Acuerdo con Correo Argentino: Piden la indagatoria de Oscar Aguad

El fiscal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria de Oscar Aguad por su actuación como ministro de Comunicaciones en el acuerdo que logró la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, con el Estado por el pago de una deuda millonaria. En 2017, Aguad dejó esa cartera y asumió como ministro de Defensa, cargo que mantiene actualmente.

Pollicita pidió también citar a Juan Manuel Mocoroa, que estaba a cargo del área de Legales del Ministerio, y de los integrantes de la firma Correo Argentino Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher.

El pedido fue realizado ante el juez Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la investigación judicial sobre el acuerdo -que nunca se formalizó- que se había negociado entre el Estado nacional y la firma Correo Argentino para el pago de la deuda reclamada luego del concurso de la compañía.

Para el fiscal, se cometieron los delitos de administración fraudulenta y negaciones incompatibles con la función pública.

En el dictamen de Pollicita al que accedió Infobae a partir de fuentes judiciales, el fiscal resumió: “En virtud de los fundamentos expuestos, considero que existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones de la Nación y Correo Argentino S.A., que motivó el inicio de la presente investigación, fue espuriamente concebido y a la vez que buscó beneficiar a la empresa concursada comprometió abusivamente al Estado Nacional, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción de un crédito legítimo y para entonces negado hacía aproximadamente quince años”.

“Según quedó evidenciado -concluyó Pollicita- a lo largo de esta presentación, la concertación de voluntades cuestionada, por la que deberán dar explicaciones las personas involucradas, fue en buena medida posible por la existencia previa de un desnaturalizado trámite concursal que ciertamente sirvió de contexto para que intereses particulares se colaran en el proceso de toma de decisiones gubernamentales en detrimento de la administración pública. Ese mismo escenario permitió que los funcionarios públicos cuya intimación se propicia se movieran con la libertad de quien encuentra solución a una controversia que parecía no tener fin, seguramente alentados por la impunidad que, en el contexto de un inexplicablemente prolongado y engorroso trámite —aunque también complejo— creyeron garantizada”.