El gobierno de Sebastián Piñera modificó el protocolo de aplicación de la ley de aborto en tres causales, para facilitar que instituciones privadas apelen a la "objeción de conciencia" y no practiquen la interrupción del embarazo.
A través de un decreto emitido el viernes, a dos semanas de asumir el gobierno, el ministerio de Salud eliminó un artículo que hacía alusión a los convenios del Estado con instituciones de salud privada para la realización de abortos en caso de violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad fetal.
El anterior protocolo rescindía los convenios pactados entre el Estado y aquellas instituciones privadas que apelaran a la objeción de conciencia para no practicar los abortos.
El nuevo protocolo reduce también los requisitos exigidos a las instituciones, al excluir la necesidad de justificar "en base a creencias, valores, idearios y la expresión de la relación concreta entre aquellos y sus estatutos" la decisión de objetar.
Para organizaciones feministas y autoridades del gobierno de Bachelet, que promulgó la ley de aborto terapéutico en septiembre del año pasado, la nueva regulación representa un boicot a la normativa.
"El nuevo protocolo para la aplicación de la ley de aborto en tres causales es un boicot ideológico y antidemocrático del actual gobierno, que busca por vía administrativa frenar una ley que contó con apoyo mayoritario", criticó la diputada del Partido Comunista Karol Cariola.
"Se están relajando y rebajando los estándares de la ley", afirmó de su lado Claudia Pascual, ministra del Servicio Nacional de la Mujer del gobierno de Bachelet que, con la promulgación de esta normativa, sacó a Chile del pequeñísimo grupo de países en los que la interrupción del embarazo no estaba permitida en ninguna forma.
No obstante, para el actual ministro de Salud, Emilio Santelices, este cambio de protocolo "busca corregir una distorsión que introducía el propio reglamento al establecer un vínculo (económico) entre la atención de cualquier índole y la objeción de conciencia".
La ley de aborto aprobada en el Parlamento chileno estableció la objeción de conciencia "personal", pero el Tribunal Constitucional -tras una petición de revisión de la norma por parte de legisladores conservadores- la amplío a toda una institución.