El informe de la asociación civil Comunicación para la igualdad, “Violencia de género y políticas públicas de comunicación en Argentina: avances y retrocesos hasta 2017”, advierte que “se observa un retroceso en relación a la protección de las audiencias, principalmente en los sectores más vulnerables, tanto en la perspectiva de género como en el acceso a la información, entendida como derecho humano”, confirmó AIM.
La asociación civil Comunicación para la Igualdad, que desde su fundación en 2012 funciona como observatorio y promotora de la implementación de políticas públicas y buenas prácticas con perspectiva de género en los medios de comunicación, publicó recientemente su segundo informe titulado: “Violencia de género y políticas públicas de comunicación en Argentina: avances y retrocesos hasta 2017” en el que profundiza su análisis y compara el estado de situación actual respecto de su informe anterior, publicado en 2016. Ya en los primeros párrafos, el informe enfatiza que se observa un retroceso en relación a la protección de las audiencias, principalmente en los sectores más vulnerables, tanto en la perspectiva de género como en el acceso a la información, entendida como derecho humano.
Los temas abordados en el documento son parte de los que se conocen como violencia simbólica y violencia mediática, las que definen como: la primera es aquella que sostiene un desequilibrio de poder en las relaciones de género, que no requiere uso de la violencia física y se manifiesta a través de la construcción e imposición de estereotipos, creencias, valoraciones, conductas y representaciones que luego son asimilados por el conjunto social e incorporados al imaginario, y añade que “de este modo, las situaciones de dominación se cubren de una narrativa que las legitima y naturaliza, profundizando la desigualdad y la violencia”. Esta forma de violencia, se entrelaza con la mediática que se expresa a través de los medios de comunicación, manteniendo la desigualdad y discriminación hacia la mujer logrando su aceptación y reproducción incluso por parte de las mismas mujeres y/o identidades femeninas o feminizadas. El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que obliga a los Estados a implementar políticas y prácticas no discriminatorias, ya en el año 2010 sugirió la adopción de estrategias concretas para hacer frente a la cultura patriarcal dominante en nuestro país” y en 2016 manifestó nuevamente su preocupación por la persistencia de los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad, las formas de discriminación y la cultura machista profundamente arraigada”. El documento también observa que a partir de diciembre de 2015, con el nuevo gobierno en ejercicio del poder, se materializa un cambio radical en cuanto al posicionamiento estatal en relación a las políticas públicas de comunicación, que viró hacia un modelo neoliberal, este dato no es menor ya que los especialistas afirman que es muy difícil combatir la discriminación en un contexto de concentración de capitales y de medios como el que se habilitó a partir de los decretos modificatorios de las leyes de comunicación y sus organismos de control, construyendo voces hegemónicas y empujando al cierre forzoso de centenares de medios alternativos o menores a lo largo de todo el país.
Humor y discriminación.
La órbita de tópicos a tener en cuenta a la hora de evaluar la relación que venimos describiendo es amplia y, el límite entre humor y discriminación se presenta como uno de los más arduos debates de análisis crítico de los medios desde un punto de vista de género y de la libertad de expresión en general. Sin embargo entre las resoluciones analizadas en el informe de referencia, se evidencia un mayor número de sanciones por violencia hacia las mujeres que especifica un límite claro entre humor y discurso violento, especialmente sobre el tratamiento de “casos” relacionados con violaciones, femicidios y acosos. Resulta del estudio realizado por la asociación civil, que es necesaria una mayor capacitación del personal de los medios de comunicación, en cuanto a la sensibilización y visibilización de las problemáticas de género y diversidad y una mayor celeridad en el tratamiento de las denuncias, ya que el mayor número de casos resueltos referencian a expedientes que se remontan hasta el 2010.
A modo de conclusión puede decirse que, desde diciembre de 2015, se hace patente un retroceso en el accionar de los organismos de control audiovisual encargados de hacer cumplir las normativas vigentes, lo que pone en evidencia, lisa y llanamente, la falta de voluntad política ya que las facultades están previstas en sus cartas orgánicas que les otorga autonomía y discrecionalidad y alerta sobre un futuro poco claro, ya que los proyectos de modificación de las normas y organismos que se encuentran, actualmente, en estado de consulta, ofrecen mayor flexibilización de las facultades de control, lo que traería una mayor ausencia del Estado, consecuente con el modelo político-económico que esgrime la administración Macri.
En el informe anterior, aparecido en 2016, las autoras de éste expresaron: “para poder erradicar la discriminación y la violencia hacia las mujeres es necesario un accionar constante e ininterrumpido, a través del abordaje coordinado por el Estado, que reconozca el rol de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los medios privados, con el firme objetivo de lograr la igualdad de toda la ciudadanía y el pleno ejercicio de los derechos humanos, como pilares de nuestra sociedad”.
Por: Valentín Ibarra, para AIM.