A partir de la resolución 392/2019, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se asigna en uso al ministerio de Seguridad - Gendarmería Nacional Argentina el inmueble Complejo Unidad Turística Chapadmalal, con el objeto de destinarlo a la instalación del Centro de Formación de Gendarmes, informó a AIM el especialista en infancias, José Machain. En ese marco, el predio deja de tener función recreativa. “Los pibes van a estar conviviendo con un Centro de Formación de Fuerzas de Seguridad”, denunció.

El Complejo Unidad Turística Chapadmalal, ubicada a 30 km de la ciudad de Mar del Plata, representa el impulso estatal en materia turística social. Fue desarrollado a través de colonias de vacaciones y complejos hoteleros, administrados tanto por el Estado, permitiendo albergar a miles de niños, jóvenes y familias para hacer efectivo su derecho al descanso.

“El Estado no puede adoptar medidas regresivas en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, sentenció a AIM el ex consejero por los derechos de los niños en la Legislatura porteña.

Al respecto, Machain presentó un amicus curiae, en el amparo que fuera iniciado por “Puerto Pibes”.

Machain aportó al Juzgado el acta que elaborara en su visita a “Puerto Pibes” el día 1 de abril de 2009 donde comprueba la ilegal presencia de miembros de la Policía Metropolitana y donde verifica la convivencia de miembros policiales armados junto a los niños y niñas asistentes a la escuela con las que comparte las instalaciones.

En la presentación judicial, a la que tuvo acceso AIM, se sostiene que el Gobierno de la Ciudad claramente viola el principio de “no regresividad y la progresividad” de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc).

“Es posible definir la progresividad y la no regresividad como dos caras de la misma moneda. En los derechos humanos en general y en los Desc está prohibido regresar a instancias anteriores de no cobertura o de menor alcance de la cobertura de un derecho (no retroceder) y sólo está permitido avanzar en la cobertura del mismo (progresividad)”, indica el escrito.

El desmantelamiento de Puerto Pibes y de los programas que en ese lugar se llevaban adelante “es un claro retroceso prohibido por ley al ser una medida regresiva”, sostuvo el referente a este Medio.

Cabe aclarar que amicus curiae es una presentación ante el tribunal donde tramita un litigio judicial de terceros ajenos a esa disputa que cuenten con un justificado interés en la resolución final del litigio, a fin de ofrecer opiniones consideradas de trascendencia para la sustanciación del proceso en torno a la materia controvertida.