Un proyecto de ley, autoría de la legisladora nacional María Cristina Álvarez Rodríguez (FPV-Buenos Aires), tiene por objeto establecer los lineamientos marco que regulan la reeducación de varones violentos. La iniciativa, que ingresó días atrás, se encuentra a la espera de tratamiento en la comisiones de Familia y de Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados.
El proyecto, al que tuvo acceso AIM, prevé que toda política pública sea destinada a la reeducación de varones violentos, en cualquiera de los tres poderes del Estado y sea su competencia nacional, provincial o municipal, debe garantizar los siguientes preceptos rectores:
- a) Despatologización. La violencia de género debe abordarse desde una mirada psico-social, cultural, ambiental, entre otras. La violencia de género no es una enfermedad y la medicalización del violento debe estar ausente.
- b) Las políticas públicas destinadas a la reeducación de varones violentos deben contar con equipos técnicos compuestos por trabajadores pertenecientes a diferentes disciplinas científicas.
- c) Las políticas públicas destinadas a la reeducación de varones violentos deben garantizar el respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad de las personas que padecen violencia (acorde a lo dispuesto en el artículo siete inciso f de la ley 26.485) y de las personas que ejercen violencia.
A partir de la norma, se deberán realizar campañas de difusión sobre las políticas públicas dirigidas hacia varones violentos, y elaborar material gráfico y audiovisual que sirva de soporte para las iniciativas en materia de reeducación que lleven adelante los diferentes organismos del Estado.
En tanto, podrán acceder al presente programa varones mayores de 18 años:
- a) Por derivación de la justicia penal;
- b) por derivación de la justicia civil; y
- c) de forma voluntaria.
El programa contará con un equipo multidisciplinario, conformado al menos por dos psicólogos; dos trabajadores sociales; un antropólogo y un sociólogo.
El programa tendrá como máximo una duración de 24 meses corridos. En caso de requerir más tiempo, deberá ser evaluado por el equipo multidisciplinario. Será obligatorio para los varones violentos denunciados tanto en la justicia penal como en la justicia civil.