El Tribunal Electoral brasileño estrechó el cerco legal al ex presidente Lula da Silva prácticamente hasta el límite. Los magistrados sentenciaron que el ex mandatario no podrá concurrir a las elecciones de este octubre.

Teóricamente, Lula da Silva ya está fuera de la carrera electoral en Brasil. Tras una interminable sesión de casi 10 horas, el Tribunal Superior Electoral decidió la madrugada del sábado vetar su candidatura a la presidencia del Gobierno en las elecciones que se celebran en octubre.

Como estaba previsto, la mayoría de los jueces alegaron que Lula, en la cárcel desde abril, no puede presentarse porque pesa sobre él una condena en segunda instancia. La llamada ley de la Ficha Limpa (que el propio Lula aprobó en 2010) impide que concurran a los comicios candidatos condenados por la Justicia.

"La ley es inequívocamente clara", subrayó el juez Luis Roberto Barroso, encargado del caso de Lula y el primero en emitir su voto. Sólo uno de los siete jueces de la corte, Edson Fachin, consideró que Lula sí puede ser candidato.

Los jueces rechazaron las plegarias de los abogados de Lula para que respetaran la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que recientemente pidió que el ex presidente conservara sus derechos políticos y pudiera concurrir a los comicios aun estando en la cárcel.

La mayoría de magistrados del tribunal entendió ese mensaje apenas como una sugerencia, sin ningún impacto jurídico en Brasil.

El líder de la izquierda brasileña, que cumple una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero, sufrió un duro revés, pero aún tiene alguna opción de estar en las urnas en octubre, aunque muy remota.

Dos escenarios de futuro

Ahora se abren dos escenarios: la primera opción es que el partido acepte la derrota de Lula, cierre un capítulo y presente ya como sustituto a Fernando Haddad, hasta ahora candidato a vicepresidente. Desde la formación, esa hipótesis se descartó rápidamente; antes de que los jueces acabaran de deliberar ya anunciaba recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia.

Esa es la segunda opción, alargar la batalla jurídica para seguir ganando tiempo, lo que entraña numerosos riesgos. Mientras no haya una decisión en instancias superiores Lula podrá seguir apareciendo como candidato en la propaganda electoral, pero los plazos pueden irle a la contra.

El 17 de septiembre marcará un antes y un después: cuando faltarán 20 días para el primer turno electoral termina el plazo para que los partidos puedan cambiar a sus candidatos.

Si en ese momento, el Supremo aún no ha juzgado el recurso de los abogados de Lula el PT se enfrentará a un gran dilema. Deberá desistir definitivamente de Lula y presentar a Haddad o mantener la disputa jurídica, ya en el límite de la legalidad, con el riesgo de que al cabo de pocos días el Supremo vete a Lula y el partido entero se quede fuera de las elecciones.

Si el Supremo tardara mucho en pronunciarse podrían incluso anularse las elecciones en caso de que Lula resultase ganador. La estrategia a seguir, como todo en el PT en los últimos meses, se decidirá en una celda de Curitiba: "Estaré con él el próximo lunes; le explicaré el resultado del TSE y allí debatiremos qué hacer", decía Haddad poco antes de que se conociera el resultado. El posible sucesor se registró como abogado personal de Lula para poder visitarlo asiduamente en la cárcel.