La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), repudió la propuesta de un aumento salarial del 12 por ciento fijado por el Gobierno en el marco de la negociación paritaria. Además, observó con desconfianza el rol que jugará la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), ya que se sospecha cierto interés por acordar en apenas un 15 por ciento. “No puede tomarse con seriedad esta discusión”, dijo a AIM el delegado del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Entre Ríos, Federico Gallardo.
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Desde ATE sostienen por lo bajo (y no tanto), que la propuesta de un aumento salarial del 12 por ciento para los trabajadores del Estado fue planificada entre el Gobierno y Upcn, a fin de allanar el camino para luego cerrar la paritaria en una suba del 15 por ciento. Sea esto cierto o no, lo cierto es que desde ATE se sostuvo que “lo que se está discutiendo no son paritarias, sino el grado de ajuste que recaerá sobre el bolsillo de los trabajadores”, tal como explicó Gallardo.
“No puede tomarse con seriedad la propuesta de un 12 por ciento de aumento cuando la inflación ya superó el 20 por ciento solo en el primer semestre”, analizó el trabajador de Senasa Entre Ríos. Por el contrario, expresó que “de esta cifra irrisoria solo puede concluirse que continúa la política de ajuste, porque a la vez que rebajan los salarios siguen despidiendo trabajadores”.
Además, Gallardo dijo que el empleo público viene observado un decaimiento en su poder adquisitivo desde hace tres paritarias, lo que les generó una pérdida total del salario, de 2016 a la fecha, mayor al 30 por ciento.
“Ya no se pueden afrontar los mismos gastos, por eso cansa que se cierren las paritarias por debajo de la inflación. Y seguramente los delegados nacionales se negarán a firmar la propuesta”, reflexionó.
Mayor al 25 por ciento
Según Gallardo, el aumento salarial “no puede ser inferior al 25 por ciento y debe acordarse una cláusula gatillo”. Esta cifra, sostuvo, “se desprende de lo que marcan los índices de inflación”.
Asimismo, contó cómo afecta esta pérdida salarial de los trabajadores estatales hacia dentro del mercado interno: “La baja en el poder adquisitivo del sector afecta directamente a las economías regionales, porque es el ciudadano de cada localidad quien vuelca su dinero en los comercios y en los negocios, pero también es quien, al tener menos dinero, no puede salir de compras”.
“Es una situación insostenible y que se profundiza cada vez más”, cerró.