También fueron  procesados su sobrino Maximiliano; el ex director administrativo del senado, José Crettón Pereyra, y el ex vicepresidente primero del Senado,  Humberto Ré (UCR-Diamante), y el ex legislador Elcio Viollaz (UCR-Colón), quien nunca pudo declarar por un problema de salud, quedó fuera del procesamiento.

Los montos totales que habrían desparecido del senado en aquellos años rondan los 20 millones de dólares.

En un parte de prensa enviado a AIM, los letrados advierten que “estas reformas tienden a consolidar el proceso de participación ciudadana y ampliación de derechos e introducir el principio de soberanía popular en los tres poderes del Estado”.

Asimismo, apoyan “el debate que el parlamento da a los proyectos mencionados, que es la tramitación necesaria en el estado de derecho, por lo que rechazamos enfáticamente los pronunciamientos de impedir su tratamiento por las vías constitucionales”.

En este sentido consideran necesario l”a modificación del plazo para las medidas cautelares cuando este comprometido el interés general de los ciudadanos, el acceso a los cargos públicos del Poder Judicial a través del procedimiento del concurso, la publicidad y publicación de todos los actos que hacen a la administración de justicia, y la apertura a sectores representativos de la sociedad para que participen en la elección de los magistrados, por entender que estas reformas resultan trascendentales para garantizar un valor tan reclamado por la ciudadanía como es el de equidad”.

Firman el comunicado Acebal María Jimena; Acosta Gustavo; Albornoz Adrian; Albornoz León Eduardo; Amore Federico; Amore Florencia; Barbagelata Jorge; Beisel Corina Andrea; Belotti Antonino; Benítez María Fernanda; Bergara Héctor; Biaggini Allende Pablo; Cabrera Carlos; Cabrera Juan Domingo; Cánepa María Eugenia; Canosa Juan Jose; Cargniel Danilo; Casas Gonzalo; Clementi Pablo; Coria Analía; Correa Campo Hugo; Cresto Mayda; De Grucci Leonardo; Del Matto Paulo Agustin; Esquivel Irene; Favotti Agostina; Favotti Paolo; Ferrutti Néstor; Florean Jorge; Gan Cecilia; Gervasoni Lautaro; Gilberto Deveccio; Gomariz Arnaldo; Goniat Jorge; Jorge Diego Hernán; Juárez Adrian; Juárez Rodrigo; Labriola Gervasio; Leineker Juan Andrés; López Walter Martin; Macarone Martin; Malvasio Luis; Martínez Julio; Martínez Pablo; Martínez Soledad Rocío; Mathern Cristian; Méndez Juan Antonio; Meza Leandro; Molina Dante; Molina Gabriel; Molina María Victoria; Montero Daniel Omar; Monzón Maria Belen; Obaid Pablo; Pagnone Pablo; Pavón Fabián; Pereyra Javier Orlando; Poncio Ezequiel; Raiteri José María; Raiteri Pedro; Rey Matías; Roldan Olivera Alejandro Gaston; Saboldelli Carlos; Schiavoni Lautaro; Schmunck Mario; Smaldone Guillermo; Sosa María Elisa; Toyé Javier; Umedez Jose Francisco; Uranga Martin; Vega Guillermo; Vírgala Victor; Welschen Facundo

El procesado, Juan Arias, de 40 años, admitió ante la justicia haber abusado de una menor de 16 años en varias oportunidades durante el año 2010.

Arias estaba prófugo pero fue detenido y llevado a juicio, en que aceptó la pena de ocho años de prisión a cambio de confesar el hecho, evitándo un debate donde la condena podría ser mayor.

Tras la muerte de Farfán, que recibió un balazo cuando intentaba huir del asesino reincidente que lo mató,  Young, apreció muy desfavorablemente a los que liberaron al acusado del asesinato.

Pero poco después llegó un llamado de atención de su jefe, el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García, por sus críticas públicas y ahora lo repudió el Superior Tribunal de Justicia en pleno.

El máximo tribunal, sin salirse de los carriles que se ha autoimpuesto con todo rigor y cuya observacia espera de sus subordinados, reclama a Young por haber hechos declaraciones  “fuera de los carriles institucionales pertinentes a los que debió acudir en su caso”.

Young había cuestionado al defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, y al defensor de Pobres y Menores de Paraná, Pablo Barbirotto, quienes por medio de la presentación de un habeas corpus lograron la liberación del acusado de acusado de matar a Farfán, Ricardo Raúl Silva Almeida, de 18 años, que estaba detenido por haber sido encontrado responsable del homicidio de Leonardo Ogguier, el 19 de agosto de 2012, dentro  del boliche La Estrella de la Noche.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos se solidarizó con Mizawak.

En concreto, la Asociación se refirió a la publicación que realizó ayer en primera plana, el diario Uno, “donde se intenta colocar un manto de sospecha sobre la vocal del STJ Claudia Mizawak, en una causa judicial en la que se encuentran involucrados algunos de sus parientes”.

En un parte de prensa se recordó a AIM que “la responsabilidad penal, si la hubiere, es personal y no trasciende a familiares de los imputados, resultando por tanto inadmisible la asociación que realiza el mencionado matutino, salvo que oculte otras intenciones”.

La reforma juridica que impulsa el gobierno preocupa a la CTA. Foto: Archivo

“El gobierno nacional ha enviado seis proyectos de ley al Congreso de la Nación para introducir modificaciones institucionales al funcionamiento del Poder Judicial. Todo ello bajo el noble propósito de “democratizar la justicia”.

“Lamentablemente, la simple lectura de los proyectos permite apreciar que de ninguna manera estas reformas facilitarán el acceso a la justicia de los sectores populares. Los procesos judiciales, luego de sancionadas estas leyes, continuarán siendo lentos, caros, inaccesibles e inentendibles para la gran mayoría de la población.

Más aún, el análisis pormenorizado de algunos de los proyectos revela serios retrocesos a la posibilidad de tutelar judicialmente los derechos sociales. En particular, la propuesta de legislar sobre las medidas cautelares dictadas contra el Estado sin duda alguna haría sonrojar a gran parte de los ideólogos del neoliberalismo en nuestro país.

Empecemos por lo más grave. El artículo 17 de este último proyecto se refiere a la “Tutela urgente del interés público comprometido por la interrupción de los servicios públicos”.

Allí se establece que: “cuando de manera actual o inminente se produzcan actos, hechos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y regularidad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de interés público o perturben la integridad o destino de los bienes afectados a esos cometidos, el Estado nacional o sus entidades descentralizadas que tengan a cargo la supervisión, fiscalización o concesión de tales servicios o actividades, estarán legitimados para requerir previa, simultánea o posteriormente a la postulación de la pretensión procesal principal, todo tipo de medidas cautelares tendientes a asegurar el objeto del proceso en orden a garantizar la prestación de tales servicios, la ejecución de dichas actividades o  la integridad o destino de los bienes de que se trate”.

La amplitud de este artículo es tal que sus efectos podrían proyectarse sin mayores límites hacia el ejercicio del derecho de huelga de las organizaciones sindicales y los trabajadores que se desempeñan en vastos sectores de la economía, se trate de servicios públicos o de las difusas “actividades de interés público”. Esta norma da por tierra con los avances que había significado, en nuestro país, la sanción de la ley 25.877 que solo permite establecer límites al ejercicio del derecho de huelga en el caso de los servicios esenciales, por definición mucho más restringidos. Asimismo, su alcance es aún mayor que el decreto 2.184/90, dictado por el gobierno menemista para limitar el ejercicio del derecho de huelga.

Este artículo ha sido criticado en forma unánime, incluso por aquellos sectores más cercanos al gobierno nacional, por lo que posiblemente su redacción sea modificada. Al respecto, de nada servirá agregar que solo tendrá efectos en casos de “ilegalidad manifiesta”. Tarde o temprano, quienes definan el alcance de esta “ilegalidad manifiesta” serán los mismos jueces que hoy son cuestionados por su actitud corporativa y lejana a los intereses populares.

Tan sólo basta preguntarse por la situación de aquellos trabajadores y comisiones internas que lleven adelante medidas de fuerza al margen de la decisión del sindicato con personería gremial, o aquellos que decidan utilizar otras formas de acción distintas de la abstención de tareas.  En estos casos, no es difícil suponer que más de un juez estará dispuesto a otorgarles a dichas acciones el carácter de “manifiestamente ilegales”.

Este proyecto, de ser sancionado en los términos planteados por el Poder Ejecutivo, consagra una virtual razón de Estado: se dificulta al extremo la promoción de medidas autosatisfactivas, se torna prácticamente imposible suspender los efectos de un acto administrativo, se imponen límites temporales que son inferiores a la duración de los procesos judiciales (ningún proceso judicial culmina en seis meses o un año, en muchos casos como consecuencia del comportamiento procesal de la representación jurídica del Estado), se le otorgan efectos suspensivos a la apelación deducida por el Estado, se imponen cauciones reales (solo podrán acceder a una cautelar quienes tengan dinero), etc.

En el discurso oficial, el objetivo de esta reforma es impedir que las corporaciones recurran al Poder Judicial para limitar las políticas decididas por los órganos de gobierno. Sin embargo, no hay nada en el proyecto que restrinja su aplicación al accionar de estas corporaciones, y las restricciones implican barrer con una herramienta que ha sido muy utilizada para tutelar los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Las medidas cautelares que este proyecto ataca son aquellas que habitualmente se utilizan para tutelar el derecho a la salud, para cuestionar las erróneas liquidaciones de jubilaciones y pensiones que realiza la Anses, para reinstalar a un trabajador despedido por su actividad sindical, para impedir el desalojo de una comunidad campesina, para frenar incrementos de tarifas en los servicios públicos, para impedir afectaciones al medio ambiente, etc.

El otro proyecto que afecta directamente la situación de los trabajadores es la creación de nuevas instancias judiciales, las cámaras de casación, que también trae recuerdos de épocas que creíamos superadas, y que no contribuirá a hacer más ágil el funcionamiento del Poder Judicial. Todo lo contrario.

Los procesos serán más largos y más costosos, y nada impedirá que finalmente arriben a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto resulta tan evidente que hasta aquellos que públicamente defienden la reforma, puertas adentro aceptan que sin una reformulación integral de los códigos procesales y del papel de la Corte en nuestro sistema judicial, esta reforma carece de todo sentido.

Por otra parte, la mayor prolongación de los procesos judiciales operará, como ya lo hace en la actualidad, como un mecanismo extorsivo a favor de los sectores dominantes, principalmente en las relaciones entre trabajadores y empleadores.

A mayor extensión en el tiempo, mayores incentivos para que el trabajador se vea forzado a aceptar un ofrecimiento conciliatorio por parte de su empleador, cualquiera sea el monto que éste disponga.

Lamentablemente, estos dos proyectos ya forman parte de un camino iniciado con la Ley Antiterrorista y con la modificación a la ley de riesgos del trabajo: el camino de leyes regresivas y contrarias a los intereses de los sectores populares.

El agravante, en esta ocasión, es la pérdida de una oportunidad real de discutir las reformas necesarias para poner al Poder Judicial al servicio del pueblo, y no de las corporaciones”.

Firman el documento realizado por el Observatorio Jurídico de la CTA, Ricardo Peidro, secretario Adjunto y Pablo Micheli, secretario General de la CTA.

Fuentes judiciales informaron que los camaristas Fabián Cardoso y Miriam Fernández ordenaron la detención del sacerdote, a raíz de un planteo de las querellas y la fiscalía ante la violación de las condiciones de la prisión domiciliaria en que habría incurrido el sacerdote cuando le fue otorgado el beneficio.

Según las fuentes no se trata de una detención en lo inmediato, sino que ello ocurrirá una vez que dicha resolución sea confirmada por instancias superiores.

Juan Pablo Gallego, abogado querellante, consideró que este pedido de detención “es un avance procesal” en la causa.

Al respecto, el letrado expresó: “No queda otra opción que conducirlo a la cárcel. Hay un abusador sexual condenado en segunda instancia”.

“Son fallos que nos dan aliento, porque nos dan la razón. Pero sin el cumplimiento efectivo”, dijo.

En ese sentido, Gallego sostuvo que “hay un gran poder económico detrás de este sujeto”.

El año pasado, el Tribunal Oral Criminal 1 (TOC1) de Morón aplicó la detención domiciliaria de Grassi porque el sacerdote violó las reglas de conducta, como el haber ingresado –pese a tenerlo prohibido- a la Fundación Felices los Niños.

También por haberse referido públicamente a las víctimas, en el caso dos de los adolescentes por los cuales fue condenado a 15 años de prisión por corrupción de menores.

Esa resolución, en junio pasado había sido decretada nula lo que motivó a las querellas y la fiscalía de Morón planteos que ahora la Sala I de la Cámara en lo Penal de Morón sí hizo lugar.

En 2010, Grassi fue condenado a 15 años de prisión tras ser encontrado responsable por los delitos de “abuso sexual agravado, y corrupción de menores agravada por su condición de sacerdote”.

Pero la detención no se hizo efectiva ni siquiera cuando la Cámara de asación confirmó la condena, al considerar que no era éste el Tribunal que tenía que expedirse sobre la detención.

Ahora, el caso de fondo está a estudio de la la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Ramírez Montrull informó que terminó la  la etapa de instrucción de la causa, y que cuando hay personas privadas de la libertad es  los juicios tienen prioridad, por lo que no fala mucho para conocer la fecha de la etapa oral de este proceso.

Ramírez Montrull estimó que no está acreditado que Céparo haya acosado al joven que lo mató a balazos en Cerrito y  luego huyó, para ser detenido en Resistencia, Chaco.

Fuerte respaldo de la justicia al fiscal de Colón.

García apoyó al fiscal que dejó en libertad al sospechoso de la agresión, lo que motivó fuertes críticas del poder político, que anunció el pedido de juicio político para el funcionario, desconociendo la función que le compete al fiscal que entiende en la causa.

En un comunicado enviado a AIM, García explicitó que “sin perjuicio del absoluto respeto a la libertad de opiniones o valoraciones sobre este grave hecho ilícito, la Procuración General del Poder Judicial comunica que la actuación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal en la investigación en curso se halla dentro de los parámetros de política criminal prefijados como instrucciones generales y específicas”.

“Obvio es señalar que la etapa llamada investigación preparatoria, que lleva a cabo el fiscal (Juan Sebastián Blanc), consiste en recolectar evidencia sobre un hecho ilícito penal para lograr la probabilidad delictiva y así la remisión a juicio oral, en donde se producirá la prueba y se definirá la situación procesal del acusado”, explicó García.

Aclaró además que el caso se encuentra en producción del informe pericial que en función judicial realiza la división Criminalística de la Policía, y que ese informe “resulta indispensable para atribuir fundadamente autoría o participación del sospechado en el ilícito, por lo que toda medida de restricción anticipada de la libertad se halla condicionada a las evidencias periciales referidas”.

“Esto no solo responde a la superioridad ética del Estado republicano, que sigue considerando persona aún a quien infringe gravemente las normas penales que afectan a la coexistencia pacífica, garantizándole un debido proceso legal, -es decir razones principialistas-, sino también a razones consecuencialistas o utilitaristas, de imputar con elementos probatorios suficientes para formular un pronóstico de condena, es decir de eficacia o idoneidad en la persecución. Como colofón de lo expresado desde la Procuración General del Poder Judicial de la provincia se emite un enfático respaldo a lo actuado por la Unidad Fiscal de Colón y a la prevención policial bajo su dirección”, detalló.

Se debatirá en el juicio si esta tragedia es además un hecho criminal, aunque el código parece no dejar lugar a dudas A fines de esta mes comenzará el juicio a Lorena, que ocultó su embarazo hasta el momento de dar a luz, cuando se retiró a un baño allí ahogó al recién nacido.

Se puede argumentar que actuó en la crisis el estado puerperal, lo que la haría inimputable al menos en ese momento. Está acusada de homicidio calificado por el vínculo y podría recibir prisión perpetua.