Tras la toma de más de 12 horas en el ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, los 700 trabajadores del Astillero Río Santiago levantaron esta madrugada la medida de fuerza, luego de que las autoridades se comprometieran a atender sus reclamos. Sin embargo, en medio de esta situación, comenzaron a circular documentos “secretos”, a los que tuvo acceso AIM, que darían cuenta del “plan siniestro” que tendría diseñado el Gobierno para la mediatización del conflicto y sobre el futuro de la empresa. No es la primera vez que se conocen planes de acción y discursos homogéneos para que los funcionarios y empleados se manejen ante la agenda pública.
Según el cronograma que tendría diagramado el ministerio de Economía, se dejaría en evidencia un “sistemático plan” para “desmantelar la fábrica”, denunciaron a AIM desde Astilleros Río Santiago.
En una de sus hojas, el texto –al que accedió AIM- “establece el envío a la prensa información general del caso con situaciones concretas y pruebas para continuar mostrando el mal y podamos actuar”, dicen las hojas. En ese orden, se da cuenta de “la presentación de una primera denuncia judicial por presunto camino de lavado de dinero y asociación ilícita y, así, “mostrar avances en la lucha contra las mafias y los privilegios gremiales”, a los fines que se instale el tema en la agenda pública. También se buscarían colocar mediáticamente supuestas amenazas y amenazas contra el orden democrático, tales como el pedido por parte de los trabajadores para que se vayan el presidente y la gobernadora.
Los documentos tendrían en cuenta medidas y objetivos de las acciones programadas por el Gobierno provincial de Buenos Aires. En una etapa judicial, se mostró un plan de avance para dar cuenta de las supuestas “las luchas contra las mafias y los privilegios gremiales”; luego, en el período de reducción de personal y haciendo hincapié en el discurso de “la eficiencia y el control de la administración”, se trató de “sostener el conflicto” y “tomar medidas”. Así, “habiendo dejado en evidencia el mal, resultaría más sencillo explicar y justificar en el frente comunicacional las decisiones de la gestión”.
Según la agenda económica que tendría el Gobierno, entre septiembre y noviembre, se reduciría el personal, en caso de ser descartada la opción de cierre. Se preverían las desvinculaciones de 143 operarios que habrían ingresado en 2015. Asimismo, se prevé una “inminente” detección de “irregularidades del manejo de fondos de ATE girados al Astillero.
En ese sentido, el Gobierno provincial tendría un programa para “visualizar el problema y mostrar el mal” de la mano de la “construcción del enemigo”, dando cuenta de “las mafias que temen perder sus privilegios”, y así instalando un discurso sobre lo injusto de “financiar a los gremialistas con el dinero de los bonaerenses”, dicen el documento que circuló y al que pudo acceder AIM.