Un proyecto de Ley presentado en la Cámara Baja apunta a “hacer verdaderamente efectivos los beneficios que (la Ley 9.353) contempla para las empresas de la provincia, en el marco de las contrataciones públicas”. Las modificaciones propuestas apuntan a flexibilizar requisitos para ser proveedoras del Estado a empresas de origen entrerriano y/o que produzcan o presten sus servicios en la provincia, supo AIM.[{adj:950 alignright}]

Un proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos establece modificaciones a la Ley 9.353 denominada de “compre provincial”, que establece ventajas para las empresas de origen entrerriano y con producción local en las contrataciones del Estado.

“El sector productivo entrerriano asiste a serias dificultades para su desarrollo y en muchos casos para su simple subsistencia”, sostuvo el diputado Esteban Vitor, autor de la iniciativa, que advirtió que “en gran medida, estas dificultades se originan en la falta de medidas gubernamentales conducentes a su superación, por medio de un apoyo certero, para transformarse en el motor del desarrollo a través de la generación de recursos y el aumento de la demanda laboral”.

En ese marco, señaló que en comparación con las otras provincias de la Región Centro, se observa “una brecha importante en relación no sólo con la cantidad de empresas radicadas, sino también, con la presión tributaria, su marcada disparidad normativa o falta de armonización, la fuerte disparidad de indicadores entre empleo público y privado, y sobre todo la moderada inversión en infraestructura”.

En ese contexto, la iniciativa propuesta apunta a “efectivizar una medida que favorezca decididamente al emprendedor local en aquellas contrataciones públicas que realice el Estado provincial”; en este caso, modificando la Ley 9.353 para “hacer verdaderamente efectivos los beneficios que ella contempla para las empresas de la provincia, en el marco de las contrataciones públicas”.

La modificación consiste en la eliminación de requisitos que, según el autor del proyecto, son “superfluos o sobreabundantes, siendo reemplazados por otras exigencias de posible cumplimiento por parte de los proveedores locales”, buscando así superar los obstáculos de la actual normativa, argumentó, la hacen “prácticamente inaplicable en los hechos; registrándose desde su sanción –según manifiestan comerciantes locales– solo un puñado de casos en donde las firmas locales han podido acceder a estos beneficios”.