Más allá de la agenda sobre los debates de la legalización del aborto, el Congreso quedó en deuda en el balance del primer semestre del año. Un informe de la Fundación Directorio Legislativo, confirma la fuerte baja en la tarea parlamentaria: sólo fueron sancionadas 18 leyes antes del receso -no habrá sesiones hasta el final de las vacaciones de invierno- nueve menos que el año pasado.

Hasta el 30 de junio, se habían sancionado apenas 12 leyes, sin contar las que se votaron en las únicas sesiones de julio, realizadas el miércoles pasado en el Senado y en Diputados simultáneamente.

Es la cifra más baja en dicho período desde el inicio de la gestión presidencial de Mauricio Macri. En el primer semestre con Cambiemos en el gobierno, el de 2016, se había dado sanción definitiva a 22 leyes, en tanto que en 2017 sumaron 27.

La baja en la producción legislativa también fue acompañada por las diferencias en la cantidad de medias sanciones (proyectos aprobados sólo en una de las cámaras). Este año van 34, contra 39 en 2017 y 55 en 2016, el año más activo de la era Macri en ese aspecto.

En cuanto a cantidad de sesiones, en cambio, los números son similares. Fueron 16 este año (ocho en Diputados y otras ocho en el Senado), contra 15 el año pasado y 17 en 2016, incluyendo las reuniones de carácter informativo por la presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Cuatro de cada diez leyes aprobadas este año fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo, arriba de la media del 30 por ciento que se registraba desde el comienzo de la gestión Cambiemos. En este caso, cabe destacar que tres de los proyectos de origen legislativo -presentados por diputados de Cambiemos- fueron una copia fiel de distintos capítulo del decreto de necesidad y urgencia sobre la desburocratización del Estado, ligados a la administración pública, al desarrollo productivo y a infraestructura.

Del total de leyes sancionadas -incluyendo las de origen parlamentario y las presentadas por el Ejecutivo- , nada menos que un 44 por ciento tuvo temática económica: fueron 8. En ese listado se destacaron las de Compre Nacional, de Defensa de la Competencia y de Financiamiento Productivo, el nuevo nombre que le dieron a la regulación del mercado de capitales, para promover el acceso de las pequeñas y medianas empresas.

Además, el 17 por ciento (tres leyes) estuvieron referidas a temas de relaciones internacionales (convenios); jerarquización de fiestas regionales, fechas y monumentos, y de justicia, entre ellas la ley Brisa que ampara a hijos de víctimas de femicidios. Por último hubo un 11 por ciento de leyes que se aprobaron vinculadas a cuestiones de salud, como la ley Justina, que declara a todos los mayores de edad como potenciales donantes de órganos.