Entró al recinto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley, al que pudo acceder AIM, que propone la contratación y capacitación de agentes administrativos para realizar atención al público mediante lenguaje de señas. Abarca a todos los organismos públicos provinciales, con el objetivo de “facilitar la comunicación, el asesoramiento y la gestión de todo tipo de trámites oficiales” a las personas hipoacúsicas. El texto también pide que se cumpla la norma que exige a los medios audiovisuales contar con subtitulado acorde a estas personas.

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El proyecto ingresado es de autoría de la diputada del bloque Cambiemos, Gabriela Lena, y lleva además las firmas de Sergio Kneeteman, José Artusi y Amado Sosa. El texto prevé la aplicación de esta iniciativa en “todos los organismos públicos y entes descentralizados de la provincia que tengan atención al público”.

La autoridad de aplicación, en tanto, sería ejercida “por el Consejo General de Educación”, el cual “diseñará y capacitará en la lengua de señas argentina a los agentes provinciales que sean designados por cada organismo público”.

En su artículo tercero, el proyecto propone realizar capacitaciones espontáneas a quienes ya se desempeñen como agentes de la administración pública provincial. Se seleccionaría uno por dependencia u organismo y, en caso de postularse más de un agente, se definiría “por concurso de antecedentes y oposición”.

“La capacitación que se realizará sobre el personal administrativo voluntario hará énfasis en el personal del sistema público de salud, seguridad, justicia, bomberos y defensa civil con el objeto de brindar atención de las personas sordas en situaciones de emergencia y urgencia”, agrega el texto.

Asimismo, prevé que los medios audiovisuales de la provincia cumplan “con el artículo 66 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, incorporando medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto, lenguaje de señas y audio descripción”.

“Hacer justicia”

Entre sus fundamentos, los autores de este proyecto de ley recuerdan que “la Lengua de Señas Argentinas (LSA) está reconocida como lengua natural de la comunidad sorda” y que es un derecho "el utilizarla como medio de expresión, comunicación y aprendizaje”.

Además, explican que, “según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 5 por ciento de la población mundial, equivalente a 360 millones de personas, padece pérdida de audición discapacitante, de los cuales 328 millones son adultos, y 32 millones son niños”.

“En Argentina, la hipoacusia afecta a un margen que oscila entre 700 y 2.100 niños recién nacidos al año”, agrega el documento.

En este marco, y de aprobarse, la ley facilitará "la accesibilidad a los servicios y gestiones del estado provincial de las personas hipoacúsicas al establecer como obligatoria la atención al público de todos los estamentos estatales”.

“Es, en definitiva hacer justicia con las personas que bregan por el reconocimiento de su lengua y su completa inserción en la comunidad”, puntualizaron.