Diputados de Cambiemos pidieron al Poder Ejecutivo Nacional que suprima los tiempos previstos en el decreto reglamentario de la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios (25.916), confirmó AIM.
El proyecto de declaración fue aprobado en la Cámara de Diputados de la provincia. El texto, remitido al Gobierno nacional reclama que se eliminen los artículos 33 y 34 de la Ley de protección ambiental para la Gestión integral de residuos domiciliarios, que establecen plazos de adecuación de entre diez y 15 años y, luego de se período, prohíbe la gestión de residuos domiciliarios que no cumpla con las pautas ambientales que garanticen el derecho a la salud y la vida digna.
Sin embargo, la mayoría de los municipios en Entre Ríos no cumple con la norma, por lo que los legisladores advierten que “no resulta adecuado establecer plazos máximos que puedan diferir” en la imposición condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental.
“Habiendo transcurrido casi 14 años desde la sanción de la Ley nacional y más de cuatro desde la de la Ley provincial 10.311, complementaria de aquella en esta materia, consideramos que debe dejarse sin efecto la observación de los artículos, ya que el plazo previsto en el artículo 33 ya estaría vencido, y el del 34 vencería en 2019; por lo que si bien al momento de promulgar la norma nacional pudo haber tenido algo de lógica observar dichos artículos a los efectos de permitir que las provincias dispongan sus propios plazos, hoy se corre el riesgo de contar con normas provinciales que no dispongan tales plazos o que no establezcan con claridad y contundencia las prohibiciones que se disponen”, argumentaron los diputados. En ese sentido, aclararon que se refieren “a la prohibición de la disposición final de residuos y a la gestión integral de éstos, en general, que no cumplan las disposiciones de la norma nacional. Debe tenerse en cuenta que la ley nacional 25.916 es una norma de presupuestos mínimos de protección ambiental, en el marco de una lógica de deslinde de competencias entre Nación y provincias que surge de las innovaciones en la materia introducidas en la reforma de la Constitución Nacional de 1994”.