Ambientalistas advierten que está vigente el amparo a las fumigaciones del STJ

La “Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es basta”, dio a conocer un comunicado donde señalaron que sigue vigente el fallo de la Justicia que prohíbe las fumigaciones terrestres alrededor de la escuelas rurales en 1.000 metro y las aéreas en 3.000 metros. La medida, dijeron, rige aún con el decreto del Gobierno provincial publicado el pasado 2 de enero, que establece límites de 100 y 500 metros en cada caso, según pudo conocer en la declaración AIM.

Archivo

“Contra las escuelas y contra la justicia, el Gobernador Bordet decreta reducir las distancias para fumigar”, señalaron desde “Basta es Basta” en referencia a la normativa que establece la reducción del límite para las pulverizaciones alrededor de los establecimientos educativos en 100 y 500 metros. La agrupación de entidades ambientalistas recordó que al Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, estableció en un amparo ambiental del 30 de octubre pasado “una protección provisoria de 1.000 y 3.000 metros de las escuelas rurales hasta que la Provincia sancione una ley de regulación de agroquimicos que garantice la preservación del interés superior de niños niñas y adolescentes y la protección de su salud. La norma exigida debe fundamentar las distancias de las pulverizaciones mediante aval científico, estudios epidemiológicos y de salud. Nada de eso ocurrió”, afirmaron las entidades.

Por otro lado, “Basta es Basta” dijo que el decreto Nº 4.407/18 firmado por el gobernador Gustavo Bordet “redujo las distancias en base a una simple resolución ministerial sin control alguno, un conjunto de ‘buenas prácticas’ que niega las derivas secundarias y ensaya con agua, establecidas para fingir el cumplimiento de normas ambientales que el estado jamás verificó. Ni a 50 ni a 100 ni a 1.000 metros”.

Por último, desde esta coordinadora provincial reiteraron “la plena vigencia de la sentencia de nuestro máximo tribunal que no puede ser contrariada por un decreto del Poder Ejecutivo; cualquier incumplimiento será  denunciado en la causa. Además realizaremos las presentaciones judiciales pertinentes para que se determine la improcedencia e invalidez del decreto del gobernador”, advirtieron.