El Gobierno busca establecer un marco regulador de ordenamiento territorial 

El Poder Ejecutivo ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley por el que se se establecerá el marco regulador general “para el ordenamiento del territorio provincial en aras a su desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente justo”, confirmó AIM. 

Casa de Gobierno.

El texto que tiene 100 artículos de fondo y uno de forma, tomará estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara Baja.  Con la iniciativa se “establece un marco rector general y define objetivos, competencias, principios rectores, autoridades de aplicación, instrumentos y recursos, para el desarrollo territorial equilibrado y sustentable de todo el territorio provincial, sus regiones, Municipios y Comunas; y crea un instrumento jurídico provincial que regula estos aspectos estratégicos, que hoy no cuentan con una regulación integral estableciendo políticas de estado de largo plazo que garanticen dar una solución integral a los distintos usos del suelo”, explicó el Gobernador Gustavo Bordet en los fundamentos a los que accedió esta Agencia.

Precisamente se apuesta a “lograr un equilibrio territorial que consolide el rol provincial en el contexto nacional pero que a su vez,  permita construir a través de una herramienta como el planeamiento, un proyecto político económico y un modelo de desarrollo sustentable de la provincia”.

Según el gobernador, el desafío “es el de tener una fuerte vinculación entre planificación y gestión con el objetivo de ir construyendo un modelo de provincia que genere condiciones favorables de trabajo, mejore la distribución de la renta, capte inversiones, favorezca el desarrollo industrial y respete y mejores las condiciones de vida de la población y conserve sus recursos naturales y sus ecosistemas”.

La implementación del ordenamiento territorial supone de nuevas instrumentaciones operacionales como la cooperación interjurisdiccional, la institucionalidad del planeamiento, los planes de ordenamiento territorial, la evaluación de impacto ambiental, entre otras, además requiere fundamentalmente, de decisión política de los actores en los distintos niveles de gobierno, en el convencimiento de que es una herramienta estratégica para acercarse a objetivos comunes.

Del territorio se desprenden diversas realidades, pero también señales y reservas suficientes para superar mayormente los problemas: “En este sentido el Ordenamiento territorial  intenta instalar la democratización del territorio a través de la planificación y gestión como ecuaciones inseparables”.

En cuanto a los usos del suelo,  se precisó que “en las últimas décadas, las problemáticas sociales y territoriales asociadas a las lógicas de uso y ocupación, se manifiestan de modo cada vez más frecuente y con mayor intensidad y ponen en evidencia la necesidad de redefinir y repensar las políticas asociadas al ordenamiento territorial”.

En el territorio rural, “se plantean  cuestiones a resolver que tienen incidencia sobre el medio natural y el medio antrópico, particularmente sobre la población rural de forma directa y la población urbana de modo indirecto tales como, la finitud del suelo como recurso básico necesario para la producción de alimentos; el cuidado del agua como recurso esencial para la vida humana y para la biodiversidad; la conservación de los bosques, humedales y ambientes naturales como hábitat soporte de los ecosistemas y proveedores de servicios ambientales; el avance de la frontera agrícola sobre ecosistemas frágiles y valiosos; la intensificación de riesgos hídricos con alto impacto en la producción;  la pérdida de población rural; la falta de energía y servicios en el medio rural; las necesidad de infraestructura para la competitividad de la producción; las prácticas productivas que implican canalizaciones del agua, polderizaciones, el uso inapropiado de agroquímicos y desmontes irregulares, entre tantas otras”.

En los sistemas urbanos “las problemáticas se relacionan a la ciudad como ámbito de realización de derechos que no siempre resulta inclusiva; como hábitat que no facilita el acceso a los servicios públicos, equipamientos comunitarios, y espacios públicos de calidad; a la incapacidad de algunas comunidades urbanas de generar posibilidades de acceso al suelo y a la vivienda para los sectores sociales más humildes; a la insuficiente provisión de servicios y equipamiento en urbanizaciones de baja densidad; a la contaminación de cursos de agua por efluentes cloacales e industriales; al inadecuado y precario manejo de los residuos urbanos; a las inundaciones por asentamientos inadecuados y por falta de infraestructuras; a la expansión descontrolada de las áreas urbanas sobre suelos de alto rendimiento productivo y ecosistemas sensibles;  entre otras”.

Particularmente, “es necesario dar solución al avance de la urbanización sobre territorio rural, hecho que perjudica el su potencial productivo. Esa puja debe ser conducida a través de un proceso de Planificación del crecimiento que permita a todos los sectores desarrollar en armonía su vida, interviniendo para evitar la precariedad y la fragmentación del territorio, la especulación del mercado con sus consecuencias de expansión desmedida caracterizada por baja densidad, dispersión, discontinuidad urbana, ausencia de servicios y equipamiento básico, siempre que, como es sabido esta situación deriva en altos costos sociales, económicos y ambientales”, enuncia el texto.