Diputados quiere avanzar en la Ley Corta (y las empresas extranjeras también)

La Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados analizará este martes el proyecto de ley en revisión por el cual se fomenta el despliegue de infraestructura y competencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC, aprobada el pasado 4 de julio por el Senado.  En las próximas semanas, comenzará una fuerte disputa y riña de intereses entre el sector público y privado por esta norma que, en 2020, daría a las Telcos la posibilidad de ofrecer cuádruple play.

Foto: ilustración.

La Comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados se reunirá este  martes para analizar la denominada futura Ley Corta, autoría del Poder Ejecutivo. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y es uno de los objetivos del Gobierno para este año, ya que modifica unas de las columnas vertebrales de la gestión: las Leyes 27.078, de Argentina Digital, y 27.208, de Desarrollo de la Industria Satelital nacional

En esta ocasión, a partir de las 17, fueron invitadas asociaciones, cámaras y federaciones de diferentes lugares del país, relacionadas con las –TIC -.

Qué dice el proyecto

La norma habilitará que Telefónica y Claro brinden televisión satelital a partir de julio de 2020, pudiendo ofrecer servicios empaquetados de cuádruple play -televisión, banda ancha, telefonía fija y móvil- al igual que su competidora directa: la recientemente fusionada Cablevisión (Clarín)-Telecom.

Según el investigador de Conicet y docente universitario, Martín Becerra, desde que a fin del año pasado el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo íntegramente controlado por el Poder Ejecutivo, concedió su visto bueno a la unión de Cablevisión Holding S.A. (Clarín) con Telecom Argentina; Telefónica -dueña de Movistar- y Claro, no escatimaron esfuerzos en lobby para asegurarse una posición competitiva en el suculento mercado.

A comienzos de abril, la Casa Rosada envió al Congreso el proyecto de ley. Y aunque el Grupo Clarín es un valioso aliado en tiempos de ajuste y crisis, el gobierno de Mauricio Macri de alguna manera debía compensar a los “perdedores” de capital extranjero.

Críticas al proyecto

El proyecto establece que las compañías telefónicas y los licenciatarios de servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Tic) deberán facilitar su “infraestructura pasiva” (postes, torres y ductos) para ser compartida con “otros licenciatarios, para el despliegue de sus redes, en la medida en que ello sea técnicamente factible”.

A diferencia del proyecto original, el aprobado estira los plazos hasta julio de 2020 para la posibilidad de que las compañías telefónicas comiencen a ofrecer servicios de radiodifusión y TV satelital en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Ese plazo se extiende hasta el 1 de enero de 2021 para otros centros urbanos con más de 100.000 habitantes y hasta el 1 de enero de 2022 en las localidades más pequeñas, según indica el proyecto modificado.

Además, se dispone la asignación en forma directa a la compañía satelital Arsat de un mínimo del 20 por ciento de las frecuencias, para ser destinadas a Pymes y cooperativas del sector.

Sin embargo, según el investigador Martín Becerra, el proyecto de ley se inscribe en una serie de medidas puntuales y de inspiración unitaria tomadas por el gobierno en función de coyunturas y lecturas de corto plazo y, en consecuencia, carece de una mirada integral de las comunicaciones. Al carecer de esa mirada integral, tampoco estima el impacto que tendrá su aplicación.

Siguiendo al especialista, el proyecto de “ley corta” deja de considerar las diferentes escalas de funcionamiento del sector de las comunicaciones, que hasta ahora -y con tensiones lógicas- había reparado en el aporte que realiza el núcleo dinámico, intensivo en la generación de empleo y esencial como productor y proveedor de contenidos locales que son las cooperativas y Pymes en todo el territorio nacional (y no sólo donde hay grandes mercados). La perspectiva mercantilista de la ley corta elude contemplar el rol de cooperativas y emprendimientos pequeños y medianos en las economías regionales, pues su diseño obedece a una necesidad coyuntural (compensar a Telefónica de los beneficios dispensados al Grupo Clarín en plena fusión entre Cablevisión y Telecom). Además, su sesgo es marcadamente unitario y centralista, ya que proyecta al conjunto del heterogéneo territorio nacional las características del mercado de la Ciudad de Buenos Aires.

Es paradójico, pero la política en comunicaciones que desde diciembre de 2015 invoca la falta de atención a la convergencia de las leyes votadas por este Congreso en materia de telecomunicaciones, TIC y servicios audiovisuales, hasta ahora no ha hecho más que impedir la convergencia para la mayoría de los actores del sector amplio de las comunicaciones y allanar el camino de uno solo de ellos. Desde el inicio se habló de un “régimen de transición” que acabaría al cabo de seis meses con una propuesta de ley integral y convergente. Lejos de honrar ese compromiso, han pasado ya 30 meses y el único proyecto legislativo enviado por el gobierno consiste en un texto de 13 artículos inconexos que afectan al menos tres importantes leyes aprobadas por el Congreso Nacional, una de las cuales además exige una mayoría especial para su modificación.

La creación y disolución del ministerio de Comunicaciones, la gubernamentalización de la autoridad de aplicación (Enacom), donde los tres miembros designados por el Poder Legislativo sobre siete directores (los otros cuatro los pone el Poder Ejecutivo) pueden ser removidos “sin expresión de causa” por el Presidente; la promesa de un proyecto de ley integral de convergencia jamás presentado pese a la publicitada conformación de una comisión redactora; el objetivo de contar en el corto plazo con un cuarto operador de telefonía móvil, son parte de una secuencia errática que revela la ausencia de una estrategia de interés público en comunicaciones.

El proyecto expone beneficios tales como “contribuir a reducir la brecha digital; promover la competencia del sector, favorecer las inversiones y dinamizar el mercado, facilitar el mejora en la oferta de servicios y su calidad, y la reducción de los precios a los consumidores y usuarios”.

En la práctica propone autorizar a las empresas de telefonía ofrecer servicios de televisión satelital, algo que hoy no pueden. Así Telefónica y Claro podrán competir en la prestación de los denominados paquetes “cuádruple play” (telefonía fija, móvil, banda ancha de internet y TV por cable). Y supuestamente competirán con el Grupo Clarín, aunque recién en 2020. Aunque para garantizarles el negocio a todos, el Gobierno adjudicará nuevas Bandas de Frecuencia 4G.