Una charla sobre experiencias en distintas intervenciones ciudadanas se llevará adelante este jueves 14, en el marco del ciclo “Ciudades 2030” que organiza Funder y el Cemupro. En diálogo con AIM, Maria Emma Bargagna, una de las exponentes, adelantó que hablará sobre la participación en la iniciativa popular por el borde costero.[{adj:36186 alignright}]
Este 14 de febrero, a las 20, en la sede del Colegio de Ingenieros, en España 281, se llevará adelante una mesa redonda sobre “Ideas para un buen gobierno en Paraná”. Se trata de un ciclo que impulsan La Fundación para el Desarrollo Entrerriano “Gobernador Raúl Uranga” y Centro de Estudios Municipales y Provinciales. Expondrán Francisco Uranga sobre “Un municipio al servicio de la ciudadanía”; Cecilia Pautaso de “Salud pública y sociedad civil”; Ivan Pesutto de “El consejo económico y social”; Rogelio Bruniard “Entonces “¿qué es un buen gobierno?” y María Emma Bargagna “Borde costero y participación ciudadana”. Ésta última, dijo a esta Agencia hará una relatoria sobre la experiencia de iniciativa popular que se llevó adelante en Paraná para el resguardo del acceso público a la costa.
Bargagna anticipó que su idea es poder llevar al intercambio la experiencia donde una iniciativa popular se vio frustrada en la transición del gobierno municipal. Recordó que se llevó adelante una recolección de firmas para avalar un proyecto de ordenanza que obtuvo 4.000 firmas. Pero cuando ingresó formalmente al Honorable Concejo Deliberante, la iniciativa fue rechazada. Era “proyecto ejemplar y redactado correcta, de manera legal e integral, pero al reiniciar con la última conformación del Concejo en la comisión de Legislación fue rechazado su tratamiento”, contó. Se lo dejó de lado porque “no cumplía con la ley provincial de la Nº 10.027, que establece el nuevo Régimen Municipal. En esta normativa publicada en 2011, se introdujeron requisitos “que limitan la participación popular a un grado tal que termina siendo de imposible cumplimiento”, entendió la abogada. Porque se establece que “las 4.000 firmas que avalan el tratamiento del proyecto de ordenanza están certificadas por un escribano o ante un funcionario público”. Así, “es un requisito imposible porque los ciudadanos que participan en las asambleas generalmente trabajan de lunes a vienes y cumplen con esta actividad para la ciudad en los días que no trabajan y algunos son de escasos recursos. Entonces no se puede pedir que cada uno certifique con un escribano o que haga cola delante de un funcionario para que se le certifique la firma. Es una valla que dificulta la participaron popular”.
Por último, la activista ciudadana contó que solicitaron a las autoridades aplicar un principio de progresividad constitucional que habilita a las normas que aseguran mayor derecho a la participación para el tratamiento de la iniciativa, pero no hubo caso. “Si hubiera habido voluntad política, la Municipalidad nos hubiera recepcionado la iniciativa para que sea debatida en el HCD en lugar de atener a una norma regresiva como la 10.027 en materia de participación ciudadana”, comentó.