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Política
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Aborto legal: Comienza el debate en el Senado

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizará este jueves 21 de junio la primera reunión junto a representantes del Senado de la nación para dar avance al tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, recientemente aprobada en Diputados, informó a AIM la representante de la organización Isadora, Malena Lenta. El camino comenzó a delinearse en la Cámara Alta con la pulseada de quienes se ubican a favor y quienes en contra.

Foto ilustrativa
Foto ilustrativa

La reunión se llevará a cabo junto a senadores y asesores, y tendrá lugar a las 12, en la sala Moreno- Frondizi en el edificio Anexo de la Cámara Alta.

Hace 13 años que la Campaña impulsa la legalización del aborto en Argentina, desde una construcción federal y con el apoyo transversal, plural y diverso de todos los partidos políticos y numerosas organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos.

“Esta convocatoria refrenda el compromiso de senadores que ya manifestaron públicamente su voto a la sanción definitiva de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), tras su aprobación en Diputados el 14 de junio pasado”.

Escenario

Militantes por el aborto legal establecieron un primer contacto con los senadores este lunes, en una reunión a puertas cerradas en las oficinas del titular del bloque Justicialista, Miguel Pichetto. La intención era desarrollar una conferencia de prensa, pero la convocatoria se suspendió por la tragedia del jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, quien sufrió la pérdida de su mujer y su hijo en Formosa.

Además de Pichetto, estuvieron presentes los senadores José “Nato” Ojeda, Pedro Guastavino, Norma Durango, Inés Blas, Alfredo Luenzo, Sigrid Kunath y Cristina López Valverde, todos del interbloque Argentina Federal; y los diputados Victoria Donda (Libres del Sur), Silvia Lospennato y Daniel Lipovetzky (PRO). Participaron las escritoras Claudia Piñeiro y Beatriz Sarlo, las actrices Verónica Llinás y Dalma Maradona, la concejal de Tigre Malena Galmarini, y representantes de la Fundación Huésped, entre otros.

Al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo le espera un camino difícil en el Senado, donde según un relevamiento de parlamentario.com hay un escenario muy parejo. En principio, hay 28 legisladores dispuestos a votar en contra, 27 a favor y 17 indefinidos. De ellos dependerá, una vez más, la suerte de la ley.

Entre los que ya adelantaron su apoyo se encuentran el propio Pichetto y otros 10 integrantes del interbloque Argentina Federal; todo el bloque del Frente para la Victoria-PJ, incluida la expresidenta Cristina Kirchner; tres radicales y sólo un representante del Pro, Humberto Schiavoni.

En tanto, el rechazo es liderado por la vicepresidenta Gabriela Michetti -quien sólo deberá votar en caso de empate-; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; Silvia Elías de Pérez (UCR), Cristina Fiore (Pares) y Esteban Bullrich (PRO), entre otros detractores de la ley.

Los senadores que lideran la resistencia a la despenalización del aborto mantuvieron un encuentro cerrado este martes con el fin de empezar a delinear una estrategia conjunta para obstruir la ley. Con el proyecto recién ingresado a la Cámara alta, los antiabortistas ya analizan la posibilidad de impulsar cambios al proyecto aprobado en Diputados, en lugar de rechazarlo.

La idea comenzó a cobrar fuerza en un cónclave encabezado por Gabriela Michetti, del que participaron los macristas Federico Pinedo y Esteban Bullrich y la radical Silvia Elías de Pérez. Allí se empezaron a estudiar posibles modificaciones al texto con media sanción, sobre todo para frenar el artículo 7, que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

La intención de los senadores sería no firmar un dictamen de rechazo, sino trabajar sobre la letra chica del proyecto e imprimirle cambios que obligarían a su regreso a Diputados. El principal: se buscaría eliminar el Título II, relativo a la interrupción voluntaria del embarazo.

Los senadores antiabortistas propondrían simplemente reducir la pena -en lugar de suprimirla- para la mujer que aborta y también para el profesional interviniente. Es decir que, del proyecto aprobado, sólo quedaría en pie el Título III, sobre políticas de salud sexual y reproductiva y educación sexual integral.

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