El tren de los pueblos judicializados por protestar
El paso del denominado tren de los pueblos libres genero ayer noticias encontradas, porque su circulación entre Argentina y Uruguay se superpuso con la decisión de la sala tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, que definió mal concedido el recurso presentado contra los asambleístas de Gualeguaychú que cortaron la ruta internacional 136 en protesta contra Botnia. “Hablan de integración física cuando aún no resolvieron el reclamo de la ciudadanía que se manifiesta para defender la vida, contra la contaminación. Esto significa un cachetazo para nosotros”, afirmó a AIM el integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de esa ciudad, Juan Veronessi.
"Estoy muy defraudado con el tratamiento del tema que hizo la presidenta", afirmó Veronessi
En diálogo con esta Agencia, Veronessi manifestó: “la acusación del gobierno fue un acto de bronca contra los asambleístas, que encauzó a través de una demanda en la justicia federal pero, que carecía de los elementos suficientes, por eso la resolución de ayer en la justicia era previsible”, y añadió “nos alegra que haya vuelto a fojas cero, y sabemos que defendemos la verdad al sostener, toda una comunidad, que Botnia contamina”.
“El tren es una cuestión a la que nadie puede oponerse, pero quedan cosas pendientes sin resolver, que buscan tapar haciendo teatro y declaraciones”, insistió Veronessi, y añadio: Gualeguaychú está convencida de la defensa del medioambiente que lleva a adelante, porque Botnia contamina, y esto lo saben desde la presidenta, hasta el gobernador y los intendentes”.
La renguera de la integración
A su vez, el asambleísta se refirió en AIM al problema de la integración entre ambos países, a lo que consideró: “nosotros buscamos la integración de los pueblos, claro, pero no a costa de cosas fundamentales como la contaminación, no se puede hablar de integración física cuando se construye un tren, si falta la integración moral de los pueblos, porque los gobernantes dejan de lado el esfuerzo de toda la comunidad para defender la vida amenazada por la instalación de industrias como Botnia”.
“El gobierno quiere dar vuelta la página, así lo manifestaron a través del canciller Timerman, y la presidenta que dio sobradas muestras de concesiones a un gobierno, como el uruguayo, que violó un tratado internacional entre los dos países”, describió a AIM Veronessi, y sumó: “el máximo tribunal en el planeta (por la Corte Internacional de La Haya) determinó un monitoreo que no se está haciendo como corresponde, lo que permite el funcionamiento de una empresa que envenena a los pueblos”.
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