Se levantó el paro y habrá nafta normalmente.

En diálogo con esta Agencia, Biderbos indicó que “las cinco cámaras empresarias que nuclean al sector llegaron a un acuerdo salarial con el gremio de los trabajadores de estacione de servicio”.

Por este motivo, “el paro nacional que se había anunciado para este viernes, fue levantado”, afirmó y “la atención al público será normal”.

Si bien el acta no fue firmada aún, “esto se hará el martes próximo en el ministerio de Trabajo de la Nación”.

En esa instancia,  se definirá finalmente el porcentaje de aumento salarial, pero rondará “entre el 25 y el 28 por ciento”, dijo el gremialista a AIM y agregó que “también faltan arreglar otros aspectos que solicitábamos”.

En un primer momento, el sector solicitaba un incremento de sueldo del 32 pro ciento.

Actualmente, el gremio cuenta con 60 mil trabajadores afiliados en todo el país.

Aseguran que el ministerio de Salud “nunca mandó nada” para trabajar en una ley

La Cámara de Senadores provincial trabajaría en un proyecto de ley de Salud provincial. Sin embargo, “no se avanzó más”, porque “en su momento, el ministro de Saludo, Hugo Cettour, “dijo que trabajaría al respecto, pero nunca mandó nada”, indicaron desde el cuerpo.

La propuesta “quedó en stand by, si bien los legisladores buscan sacar una ley pero evitar que salga sin consensar con lo que hace el ministerio”, agregaron a AIM.

En 2011, la gestión anterior de Diputados sancionó la ley provincial de salud, que  reconocía a la salud como un derecho humano fundamental, y comprende el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda digna, a la seguridad social, al trabajo y a la educación, que hacen al modelo de vida de una sociedad y es el Estado quien debía promover, respetar y garantizar su realización.

Bernasconi explicó a esta Agencia que desde la entidad demandaron “la reapertura de la discusión salarial de cara al segundo semestre, ya que estos eran los tiempos que había definido el último Congreso”. En ese marco, recordó que el mayor órgano institucional del sindicato  “aceptó la propuesta del gobierno que tenía un fuerte componente extorsivo, pero estableció que en el segundo semestre quería una nueva discusión donde es necesaria una recomposición por encima de lo que estaba previsto”, ya que reclamaban un aumento de un 35 por ciento.

El docente  apuntó que ahora “en todas las seccionales se retomando la discusión de la necesidad de recomponer el salario por lo que se debatirá en las asambleas de base y se convocará al Congreso para ver qué se hace antes de las vacaciones, posiblemente”, si el Estado no retoma el diálogo.

Al respecto, afirmó que desde el principal gremio docentes esperan “que haya una convocatoria antes del receso escolar y si no existe, seguramente, se evaluará en el Congreso cómo se transitará el segundo semestre del año”, por lo que no descartó la posibilidad de retomar el plan de lucha.

Una discusión dilatada

Cabe recordar que desde la Agmer Paraná rechazaron de plano la propuesta del Estado, por lo que desde febrero llevan acciones en el departamento exigiendo al gobierno que plantee una recomposición salarial que responda a las necesidades del colectivo docente y se declararon en estado de asamblea permanente.

Sileoni llega a Paraná.

Desde la Agrupación docente Rojo y Negro señalaron que “el ministro Sileoni no es bienvenido ya que las paritarias salariales docentes a nivel nacional fueron cerradas unilateralmente por el gobierno nacional del que fue parte representante”. En tal sentido recordaron que “los docentes entrerrianos cobramos el salario mínimo de bolsillo más bajo del país”.

Asimismo, explicaron que “si bien efectivamente hay inversión en remodelación y construcción de algunos edificios escolares, la crisis edilicia y de infraestructura escolar es, a esta altura, inocultable”. Hay “escuelas que se llueven cada vez que caen dos gotas, paredes que se electrifican, obras que se demoran muchísimo más de la cuenta y que no se concluyen hasta que la comunidad educativa y el sindicato no reclaman; inundan la provincia en toda su extensión”, ilustraron.

De la misma manera sostuvieron que “en estos años estamos viviendo de diversos modos el castigo y la persecución hacia los que luchan en cada uno de nuestros reclamos: descuentos compulsivos e inconstitucionales contra nuestro derecho a huelga, presiones a los docentes en cargos directivos para que denuncien a sus compañeros, todo en un marco enrarecido por la Ley Antiterrorista y los cada vez más comunes asesinatos de luchadores populares. Ayer no más el Qom Florentín Díaz, en el Chaco, se sumó a esta tenebrosa y repudiable lista”.

En tanto dijeron que “el mes de mayo, es emblemático para los docentes ya que el 1° de Mayo, recordamos el Día Internacional de los Trabajadores, el 23 de mayo se recuerda la Marcha Blanca de 1988 y por ello se celebra el Día del Trabajador de la Educación”, y además destacaron que “el 29 recordamos un aniversario más del Cordobazo, emblema de la unidad obrero – estudiantil. Y lo vamos a recordar del modo en que corresponde: en la calle, luchando en contra de la concentración de la riqueza y del empobrecimiento de los trabajadores, en el marco del paro nacional convocado por CTA”.

“Hoy, por las connotaciones históricas que nos atraviesan como argentinos, la agenda política ha señalado como una suerte de efeméride los diez años del arribo de Néstor Kirchner a la ciudad de Paraná, el 27 de mayo de 2003”, indicaron los gremialistas en el comunicado al que tuvo acceso AIM y advirtieron que “quizá ello no resulte tan extraño, dado que  las gestiones de gobierno acostumbran a celebrar  sus  aniversarios enarbolando logros, premisas electorales cumplidas, y el respaldo popular en actos oficiales, entre otras cosas”.
Sin embargo, consideraron que “celebrar estos 10 años como una “década ganada”, tirando para ello “la casa por la ventana”, parece poco menos que paradójico”.

“Paradójicamente, se celebra un proyecto educativo que está en el seno de un modelo de acumulación especulador y extractivo. Se celebran diez años de “inclusión educativa” pero, paradójicamente, la deserción escolar cotiza en alza. Celebración de un proyecto educativo que no logra solventar las carencias básicas de infraestructura escolar, ni las demandas de recomposición salarial. Celebración de la criminalización de la protesta social, cercando al espacio público como lugar de encuentro para manifestarnos. Para incluir, no basta con decir “todos y todas”. No basta saturar el discurso con términos como “Patria Grande”. No basta citar a autores de la talla de Jauretche, o Scalabrini Ortiz, entre otros, para dar cuentas de la supuesta ideología que trasunta al “proyecto”. No basta con tensar la discusión política en un binarismo entre quienes  apoyan al proyecto” y quienes no, suponiendo que ello constituye un guiño a las corporaciones (como si las corporaciones como Monsanto, Walmart, etc., no tuvieran excelentes relaciones con este gobierno)”, enumeraron desde la Agrúpación de Agmer.

No obstante, “estos diez años evidenciaron las contradicciones que el mismo “proyecto político” pretende sostener a través de un andamiaje de  mitos, es decir, de una mitología que ha creado la idea de soluciones mágicas: el mito de la llegada mesiánica que solucionaría los problemas relacionadas a las demandas salariales y a las políticas educativas; el mito de que cualquier cuestionamiento a las distintas formas de opresión del sistema  constituye una expresión de la derecha “destituyente””, comentaron.

Por ello, “sostenemos que es posible construir caminos que nos conduzcan hacia una patria libre y justa, en los que el único horizonte sea aquel enmarcado por la reivindicación histórica de los derechos de los trabajadores y de los gurises, de los que están dentro y los que quedaron fuera del sistema educativo, de las historias de dignidad con las que están zurcidos los patios de nuestras escuelas. Es posible  enarbolar como bandera las historias de lucha,  que nos recuerdan que otra patria es posible”.

Foto archivo.

En la sexta sesión ordinaria del 134 período legislativo, ingresaron los pliegos para 23 cargos en el Poder Judicial y fueron girados a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Las nominaciones son para que Silvina Graciela Cabrera, sea jueza de Instrucción de Rosario del Tala; Maximiliano Otto Larocca Rees, sea Agente Fiscal de Chajarí; para que Romina Alejandra Pino, sea defensora de Pobres y Menores de Concepción del Uruguay; para que Darío Perroud, sea defensor para la Defensoría de Pobres y Menores  4 de Concordia; para que José María Mandil, sea defensor de Pobres y Menores de Federal; María Evangelina Bruzzo, para jueza de Instrucción de Colón; Gabriela Rosana Sione, jueza del Juzgado Civil y Comercial  2 de Paraná;  Santiago Alberto Morande, vocal de la Cámara III– sala laboral- de Paraná; Cecilia Beatriz Bertora, jueza de Ejecución de Penas y ¨Medidas de Seguridad de Paraná; Eduardo Enrique Antonio Degano, juez de Garantías de Chajarí (ex juzgado de instrucción de chajarí); Martín Luís Furman, juez del juzgado Civil y Comercial  7 de Paraná”.

También se pidió acuerdo para Silvina Andrea Rufanacht, para que sea jueza del juzgado Civil y Comercial  6 de Paraná; María Andrea Morales, jueza del juzgado Civil y Comercial  8 de Paraná; Carlos Humberto Vianco, vocal de la Cámara Laboral de Concordia; Mariano Sebastián Martínez, juez de Instrucción  2 de Concepción del Uruguay; Roberto Javier Cadenas, vocal de la Cámara del Crimen de Gualeguay; María Angélica Pivas, vocal de la Cámara del Crimen de Gualeguay; Guillermo Fernando Bonabotta, juez Laboral  2 de Concordia; Laura Mariana Soage, jueza Laboral 3 de Concordia; José Manuel Lena, juez civil y Comercial  1 de Chajarí; María Elina Corral, jueza Civil y Comercial  2 de Chajarí; Edwin Ives Leonardo Bastian, juez de Garantías de Concordia (ex juzgado de instrucción  3) y Alberto Funes Palacios, juez de Garantías de Concordia.

Ahora la comisión deberá llamar a los candidatos para realizar las audiencias públicas y analizar sus antecedentes, para que puedan prestar acuerdo.

Congreso de Oriente en el calendario escolar

Por otro lado, recibió media sanción, con despacho de comisión favorable, el proyecto de ley del senador del departamento Uruguay, René Bonato, por el que se instituye en el calendario escolar el 29 de junio de cada año como conmemoración del Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres.

El autor  de la iniciativa explicó que “es una fecha que puede pasar desapercibida, pero fue cuando en la actual Concepción del Uruguay fue la sede de un acontecimiento que no es debidamente valorado por nuestra historia”, enfatizó, destacando que con la presidencia de José Gervasio Artigas se tomaron decisiones que aun impactan, como  la adopción de la bandera que hoy es la entrerriana.

“Este Congreso es trascendental, fue el primero federal de Hispanoamérica que apuntó a lograr la independencia y un sistema republicano y Federal, lo que después se retomó en 1816”, acotó.

Se mostró sorprendido por el hecho que esta fecha no sea tenida en cuenta por la enseñanza escolar, tal vez porque no contemplaba los intereses de la Buenos Aires de entonces. Rescató el pensamiento Artiguista, que pretendía gobierno autónomo para las provincias.

Garbino, Leissa y Busti, un acuerdo de cara a las legislativas.

Hay un escenario “abierto hasta el presentación de listas, salvo con el oficialismo”, dijo el dirigente de Gualeguaychúa esta Agencia, quien explicó que junto al FEF recorren la provincia ratificando la voluntad de participar en la contienda electoral desde una perspectiva opositora “para poner un freno a lo que significa el gobierno nacional y tratar de buscar un rumbo a partir de las próximas elecciones de octubre”.

Sin embargo, aclaró que hay puntos básicos en los que se debe acordar para participar de la alianza: “Oposición al gobierno y sus prácticas; manifestar el cambio de rumbo; que se plantee una política clara para combatir la inflación; y rechazar la posibilidad de reforma de la Constitución para que haya otro mandato de Cristina Fernández”. En ese marco, aseguró que “a partir de esas convergencias se acordará con otras fuerzas políticas, sobre todo con sectores independientes de aquí al 22 de junio que es el cierre de listas”.

Leissa espera que los ciudadanos no actúen como consumidores

El referente del NE apuntó que augura que “el grueso de la sociedad civil actúe como ciudadanos no como consumidores”, a la hora de votar.

Al respecto opinó que “la mayoría de la sociedad civil está cansada de la inflación, de la falta de seguridad y del abandono de las políticas públicas”, pero consideró que no sólo es necesario preocuparse por los problemas que aquejan al país sino que “hay que intentar construir a partir de la mayor cantidad de voluntades para que la nación salga adelante, por lo que dependerá de nosotros que tengamos el énfasis y convicción y la lucidez para hacerlo”.

Baudino: las banderas de la educación pública están bien altas".

En diálogo con esta Agencia, el secretario adjunto de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se refirió a la Marcha Blanca que hizo historia en 1988, en la Argentina. “Recordamos la lucha de 1988, y la Marcha Blanca que nos unió en un frente común para pelear por nuestros derechos”, dijo.

El gremialista reivindicó también “la educación pública que tuvo la Argentina en otros tiempos, y que  fue ejemplo para muchos  países. Reivindicamos una educación emancipatoria, libre, una cuestión que sigue vigente en la actualidad”.

Más adelante, Baudino repasó las situaciones que complican a diario la educación: “en Paraná, un niño de seis años fue asesinado, lo que muestra la espiral de violencia que afecta a la sociedad; en las escuelas, un día como hoy muchos chicos no van porque sus ropas están húmedas, y los docentes tenemos que dictar clases a oscuras porque los fluorescentes están quemados”.

Sin embargo, “el compromiso con la escuela pública sigue vigente, por lo que seguimos exigiendo a la patronal que cumpla con sus obligaciones. La desigualdad, la pobreza y la injusticia campean nuestras escuelas, y más allá que exista una mejora económica, en lo estructural social, no han cambiado las cosas”, advirtió.

No obstante, “tenemos para celebrar: los docentes estamos unidos y tenemos conducta. Y seguiremos peleando por nosotros, por nuestros alumnos, por la escuela pública”.

Sobre la Marcha Blanca
El año 1987 había terminado con los docentes en la calle movilizados tras la consigna “Así terminamos, así no comenzamos”.
A comienzos de 1988 y frente a la inexistencia de respuestas por parte del gobierno, el conflicto se hizo inevitable. Pocos días antes del inicio del ciclo lectivo un Congreso Extraordinario votó la huelga por tiempo indeterminado.

A principios de 1988 el gobierno de Alfonsín se encontraba claramente debilitado por la derrota electoral sufrida el año anterior, donde se impuso el peronismo de la mano de la “renovación”.

Desde mediados del año anterior la Ctera-Garcetti había planteado una serie de demandas. Continuaba la situación de fractura y el sector conducido por Garcetti, donde se encontraban la mayor parte de los sindicatos provinciales, había sido reconocido legalmente por el ministerio de Trabajo, pero el sector de Arizcuren igualmente continuaba actuando.

En las escasas negociaciones que se llevaron adelante ese año no se llegó a ningún acuerdo. Frente a la fragmentación del salario y del sistema educativo, se plantearon lo que serían los ejes convocantes de la lucha del año siguiente:

- Nomenclador básico común y unificación del sueldo básico del maestro de grado jornada simple en 770 australes,
- Estatuto Federal del Trabajador de la Educación,
- Ley federal de Educación.

El 14 de marzo de 1988 comenzó el paro por tiempo indeterminado. El sector de Arizcuren también impulsó el paro exigiendo un básico de 1000 australes. Las negociaciones con el gobierno nacional, en la Comisión de Política Salarial, y con los gobiernos provinciales fueron infructuosas.

El paro se cumplía con un gran acatamiento en todo el país, aún por los docentes no sindicalizados, los privados o de otros sindicatos tradicionalmente enfrentados a la Ctera, como la FEB, quien inició el ciclo lectivo con un paro parcial por 48 horas. El paro también se extendió a las Universidades, impulsado por la Confederación de Docentes Universitarios, Conadu.

La CGT y en particular Saúl Ubaldini dieron apoyo. Se dio el hecho, inédito hasta ese momento, que el secretario general de la CGT fuera orador principal en varios de los actos convocados por la Ctera, como el masivo acto realizado ante unas 30.000 personas, el 25 de marzo. También se produjo el primer paro de la CGT en apoyo a la lucha docente.

En el marco de la lucha, los sindicatos fueron tomando definiciones. Los sindicatos de La Pampa se unificaron en un solo sindicato: la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa). La Asociación Correntina decidió no iniciar el paro, pues había negociado por su cuenta con el gobierno provincial. Un sector interno impulsó el cumplimiento del paro, con el apoyo de Mary Sánchez que viajó a la provincia.

A partir de esta situación la Asociación Correntina fue sancionada y posteriormente quedó fuera de la Confederación, en tanto que de ese grupo de militantes que convocaron a la huelga nació el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco).

Poco a poco el sector de Arizcuren se fue desgajando. El PC y los sindicatos donde tenía influencia -la AMP de La Rioja, la UMP, Adef y Ademys de Capital Federal- abandonaron ese sector pasada la mitad de marzo. Pero no todos se volverían a integrar en la Ctera.

La huelga se extendió durante 42 días. Intervino el presidente Alfonsín quien exhortó a levantar el paro; la Ctera rechazó las presiones. Algunas representaciones del justicialismo apoyaban el paro, pero los gobernadores justicialistas realizaron ofertas en sus jurisdicciones para intentar llegar a acuerdos con los sindicatos provinciales.

El 16 de abril, pasado el mes de conflicto, el gobierno declaró la conciliación obligatoria, que fue acatada en un principio; como las negociaciones fueron infructuosas, vencido el plazo legal de la conciliación se retomó el paro el 19 de mayo. En particular resultó irritativo el descuento que cinco jurisdicciones llevaron adelante: Córdoba, Capital Federal, Río Negro, Tierra del Fuego y Corrientes.

Fue entonces que la docencia argentina protagonizó lo que muchos consideran una gesta histórica para la educación del país, en la lucha en defensa de la escuela pública junto al pueblo: el 18 de mayo, desde el norte, el sur y el oeste del país partió una marcha que convergió en la Capital Federal el 23 de mayo.

Según recuerdan los protagonistas, “en nuestra larga caminata de 6 días atravesando pueblos y ciudades, fuimos recibiendo de miles de argentinos, gente del pueblo y demás trabajadores la solidaridad expresada con afecto desde las casas y las veredas, en las caras sumándose a los cantos y la alegría, en las comidas comunitarias, en las fiestas en las plazas, los bailes populares, los globos y los fuegos artificiales, en las incontables veces que escuchamos “si son maestros pasen, no les cobramos”, en ómnibus, en trenes.

El reconocimiento de que la gesta de los maestros evidenció que era posible luchar para recuperar la dignidad de la vida y el derecho a “recuperar la alegría de enseñar y aprender”. (“La marcha blanca”. Página Web de Ctera)

Con un acto en el Obelisco, miles de trabajadores de la educación de todo el país llenaron varias cuadras de la avenida 9 de julio, en tanto la Plaza de Mayo permanecía cercada por las fuerzas de seguridad.

Al día siguiente, en un Congreso de la Ctera, si bien no se habían conseguido todas las reivindicaciones y continuaba debatiéndose el espinoso tema de los descuentos realizados por algunas jurisdicciones, se decidió el levantamiento de la medida de fuerza.

Se había conseguido la aprobación de un nomenclador básico común y la unificación salarial en 21 de las 25 jurisdicciones. También el Congreso Nacional había sancionado un paquete impositivo para proveer un mayor financiamiento a la educación y estaba presente la expectativa por lograr la sanción de una ley de Paritaria Docente, impulsada por el diputado Carlos Auyero, finalmente sancionada.

Debido a que no todas las demandas se consiguieron, el levantamiento del paro provocó grandes discusiones y debates. En particular, en sectores de la izquierda -que desde este momento se convirtieron en algunos de los principales sectores de oposición en Ctera- se condenó este levantamiento, entendiéndolo como demostración del espíritu de “conciliación” propio de un sindicalismo burocrático.

La conducción de la Ctera, por el contrario, consideró que el resultado político más importante, más allá de los resultados prácticos, fue lograr que el tema de la educación popular ocupara sostenidamente la atención y preocupación pública, generando de esta forma, las necesarias condiciones para la transformación educativa, al unificar la lucha nacional.

En el plano de la disputa interna, el paro y la Marcha Blanca terminaron de legitimar políticamente, más allá de los aspectos legales o formales, a la Ctera conducida por Marcos Garcetti como la auténtica representación sindical de los trabajadores de la educación.

Esto no estuvo desligado de “haber asumido nuestra condición de trabajadores de la educación, en demostrar que además del justo reclamo salarial y condiciones dignas de trabajo, defendíamos el derecho a la educación con igualdad de oportunidades, y por sobre todo la defensa permanente de la “escuela pública”. (Memoria de Ctera, período 1987/1988).

El VII Congreso Extraordinario de Ctera declaró el 23 de mayo Día del Trabajador de la Educación, para recordar que en sus luchas “los maestros no dejamos de enseñar, enseñamos a luchar”.

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En el encuentro, los trabajadores hablaron con integrantes de la comisión directiva provincial de ATE  para establecer pautas claras para la elección de delegados y con la  secretaria de  Niñez, Familia y Discapacidad, Cristina Ponce, quien dijo que está dispuesta a dialogar para solucionar los problemas del organismo, según informaron a AIM.

En ese marco, se debatió que en Entre Ríos no hay una política de la niñez preventiva y en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) el personal, los recursos y articulación entre organismos del Estado hacen que sea insuficiente la estructura para atender de una forma integral los casos.

Ante ese escenario se reclaman salarios, recategorizaciones que no sean arbitrarias y programas concretos que atiendan a los sectores vulnerados, por lo que se realizará una asamblea el 6 de junio, para resolver qué pasos se dan, confiaron a esta Agencia.

Docentes privados suspendieron la acción porque se reunirán con el Arzobispado.

En la mañana de este miércoles desde el Arzobispado de Paraná habló el encargado de Educación quien solicitó a los trabajadores que suspendan la manifestación que se iba a realizar frente a la institución porque informó que desde la Iglesia Católica quieren iniciar una instancia de diálogo, ante la demanda de los docentes que reclaman un convenio colectivo de trabajo, indicó Cuestas a esta Agencia.

En ese marco, confirmó que se acordó  suspender la acción “momentáneamente”, porque se confirmó una audiencia para el próximo viernes a las 11 “para determinar los temas a trabajar en una futura agenda de negociación entre la patronal y el gremio”.

Cabe recordar que desde Sadop reclaman “la posibilidad de negociación un convenio colectivo de trabajo, ya que en el país se firmaron más de 9300 convenios colectivos por lo que más de 4 millones empelados privados ya tienen ese marco y nosotros somos alrededor de 250 mil trabajadores en el país y somos el único sector que aún no tenemos un convenio colectivo que nos permitiría tener paritarias”.

Diputados radicales piden informes por el jardinero de Kirchner.

Barreiro tiene un cargo “cultural” y ad-honorem en el gobierno de Entre Ríos y fue nombrado mediante el decreto 2693/12 del ministerio de Comunicación y Cultura, con viáticos de personal superior fuera de escalafón, funcionario político nivel 41.

En diálogo con esta Agencia, el legislador explicó que la bancada que lidera quiere conocer “los detalles de la contratación de Barreiro como funcionario provincial. Queremos saber a ciencia cierta para qué lo contrataron, así como el carácter de su contratación y el detalle de las funciones que realiza”, especificó.

De qué se trata
El pedido de informe lleva las firmas de Federik, Felicitas Rodríguez, Pedro Ullúa, Jorge Monge, Antonio Rubio y Fuad Sosa. En concreto, le pregunta al gobernador, Sergio Urribarri, “si conoce los antecedentes de acrecentamiento exponencial de los bienes del contratado, que fuera de profesión jardinero y si al momento de concretar su nombramiento, se tuvieron en cuenta y forman parte de su legajo, y también que describa las gestiones realizadas por el contratado que desde la fecha de su contrato se han concretado”.

El texto también explicita que “Ricardo Barreiro es el ex jardinero de la familia presidencial, publico y notoriamente conocido por su rol de ex secretario de Néstor Kirchner y hoy empresario hotelero, gastronómico y referente de la empresa RP Transportes SA, que realiza rutas con combis y colectivos en la zona de El Calafate, el Glaciar Perito Moreno, El Chaltén y Torres del Paine (Chile). Barreriro es también quien administra el Hotel Los Sauces, de la presidenta Cristina Fernández”.

Advierte  que “parte de las propiedades que se le adjudican en Santa Cruz han sido construidas en aquellos lotes adquiridos a 7,50 pesos el m2 al estado municipal del Calafate. Además, Barreiro ha levantado otros hoteles, incluyendo uno de cuatro estrellas (Altos de Amaicha) en los Valles Calchaquíes, en Amaicha del Valle (Tucumán), cuestionado en su momento por las comunidades aborígenes por ‘usurpación de tierras’, sin respuesta a estas acciones aún”.

La bancada radical fundamenta parte de su pedido en publicación de la Agencia OPI Santa Cruz, que expresa: “como hemos visto en otros ejemplos cercanos a Néstor Kirchner, tal el caso de Rudy Ulloa (de chofer a empresario de medios) Lázaro Báez (de empelado bancario a multimillonario de la construcción) Raúl Copetti (de tesorero del FPV a empresario millonario hotelero, diversificado en los últimos tiempos) y muchos más, Ricardo Barreiro quemó etapas rápidamente y trepó gracias a la movilidad ascendente que les permite el gobierno nacional, a ciertos ciudadanos del círculo íntimo del kirchnerismo”.

“Las denuncias públicas realizadas por el periodismo han detectado un meteórico ascenso económico del contratado, que contrasta con su inicial profesión de jardinero, no hace más de 10 años, además de sindicárselo vinculado al empresario Lázaro Báez, quien según la confesión del contador Leonardo Fariña y del financista Federico Elaskar, y el testimonio en la justicia de Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner, sería el referente del esquema montado para el lavado de dinero proveniente de la corrupción”.

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