El defensor del Pueblo chaqueño va a la Justicia para frenar el desmonte

La Defensoría del Pueblo de Chaco presentó ayer una acción de amparo ante la Justicia civil y comercial, con el objetivo de que se disponga el cumplimiento de la ley nacional de bosques y se suspendan los desmontes en la provincia.

La Capital

“Se abrió la participación de todos los sectores interesados para alcanzar un acuerdo que resguarde el medioambiente”, dijo a Télam el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, tras presentar el amparo en el Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia.

El funcionario señaló que el 17 de septiembre se llevará a cabo “la audiencia de vista de causa para analizar las pruebas presentadas hasta el momento” y lamentó no haber recibido respuesta del Poder Ejecutivo ante la recomendación de la institución que preside.

“Si la provincia nos hubiese contestado antes de interponer el amparo nos hubiésemos evitado este proceso judicial. Acudimos a todas las instancias para evitarlo, pero no hubo respuesta del Ejecutivo chaqueño”, acotó Corregido.

A la acción de amparo presentada adhirieron las organizaciones Greenpace, Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y otras entidades de defensa de derechos humanos.

Corregido aseguró que “la situación se remonta a enero de este año cuando el gobierno provincial decretó nuevos procedimientos para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pero no suspendieron los desmontes autorizados previamente”.

“Ante la denuncia de varias organizaciones no gubernamentales en marzo sobre la continuación de tala de bosques nativos, la Defensoría del Pueblo del Chaco recomendó al Ejecutivo Provincial suspender las autorizaciones de desmontes”, añadió.

La recomendación hacía mención expresa “a las zonas Amarillas -categoría II- hasta la verificación del cumplimiento de las prescripciones de la ley nacional 26.331 -ley de bosques- establecidas a tal fin” y “se solicitó el control periódico de dichas suspensiones”, indicó.

“Varios permisos otorgados por la provincia para efectuar desmontes fueron cuestionados”, agregó Corregido, que sin embargo expresó que “de ninguna manera paralizamos la actividad forestal”.

“Sólo atacamos los 53 permisos otorgados en las condiciones modificadas por el nuevo decreto, pero los sectores forestales pueden recurrir a nuevos permisos cumpliendo con la ley”, añadió.

Fuente: La Capital