Leonardo David Sena fue condenado a 27 años y seis meses de prisión por el “homicidio muy especialmente agravado” contra Lola Chomnalez, la adolescente argentina de 15 años, asesinada en diciembre de 2014 en una playa Barra de Valizas, Uruguay.

El homicida está preso desde mayo de 2022, por lo que a la pena impuesta se le descontará el tiempo que permaneció detenido con prisión preventiva. Así lo determinó la justicia uruguaya.

El homicida, preso desde mayo de 2022, fue encontrado culpable del delito de “homicidio muy especialmente agravado”. A la pena impuesta se le descontará el tiempo que permaneció detenido con prisión preventiva.

Entre lo argumentado por el juez Juan Giménez Vera para haber impuesto esa condena para un delito que establece penas de entre 15 y 30 años, consideró el nivel de “peligrosidad” del acusado, sus antecedentes (una condena anterior por lesiones y otra por violación) y el haber enterrado el cuerpo de la víctima luego de haberla matado.

La fiscal de Rocha, Mariela Núñez, había pedido que se le impusiera a Sena la pena máxima establecida para este tipo de delitos, pero el juez consideró que no se cumplían todos los agravantes para ello.

Sena, que tiene antecedentes penales por otros dos hechos, fue detenido en mayo de 2022 en el Chuy, en el límite de Uruguay con Brasil, luego de que distintos testigos señalaron que era frecuente verlo en la zona de Castillos y Rocha, y que un cotejo de ADN diera positivo respecto de su sangre y la hallada en la escena del crimen.

“A través de material genético pudimos ubicar a una persona, que es quien depositó su material genético, valga la redundancia, en la escena del hecho, es decir, en la toalla que estaba en el interior de la mochila que llevaba Lola en su interior el día que falleció y en su documento nacional de identificación argentino”, explicó el juez Giménez Vera.

A su vez, Sena aseguró en ese momento que era inocente y que su sangre llegó a los mencionados elementos porque se había cortado con una botella de vidrio mientras trabajaba, poco antes de que fuera a tomar mates a la playa donde se encontró con la mochila de Lola y sus pertenencias.

Pero varios testigos lo contradijeron.

Por este caso, también está preso Ángel Eduardo Moreira Martínez, alias “El Cachila”. Este “cuidacoches” fue absuelto en primera instancia por el juez Giménez Vera, pero el Tribunal de Apelaciones del 4° Turno revocó en febrero de 2022 ese fallo y lo condenó a 8 años de prisión por “encubrimiento” del crimen.

Moreira fue liberado en junio de ese mismo año tras la absolución de primera instancia, pero volvió a ser detenido durante unos meses por violar una restricción de acercamiento solicitada por su expareja y por la que cumplió arresto domiciliario.

La absolución de “Cachila” fue apelada por la ahora exfiscal de Rocha, Jéssica Pereyra, quien había requerido una condena de 10 años de prisión.

Mientras que el fallo de Apelaciones, a cargo de los jueces Luis Vicinguerra, Ángel Shaban y Gabriela Cobelli, resolvió por unanimidad que le correspondían 8 años de cárcel. Finalmente, en febrero de este año, la Suprema Corte confirmó esa última decisión y “Cachila” volvió a prisión.

El caso
Lola viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina. Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.

Mediante la autopsia se determinó que murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Para la fiscalía, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.

“El Cachila” fue detenido al comienzo de la investigación, pero quedó libre ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en los objetos de la víctima, pero en 2019 la Justicia uruguaya lo volvió a imputar y lo detuvo como encubridor al concluir que “estuvo presente antes, durante y después del homicidio” de la adolescente.

Desde entonces, los peritos de la Policía Científica continuaron con los cotejos de ADN con cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas y así llegaron al familiar del ahora condenado de ser el autor material del crimen.