El defensor del Pueblo pidió debatir la calidad del servicio de colectivos

El ombudsman de la ciudad de Paraná, Luis Garay,  participó de la reunión realizada este miércoles en el marco de la convocatoria de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante para analizar el proyecto de aumento del precio del boleto de colectivos elevado por el Ejecutivo municipal. En el encuentro planteó que se haga un esfuerzo mancomunado para abordar el tipo de prestación que ejecutan las empresas concesionarias. También pidió al Ejecutivo un Plan B ante la seria crisis económica que atraviesa una de las empresas. 

El defensor del Pueblo de Paraná instó a que “de una vez por todas” se realice un trabajo conjunto que tenga como principal objetivo la calidad del servicio del transporte público y el usuario, “como principal razón de la prestación”, apuntó. Antes de la discusión en torno del precio del boleto, “hay que ocuparse del servicio”, sostuvo Garay. En ese sentido, mencionó que los reclamos de los usuarios siguen siendo la dilación de las frecuencias, la falta de garitas y de limpieza de los coches, entre otros, y que se tratan de planteos históricos, registrados por la institución desde prácticamente la creación de la Defensoría del Pueblo.

El ombudsman remarcó la coherencia de la institución a su cargo en el tiempo respecto al tema del transporte en la ciudad y citó, a modo de antecedentes, resoluciones emanadas en 2006, durante el mandato de la Defensora del Pueblo, Martha Benedetto; la participación en las audiencias públicas convocadas por el gobierno municipal en 2010 y  en una convocatoria realizada por el Ejecutivo Municipal en julio de 2012. En tanto, desde el año pasado, la institución integra por ordenanza la mesa del Sistema Integral de Transporte Urbano (Situ). Paralelamente, aclaró, la Defensoría utiliza en forma habitual las vías administrativas para elevar los reclamos puntuales de los usuarios.

“Si hoy la discusión es sólo el precio del boleto, yo (como defensor) estoy fuera de lugar acá”, dijo y agregó que “no existe servicio público sin el principal actor que es el pasajero, el usuario”. A propósito, mencionó la realización de tres estudios técnicos sobre el transporte: uno, de 2008, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); otro de 2011, elaborado por la firma brasileña Logitrans, y un tercero, de 2013, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y en todos, describió, se da cuenta de las dificultades y falencias notables del sistema. En este sentido citó como ejemplo un dato arrojado por el informe del BID: sólo el 14,5 por ciento de las personas que se deben trasladar usan el transporte público de colectivos. Así las cosas, concluyó en que si se mejorara sustancialmente el servicio, seguramente el colectivo tendría mayor número de usuarios.

Un plan B

Garay también intervino respecto a las la situación dada con las líneas interurbanas. Recordó el proceso de renovación de la concesión del servicio de transporte en Paraná y se detuvo en la audiencia pública realizada a fines de 2016. “Me decían que estaba loco cuando el 29 de diciembre de 2016 pedí en la audiencia pública la prórroga de la concesión (de las líneas urbanas de Paraná) hasta 2018″ para que el período coincidiera con la renovación de los permisos de los recorridos interurbanos. “Hoy entramos en algunas lagunas desde lo legal, lo político, lo racional, y el que se perjudica es el usuario”, aseguró al referirse a los problemas y confusiones surgidas a partir de la diferencia de servicios y de poder concedente. Es que en un caso, el control y regulación es potestad del

Municipio de Paraná, y en el otro, del gobierno de la provincia. Sin embargo, en los hechos no está tan claro el panorama.

El defensor también describió, a modo de ejemplo, lo que sucede con la exigencia de coches adaptados para personas con discapacidad. “La ordenanza vigente dice que debe estar adaptada el 20 por ciento de la flota de unidades. Pero ¿sobre qué número se haría el cálculo? ¿Sobre 190 que es el número de unidades que comprende las líneas interurbanas y las urbanas o sobre 120 que corresponde sólo a las urbana?”. Y siguiendo con las preguntas planteó si el Ejecutivo de Paraná está habilitado para fijar la tarifa de las líneas interubanas, tal cual refleja el proyecto de ordenanza en estudio.

Frente a este panorama complejo, Garay reiteró la necesidad de que se plantee un ámbito de encuentro con representantes de los municipios de la zona metropolitana (San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda) y el de Paraná, junto con autoridades del área de Transporte de la provincia.

Por último, en vista de las noticias y de la preocupación expuesta en la reunión por representantes de choferes ante la situación financiera de la empresa prestadora Ersa Urbano (una de las firmas que presta el servicio que pidió concurso de acreedores), el defensor exhortó a que el Estado piense en un plan B, con el fin de garantizar un servicio público fundamental para miles de usuarios. Por último, aseveró que “los empresarios son quienes tienen que cumplir con un servicio público de calidad y el poder de policía lo debe ejercer en forma plena el Estado, gobierne quien gobierne, por el beneficio de los usuarios”, concluyó.