Desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), destacaron a AIM el desarrollo del Primer Encuentro Nacional Derechos Humanos y Educación Superior, que contó con la participación de alrededor de 600 personas de todo el país. Las conclusiones fueron plasmadas en la lectura de una declaración que se dio a conocer en la clausura del evento.

Fuentes ligadas al área de prensa de la universidad informaron a AIM que el encuentro se desarrolló tal y como estaba previsto y que hubo una numerosa participación entre acreditados y oyentes.

“Se dieron lugar distintos espacios y temáticas en simultáneo, y todavía están a disposición 11 muestras visuales de fotografías óleos y otras puestas envidadas desde distintas universidades para acompañar el desarrollo del encuentro”, aseguraron.

El encuentro también contó con la presencia de representantes de instituciones y organismos de educación superior no universitarios de la Argentina, y también desde Montevideo, Uruguay.

“También destacamos la conformación de esta Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, que ya existía desde antes, pero recién en esta oportunidad se incorporó al Consejo Interuniversitario. En este sentido, nos parece un reconocimiento y una posibilidad de ampliar el trabajo”, destacaron desde el área de prensa.

Los trabajos y resúmenes presentados suman alrededor de 400 y aparecerán en una publicación que se editará el año que viene, con el objetivo de crear un registro de cada una de las experiencias. “Para Uader, esto significa la consolidación de un trabajo de muchos años y gestiones, respecto de los derechos humanos y la educación, ejes centrales en cada una de las cosas que se hacen, sobre todo en cuestiones de inclusión de otros sectores que no se relacionan con la universidad”, finalizaron.

La declaración

Según se informó desde Uader, la declaración  con la que finalizó el encuentro se enmarcó en el centenario de la Reforma Universitaria, como un “compromiso ineludible con el fortalecimiento democrático”.

El texto, al que tuvo acceso AIM, expresó en uno de sus puntos que “es compromiso del Estado garantizar este derecho financiando debidamente a las instituciones universitarias, remunerando con justicia a los/las docentes y trabajadores e implementando políticas de inclusión social”

Asimismo, establece que “la universidad pública debe promover la des-colonización de los modelos educativos y culturales, la des-patriarcalización de sus prácticas y la desmercantilización de sus lógicas, incorporando enfoques extracéntricos, descoloniales, de género y con sentido humanista y ambiental en sus prácticas”.

La declaración apoya “el compromiso ineludible con la democracia y la plena vigencia del Estado de Derecho, como garantía de respeto a los derechos humanos, sociales, políticos, económicos y culturales del pueblo”. En este sentido, critica el ajuste económico generado por el gobierno, que provoca “una situación crítica que amenaza la paz social y atenta contra el sentido de lo público, la igualdad y la justicia”.

Por último, defendió “la construcción de memoria, como principio educativo y académico fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y socialmente comprometido”.