El Día Nacional contra la Violencia Institucional se conmemora cada 8 de mayo por motivo de la Masacre de Budge. Esta efeméride refiere a un hecho ocurrido en 1987, cuando efectivos policiales mataron a tres jóvenes en la localidad de Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires. Eugenia Cozzi es investigadora, docente de la cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) e integrante de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, espacios desde donde produce conocimientos y estrategias para prevenir, detener y sancionar las prácticas abusivas por parte de las fuerzas del Estado, tal como contó a AIM.

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Cozzi explica que “violencia institucional” refiere a “prácticas sistemáticas de control policial que se extienden en el tiempo y que están focalizadas hacia grupos sociales específicos”. Es un tipo de violencia que comprende “diferentes prácticas, que van desde las detenciones y allanamientos ilegales, hasta las desapariciones forzadas y las torturas”.

La investigadora cuenta además que una característica clave de estas formas de actuar es la negación de su existencia por parte del Estado: “No se produce información oficial sobre estas prácticas. En consecuencia, no se implementan medidas adecuadas para su detección, prevención y sanción”, dice. Asimismo, observa que “vivimos en un contexto de habilitación y legitimación de la violencia institucional, dado que es asumida como política de Estado, pero que además existe un fuerte consenso social que las avala”.

Por eso, desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional “se promueve la organización de los familiares y de las víctimas, a la vez que se intenta problematizar y discutir las versiones oficiales sobre lo que sucede”. Sin embargo, Cozzi sabe que “es un arduo trabajo el lograr que se reconozcan a las víctimas como tales, y aún más difícil es conseguir que se apliquen las sanciones adecuadas” para quienes abusan de su poder.

“Utilizamos las redes sociales para difundir contenido sobre estas prácticas y discutir las políticas de seguridad. Además, producimos conocimiento sobre la historia de las personas que sufren violencia institucional, porque suelen ser muy diferentes a los relatos de los medios de comunicación y los de la propia policía”, explica.

La Multisectorial contra la Violencia Institucional está conformada tanto por familiares de víctimas como por diferentes organizaciones de Rosario (sociales, sindicales, académicas, de derechos humanos). En 2017 publicaron, en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), un informe titulado Sobrecriminalizados y desprotegidos.