El sindicato exige el funcionamiento de la Comisión Paritaria de salud laboral docente. El pasado miércoles 31 de julio desde la comisión directiva central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) una nota formal dirigida a la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irazábal, en la cual demandan al organismo que reactive la Comisión para la Prevención de la Salud Laboral docente, “instancia paritaria que viene funcionando desde diciembre del año pasado y fue constituida mediante la Resolución N° 4336/18 CGE, contando allí con la voz de la docencia entrerriana a través de la participación de representantes nuestro sindicato”, se solicitó. [{adj:53522 alignright}]
Es en dicha comisión el gremio viene planteando “históricas reivindicaciones con relación a la salud laboral docente, las cuales incluyen una caracterización debidamente fundada sobre las particularidades del trabajo docente, las enfermedades profesionales que son reconocidas y aquellas que aún no lo están, y las responsabilidades que competen tanto a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) como al Estado provincial. También sostuvimos nuestra defensa irrestricta del Régimen de Licencias (Decreto N° 5923/00 y normas complementarias) y hemos hecho observaciones sobre los alcances en la función de contralor de los médicos escolares”, recordaron.
En esta oportunidad, la presentación pide que se “garantice el funcionamiento de la comisión y para ratificar nuestro cuestionamiento al decreto N° 426/19 MGJ, de carácter arbitrario e inconsulto, en virtud de que el mismo permite a los médicos auditores extralimitarse en sus funciones y aplicar sanciones que implican una intromisión en la carrera docente y un desconocimiento de lo estipulado en nuestro Estatuto. En tal sentido, denunciamos que estos profesionales no están cumpliendo con su responsabilidad de forma idónea y tampoco se apegan a lo previsto en el contrato que tienen con el CGE. Todo esto, lejos de contribuir a una mejora en el proceso de trabajo docente y al cuidado de nuestra salud, lo único que logra es incorporar mecanismos burocráticos para la tramitación de las licencias y entorpecer el normal funcionamiento de los establecimientos educativos, sin olvidar el perjuicio que representa para los mismos y para sus trabajadores en materia de salud y carga de trabajo”, criticaron.
Es por ello que desde el sindicato docente se exigió al CGE una “convocatoria urgente de la comisión, cuya última reunión fue suspendida sin fijar una nueva fecha; pleno respeto a la resolución N° 1590/19 CGE y cumplimiento de lo allí estipulado hasta tanto se dejen sin efecto el Decreto N° 426/19 MGJ y la Resolución N° 1250/19 CGE, cuya derogación continuamos exigiendo; y voluntad por consensuar un proyecto de salud laboral integral que garantice derechos e inclusión educativa. Consideramos que toda norma que regule nuestras condiciones laborales y que afecte de forma directa el acceso a la educación como derecho social debe ser fruto del consenso, el análisis exhaustivo de las problemáticas y la búsqueda de soluciones que prioricen el bienestar de las y los trabajadores”, concluyeron.