El primer desafío político del Gobierno este año será convencer a los gobernadores de las provincias para que aprueben el Presupuesto 2019. El mismo contemplará un fuerte ajuste de gastos para cumplir la meta de un déficit primario de 1,3 puntos del PBI del año próximo, desde el probable 2,5 que podría terminar el 2018.
Para lograrlo, las provincias tendrán que sacrificar fondos correspondientes a las transferencias discrecionales que les manda la Nación. Es decir, dinero que financia obras y planes de educación y salud, que cada mandatario ha acordado con el gobierno federal. En total, estiman que sería el equivalente a medio punto del PBI.
Para el Gobierno nacional, las provincias están mejor que nunca en materia fiscal y por ello están en condiciones de afrontar el ajuste. Con el programa de devolución del 15 por ciento de coparticipación que la nación les retenía para financiar a la Anses, entiende que los gobernadores tienen las cuentas en orden, por lo menos desde el punto del déficit primario. Los momentos en la historia en que las provincias pudieron presentar números fiscales en orden no son muchos. El programa firmado al inicio de la gestión de Mauricio Macri, por el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, establecía la devolución de tres puntos por año de la coparticipación, hasta 2020. Desde ese momento, llevan nueve puntos de recupero de fondos. En 2019, llegarán a 12 puntos.
En general, la "normalidad" es que las provincias presentaban fuertes desbarajustes, con la necesidad constante de pedirle plata prestada a la Nación. Ahora la situación se ha revertido. Se podría decir que están mejor que el Gobierno federal, y ese será el argumento básico por el cual desde Hacienda suponen que podrán acordar el recorte. Calculan que entre lo que perderán los gobernadores y lo que van a conseguir por transferencias automáticas con el programa firmado en 2016, saldrán ganando un 1,5 puntos del PBI. "Claro que se va a quejar que hay recortes", explicó un funcionario del gobierno.
De acuerdo con los datos de la secretaría de Hacienda, este año las provincias ya recibieron por transferencias corrientes unos $24.500 millones. Se trata de dinero que cobran de forma automática como parte de la recaudación de IVA y Ganancias. Lo que se va a recortar o eliminar son gastos por que este año llegarán a $105.000 millones que corresponden a transferencias discrecionales, que están afectadas a programas de educación, salud o acuerdos especiales con gobernadores. En el Gobierno, consideran que "son obras que deberían hacer ellos que los hacemos nosotros".
En lo relacionado a la situación fiscal de las provincias, en gobierno considera que el conjunto de las mismas va a cerrar con las cuentas en equilibrio en 2018. Pesos más o pesos menos, desde el punto de vista del déficit primario cerraran el año en cero, si se le agrega el pago de intereses de su deuda, el rojo es de medio punto. En 2015, las provincias agregaban 1 punto al déficit consolidado. Y se espera que en 2019, pasen a tener un leve superávit. Además en el Gobierno nacional destacan que después de haber estado 12 años sin poder tomar préstamos, a partir del año pasado las provincias comenzaron a financiarse en el exterior.
Según los datos que manejan en el gobierno, la coparticipación ya representa siete puntos del PBI. Luego de la firma del acuerdo de Responsabilidad Fiscal, en noviembre del 2016, las provincias no pueden expandir el gasto en forma real. Es decir, tiene que ser igual o inferior a la inflación. Y lo que es más: No pueden incorporar empleados públicos por encima de la tasa de crecimiento de la población. La expansión de las plantas de personal es considerada la principal causa del deterioro de las cuentas en las provincias.
Fuente: Ámbito