A 10 años de la sanción de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, especialistas de distintos ámbitos participarán este lunes, de una Mesa de Trabajo en la Cámara de Diputados, que tiene como objetivo evaluar todos los aspectos de la norma, así como las modificaciones posteriores, informaron a AIM fuentes parlamentarias. Cabe destacar que este flagelo sigue siendo una problemática en el país. Según cifras oficiales, durante 2017, hubo un total de 2010 denuncias al respecto.
La Cámara de Diputados de la nación se reunirá este lunes para analizar la temática de la trata de personas, a 10 años de la sanción de la ley. La actividad es convocada por el legislador Daniel Filmus y la parlamentaria del Mercosur Fernanda Gil Lozano.
En 2008, el Congreso nacional sancionó la ley 26364, de trata de personas, que buscaba adherir a los objetivos del protocolo internacional de Naciones Unidas, que fue firmado por 117 países entre ellos la Argentina.
Este tratado, firmado en 2000, obligaba a los países parte a prevenir y combatir la trata y asistir y proteger a las víctimas. También promovía a los países a cooperar entre ellos para lograr estos objetivos.
Sin embargo, a finales de 2012, se amplió la ley a partir de la norma 26842, que estableció: "el Estado nacional procurará que el primer contacto sea llevado adelante por profesionales especializados en trata de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".
Esa orientación para los procedimientos apuntaba a que las víctimas de la trata de personas no se sientan condicionadas por la presencia policial en un operativo. Por lo general, el rescate se produce por el allanamiento a algún local donde las mujeres son forzadas a ejercer la prostitución. Con esa reglamentación, la Casa Rosada determina que cada procedimiento judicial en este tema deberá contar con al menos un profesional como asistente social o personal de salud mental para contener a las víctimas.
La ley aprobada en diciembre de 2012 consolidó mayores penas para casos de explotación sexual, con un máximo de 15 años de prisión, y determinó que la responsabilidad penal no será eximida, aunque la víctima hubiese dado su consentimiento. También se aprobó entonces que los autores de este delito no reciban beneficios de excarcelaciones.
Dato oficial
La línea 145 recibió 2010 denuncias remitidas por el ministerio de Justicia de la nación. Durante el período en análisis, se detectó un elevado aumento de denuncias vinculadas a la desaparición y/o búsqueda de personas (464 casos en total), superando muchas veces a las finalidades de explotación típicas de la trata de personas (laboral, pornografía infantil, posible captación, etc.).
En Argentina el 40 por ciento de las víctimas de trata para explotación sexual son personas provenientes de Paraguay, relató tiempo atrás, Marcelo Colombo, coordinador de la Unidad Fiscal Especializada en el combate de la Trata de Personas de la República Argentina en una visita corta que hizo al vecino país para participar del III Seminario Internacional Inversión para el combate a la trata de personas.
“Esto ha venido manteniéndose durante este tiempo y si tuviéramos que hacer una radiografía, hemos empezado a combatir el delito en la fase de explotación sexual con contundencias que antes no existían”, mencionó el experto.
Además, comentó que en los últimos años se mejoró bastante la puntería en lo que respecta a este flagelo. “Hemos podido capturar a redes de traficantes con fines de explotación sexual, laboral incluso a algunos financistas, aunque quizás se deba trabajar más a nivel regional, ver de qué manera se puede atacar el nervio patrimonial de estas estructuras criminales, atacando el lavado de dinero de estas organizaciones que financian a estos grupos”, refirió.