En medio de un año electoral, el Gobierno instó al Congreso a avanzar en el proyecto de ley de Financiamiento de Partidos Políticos, que en marzo, será tratado finalmente en comisiones, para que en abril esté aprobado. En tanto, tal como adelantó AIM, no habrá sesiones extraordinarias, por lo que se espera el 1 de marzo, cuando será la Asamblea Legislativa, que dará inicio a un nuevo periodo.
El jefe de la bancada peronista, Miguel Ángel Pichetto, expresó públicamente que el proyecto de financiamiento político será tratado este año, en plena campaña electoral, por lo que durante la segunda semana de marzo habrá una “revisión final del proyecto” en el Senado, con el fin de votarlo en el recinto, aunque aclaró que “el dictamen fue muy trabajado” en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto.
El senador indicó que se activará el diálogo con la Cámara de Diputados para que la ley sea aprobada definitivamente en abril, para poder comenzar a aplicarla antes de las elecciones.
Mientras tanto, tal como adelantó AIM, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, confirmó este martes ante el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el jefe del bloque de senadores del peronismo, Miguel Pichetto, que no habrá convocatoria a sesiones extraordinarias.
“Consideramos que no había ningún tema de urgencia extrema para que el Congreso funcione ahora”, comentó Pichetto a la prensa acreditada al término de la reunión.
Qué dice el texto de Financiamiento
El texto, al que tuvo acceso AIM, habilita a las empresas a aportar a las campañas electorales, algo que hoy tienen prohibido, con un tope del cinco por ciento de los gastos permitidos para esa campaña. Se mantienen las prohibiciones actuales para sindicatos; empresas concesionarias o contratistas de nación o provincias; y empresas de juegos de azar, entre otros casos.
En otro orden, los partidos políticos que demoren hasta 30 días en presentar sus estados contables anuales y sus informes finales de campaña serán sancionadas con una multa equivalente al 10 por ciento de los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su determinación. Esta multa se duplicará si la demora se extiende a los 90 días, y si transcurre ese último plazo, el juez podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos.
El proyecto también establece que la Justicia Nacional Electoral podrá requerir la información que necesite a la UIF, el Banco Central, la Afip, la Anses; la Procelac, la Oficina Anticorrupción y todo otro organismo público que sea solicitado.
Por el momento, en la sesión de este miércoles en Senado, se trataría la ley Micaela, que apunta a capacitar con perspectiva de género a todos los empleados de los tres poderes del Estado, y que tuvo media sanción este martes en Diputados.