En el último trimestre, los Congresos de América Latina fueron abordando el diseño de políticas que podrían generar transparencia en la información pública, en la financiación de los partidos políticos, rendición de cuentas y además establecer un marco de combate de la corrupción, supo AIM a partir de un informe de la Fundación Directorio Legislativo.

Según el informe al que tuvo acceso AIM, combatir la corrupción es el objetivo que manifiestan, con matices, los autores de los diversos proyectos de ley. Las iniciativas no surgieron porque sí, sino que son la respuesta a una coyuntura particular que comparten los países de la región.

Este proceso legislativo contra la corrupción tiene como disparadores principales el impacto que recibió la estructura política latina tras las investigaciones por las licitaciones de obra pública, los Panamá Papers, presuntos aportes electorales ilegales y

asociaciones ilícitas. Salvo las causas impulsadas por las declaraciones de la constructora brasileña Odebrecht, el resto de las investigaciones fueron producto de tareas periodísticas. En ese sentido, se manifestó la trascendencia del rol de la sociedad civil en estos temas que implicaron la renuncia de presidentes y vices (algunos incluso presos), intentos de juicios políticos y empresarios detenidos.

Nueve Estados de la región están actualmente trabajando para establecer mecanismos de rendición de cuentas más efectivos y accesibles para la ciudadanía así como en normativas que den mayor transparencia sobre los destinos del gasto y medidas para

mitigar la corrupción (tanto en el sector privado como el público). De estos países, los que abordan el tema en forma más significativa son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú.

Sin dudas la lucha contra la corrupción es un tema que ha cobrado relevancia en el continente, atravesando discursos electorales y compromisos ante organismos internacionales y llegando a instalarse en las discusiones legislativas. Resulta fundamental que el análisis regional comprenda no solamente los temas que se incorporan en las agendas parlamentarias sino lo que a ellas subyace.

Lo cierto es que este tipo de proyectos surge como respuesta a situaciones coyunturales de corrupción en los distintos países, escándalos y polémicas que le dan impulso a los temas institucionales y logran que la transparencia y la rendición de cuentas lleguen a los Congresos y se transformen en proyectos de ley que probablemente no hubieran corrido igual suerte en la agenda política y mediática de sus países en contextos diferentes al actual.

En este contexto es válido formular algunas preguntas. ¿La agenda avanza por convicción o por conveniencia política? ¿Qué espacios de participación ciudadana se están generando hacia Estados más accesibles, abiertos y transparentes? Si los proyectos logran ser convertidos en ley, ¿cómo y cuándo serán reglamentados? ¿La existencia de proyectos de estas características significan que existe una agenda de anticorrupción efectiva e integrado por todos los países de la región?

El rol de la sociedad civil será central para impulsar y dar seguimiento a estos procesos y que efectivamente se conviertan en políticas públicas de calidad en materia de lucha contra la corrupción.