Fitosanitarios: La dilación de un conflicto que pone en riesgo a cientos de productores

Fitosanitarios: La dilación de un conflicto que pone en riesgo a cientos de productores. // AIM

El Gobierno entrerriano aún no dio a conocer el Decreto por el que se reglamenta la aplicación de fitosanitarios en la provincia, por lo que están improductivas 300.000 hectáreas. Consecuencia de esta situación, se genera un conflicto social que, si no se resuelve, llevará al quebranto a cientos de pequeños y medianos productores y promoverá el desarraigo rural. “Hay que avanzar en una nueva Ley coherente, en base a estudios científicos”, aseguró a AIM el presidente de la Cooperativa Agrícola, Ganadera y de  Servicios Públicos Aranguren Limitada (Coopar), Felipe Pablo Berruhet.

El fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que deja en pie lo dispuesto en su momento por el Vocal de la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná, Daniel Benedetto, respecto de las distancias para las fumigaciones agrícolas, “es una nueva demostración del grado de irresponsabilidad y demagogia de la justicia”, que “deja borde del abismo a miles de productores”.

En ese marco, el 23 de mayo pasado, cientos de productores se movilizaron al Palacio de Tribunales en Paraná para ponerse a disposición de la justicia y entregar un petitorio.

Las concentraciones se realizaron en dos puntos de la ciudad: una en plaza Mansilla, la otra, en el Acceso Norte de la capital. La jornada de lucha fue convocada por las organizaciones gremiales que representan al campo entrerriano, en repudio al fallo del STJ que dejó en pie las restricciones para la aplicación de fitosanitarios, lo que deja 300.000 hectáreas improductivas y genera un conflicto social que llevará al quebranto a cientos de pequeños y medianos productores y promueve el desarraigo rural.

En la protesta se mostró la diversidad de economías regionales que se ven afectadas por la sentencia.  La acción fue pacífica; algunos estaban serenos con termos y mates y otros dolidos y angustiados ante la caída de convenios de pagos y el posible quebranto de sus pequeños emprendimientos que llevará a la concentración de la tierra. “Esto es peor que la Resolución 125, porque antes nos sacaban un porcentaje ahora son sacan el 100 por ciento”, repetían angustiados.

En la explanada de Tribunales se realizó una asamblea en la que los afectados contaron la crisis que genera el fallo y, luego, una comisión se reunió con el presidente del STJ, Emilio Castrillón, y los vocales Bernardo Salduna, Germán Carlomagno y Martín Carbonell.

En ese marco, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía, señaló que lo que ocurre actualmente “es un problema social que se quiere minimizar diciendo que son los ‘grandes grupos concentrados’, ‘terratenientes’ o ‘sojeros’, y se tapa la verdad que es que acá hay tamberos, pecaneros y citricultores, entre otros”.

El fallo “es una exageración para los metros que se están hablando y la cantidad de hectáreas que implicaría dejar de producir”, remarcó Guía, quien apuntó: “Acá no hablamos de ambientalismo sino de fundamentalistas que están avanzando en estas cosas quién sabe con qué redito”.  Al respecto aclaró que “los productores también son ambientalistas, porque cuidan la tierra que heredaron de sus abuelos y la dejarán a sus hijos, pero nadie habla de la siembra directa y toda la tecnología que se aplica para mejorar y cuidar el suelo fértil. Hoy estamos en esta situación y tenemos que ver cómo salimos adelante”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas de Entre Ríos (Fedeco), Daniel Kindebaluc, agregó a esta Agencia que “el fallo no tuvo en cuenta todos los fundamentos científicos que el campo e instituciones prestigiosas como el Conicet y el Inta aportaron, explicando que las aplicaciones bien realizadas no provocan daños a la salud, ya que somos los primeros interesados en defender la salud”.

En ese marco, indicó que el objetivo “es que se tome alguna medida, porque se le están cortando los brazos a cientos de productores que viven cerca de las escuelas y que hoy no le sirve para nada el campo; ni para producir, ni para vender, para nada”.

 

Berruhet: “Lo que hay que hacer es legislar y la justicia debe hacer cumplir las normas por los ciudadanos”

“Como siempre el Estado provincial se durmió o llegó muy tarde.  En el fallo el STJ no habla de aplicaciones de fitosanitarios sino que habla de aplicaciones, porque lo que hoy  se restringen un montón de cosas que hacen a la vida productiva agropecuaria”, indicó Berruhet.

En ese sentido,  subrayó que “casi todo el sistema productivo argentino, desde el punto de vista agropecuario, tiene un sustento en las aplicaciones”. Al respecto, explicó: “Alguien que desconoce el sector es entendible que pida que no se haga soja. Perfecto hacemos ganadería. Hay que hacer praderas, pasto para engordar el ganado pero resulta que a esos pastos los atacan un montón de insectos, por lo que hay que aplicar para que no se lo coman. Si haces tambo, se vuelve a lo mismo; para producir leche hay que producir pasto, es decir, hay que atacar enfermedades, hongos, etc, etc, que permiten tener forraje de cantidad y calidad para hacer leche. ¡Hasta la horticultura utiliza las aplicaciones!”.

“Si el sistema apuntaba a que no se aplicaran agroquímicos o fitosanitarios, deberían haber especificado qué es lo que está prohibido en la zona de exclusión que se determina”, dijo el cooperativista.

Sin embargo, aclaró que “un juez, un maestro, un contador o un periodista no están capacitados para determinar qué tan importante es la incidencia de los fitosanitarios en la salud humana o qué tan lejos o cerca se puede hacer. Para eso existen ciencias que hace décadas estudian estos problemas, por lo que hay que convocar a ellos a que opinen”.

“Ahí estamos –como siempre, en las ciencias que no son exactas- la mitad para un lado y la otra mitad para el otro. Entonces, si no queremos hacer otra grieta (como estamos acostumbrados) hay que sentar a los dos especialista para que lleguen a una resolución coherente y satisfactoria para ambas partes y eso debería transformarse en una Ley, porque sino se estaría legislando a través de la justicia”.

“Lo que hay que hacer es legislar y la justicia debe hacer cumplir las normas, por los ciudadanos. Es un proceso simple y que las democracias del mundo la desarrollaron hace muchos años”, subrayó Berruhet.