El caso de Vanesa y la asociación de la migración con el delito

Vanessa Gómez Cueva es peruana. Llevaba 15 años en la Argentina. El viernes pasado, la Policía la fue a buscar a la casa en la que vivía en Villa Lugano y, con el pretexto de que debía firmar una notificación, la sacaron de su hogar con su bebé de dos años –y argentino-.Pese a que ya cumplió la condena que recibió por infracción a la Ley de Drogas, el operativo se desarrolló igual, separándola de sus otros dos hijos, de cinco y 14 años, que quedaron en el país. Este es uno de los ejemplos mediante el cual el gobierno busca asociar migración con delito, pero los datos lo desmienten.

El caso de Vanesa y la asociación de la migración con el delito

El porcentaje de personas extranjeras encarceladas en los últimos quince años (2002-2017) es estable. Es entre el 4,9 y el seis por ciento del total de la población recluida en establecimientos federales y provinciales, indicaron a AIM desde el Bloque de Trabajadores Migrantes.

En ese sentido, “la difusión de noticias falsas reafirma prejuicios, genera políticas públicas injustas y estigmatiza a las personas migrantes”, agregaron en un documento al que tuvo acceso AIM.

“Pese a que ya había cumplido su condena, el gobierno de Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expulsaron a una ciudadana Peruana, madre de tres hijos y que había finalizado sus estudios terciarios. El procedimiento fue absolutamente ilegal y fuera de toda norma. La expulsaron dejando a sus dos hijos acá en el país, sólo pudo irse con el más pequeño, que es argentino, lo que lo constituye una víctima colateral que también sufre de esta desvinculación familiar”, especificaron desde el Bloque, y agregaron: “Repudiamos esta medida que deja en desamparo a los tres menores de edad privándolos de la unidad familiar necesaria para todo niño, niña y adolescente (…) Los más humildes no somos responsables de los desastres del gobierno”.

Desde la Campaña nacional Migrar no es delito, repudiaron ante este Medio el accionar ilegal que expulsa a Vanesa y su hijo de dos años.

“¿Realmente vale la pena que el Estado gaste su tiempo y sus recursos en separar a una madre de sus hijos? ¿Hay un criterio más allá de la xenofobia? ¿Representa una amenaza una mujer joven que cumplió su condena, se reinsertó en la sociedad, estudió y crió a sus hijos? A nadie le importa quién se hará cargo de dos chicos o como se mantendrá una mujer que hace quince años armó su vida y su familia acá y ahora está en un país en el que está totalmente sola. Vanessa es sólo un número más en la estadística oficial”, dijeron.

Según datos que se hicieron públicos días atrás, “los argentinos perciben que hay 33 inmigrantes cada 100 habitantes cuando en realidad no alcanzan a ser cinco. Se repiten las quejas por los trabajos que supuestamente les quitan a los nacidos en el país, cuando la mayoría se desempeña en actividades que los argentinos rechazan o en las que están más calificados. Por los impuestos que pagan generan una contribución fiscal neta equivalente a dos puntos del PIB. Según la Ocde y la OIT, el número y las características de los inmigrantes en el país sugiere que su impacto económico es positivo. La desocupación llegó al 25 por ciento en 2002 y bajó al 5,9 en 2015 con la misma proporción de inmigrantes. Las estadísticas dejan en evidencia los prejuicios”