el último paso para obtener un crédito millonario que abre las puertas a Bordet a construir un aeropuerto internacional en Concordia, realizar obras en la costa del Uruguay y destinar parte del crédito a pagar deuda.

La norma -cuestionada en su momento por diputados kirchneristas y senadores de Cambiemos- se sancionó por la presión que ejerció el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien habría acordado con el Ejecutivo entrerriano la aprobación del crédito.

Precisamente, ahora Bordet dispone de una nueva herramienta para realizar obras en un año electoral clave y contener la deuda pública en un escenario político y económico complejo.

Además, el redireccionamiento de fondos para pago de deuda, habilitó al Gobierno provincial a incluir en el proyecto de Presupuesto 2019 nuevos endeudamientos que permitirán a Bordet llegar holgado a las elecciones del año próximo.

Qué dice la Ley

La norma publicada el 16 de octubre permite al Ejecutivo “sustituir la moneda y el objeto del crédito y aplicarlo a obras de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, productiva, turística, hospitalaria, carcelaria, educativa, de saneamiento, de cultura y recreación, de fortalecimiento de fronteras y de viviendas cuyo plan de obras respetará una distribución equitativa en todo el territorio provincial, pudiendo realizar la operación de crédito público con: Organismos Multilaterales, el Estado Nacional, Entidades Financieras, mediante la emisión y colocaci6n de deuda pública, entre otros, ya sea en forma conjunta o indistinta, siempre y cuando se respeten los términos y condiciones de mercado, bajo ley y jurisdicción local o extranjera”.

En ese marco, se precisa que los fondos “serán aplicados al financiamiento de obras públicas de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, productiva, turística, hospitalaria, carcelaria, educativa, de saneamiento, de cultura y recreación, de fortalecimiento de fronteras y de viviendas, a ejecutarse en el ámbito provincial, conforme proyectos que cuenten con la autorización respectiva”.

Además, se habilita al Ejecutivo, “a disponer de hasta el 25 por ciento de las sumas autorizadas para destinarlas a la cancelación, precancelación o rescate parcial o total de la deuda pública consolidada, como así para la atención del déficit acumulado y consolidado de las Rentas Generales”.