La oficina del ombudsman de la ciudad de Paraná presentó ante el Concejo Deliberante el 30 de septiembre pasado un informe anual en el que se resume el trabajo realizado por la institución en el período septiembre de 2018 a igual mes de 2019, tal cual lo establece la ordenanza 8.391. [{adj:42953 alignright}]

En la sesión del Cuerpo de este jueves, ingresó el documento que reúne un análisis cuantitativo y cualitativo de la labor concretada en los doce meses. La introducción y el informe completo están disponible en el link para acceder en:

https://drive.google.com/open?id=1eJ81izMt4INhQgsngPsIxU6dQXgjLsxM

De la introducción, se indicó que en este informe anual N° 16, que comprende desde el 15 de septiembre de 2018 a igual fecha de 2019. En este período, se registraron 2.183 actuaciones. “Al trabajo, reflejado en esa cifra, se añade la atención de numerosas consultas telefónicas que no suman en la estadística debido a que no llegan a formalizarse en una presentación (actuación)”, se aclaró.

“La mayoría de las presentaciones (82 por ciento) ha tenido una resolución, dando a la vez lugar a intervenciones y posicionamientos de la institución en diversos temas. El número total de estos últimos doce meses (2183) contempla presentaciones de temas locales y también de índole provincial y nacional. Si bien el alcance de la Defensoría del Pueblo se limita al ejido de la ciudad de Paraná, viene intercediendo en temas de jurisdicción provincial ante la solicitud –en casos, desesperada– de personas que buscan respuestas con urgencia y debido a la carencia de la Defensoría del Pueblo de Entre Ríos, cuya instrumentación está pendiente desde su instauración en la reforma constitucional de 2008”.

Por otro lado, se indicó que “en este tramo abarcado por el Informe Anual 2018-2019, se destacan las actividades de promoción y difusión de derechos encaradas, en conjunto con otras instituciones como las referidas a la existencia e instrumentación de la Ley Brisa, norma que desde 2018 brinda cobertura a los niños, niñas y adolescentes que hayan estado a cargo de personas víctimas de femicidios. La iniciativa tomó impulso a partir de la presentación de un caso aberrante registrado en Paraná y, luego se fueron sumando otros no menos conmovedores”.

Y sobre una problemática reciente, de la situación de las personas que viven en la calle, la Defensoría realizó un especial referencia a que viene “trabajando desde su creación y que, sin embargo, sigue irresuelta, recrudeciendo con cada invierno, con cada crisis. Actualmente, se encuentra en formación una red de instituciones y organizaciones –entre ellas, la Defensoría-, con el lema ‘La calle no es un lugar para vivir’. A través de una actuación de oficio, la Defensoría requirió al Ejecutivo Municipal información respecto al funcionamiento del refugio para personas en situación de calle. Concretamente, en septiembre de 2018 consultó si se preveía el cierre del lugar ante el paso del invierno, como viene sucediendo, dejando a las personas desprovistas de un lugar donde pasar la noche”.

El grave problema en el transporte urbano es uno de los temas destaca en este período, ya que impactó “en los derechos ciudadanos tener garantizado el transporte público en colectivo. También continuó siendo una profunda preocupación, la prestación del transporte interurbano entre Paraná y Santa Fe. En ambos casos, la Defensoría de Paraná realizó gestiones y reclamos”.

Y entre otro de los planteos que ganó lugar en la prensa también, se apuntó a los que realizaron los ahorristas de planes de autos que “ocuparon la atención de la institución, ya que se recibieron más de 150 presentaciones que fueron gestionadas a través de la Asociación de Defensores de la República Argentina (Adpra) -organización de la que es parte la Defensoría de Paraná- y Defensa del Consumidor Nacional”.

Estadísticas

En cuanto a los números de las presentaciones que prevalecieron en este período, en cuanto a la cantidad de reclamos, se dijo que fueron referidos al de los derechos civiles y políticos. “Y el grueso se centró en la solicitud de acceso y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El trabajo de la Defensoría en esta temática parte del hecho de que la identidad es uno de los derechos elementales básicos de cualquier sociedad. La privación de este derecho, y la imposibilidad de acceder al DNI, como uno de los instrumentos esenciales para el ejercicio de la ciudadanía, implica no poder ejercer derechos básicos y enfrentar trabas en el acceso a prestaciones sociales (como a la Asignación Universal por Hijo), al sistema de justicia, al reconocimiento como personas en plenitud, al acceso a empleos productivos y a la participación política. La mayoría de las personas solicita la intervención de la Defensoría ante el Registro Civil, dado que carecen de recursos económicos para afrontar los costos de los trámites del DNI. Ante la situación, la Defensoría extiende una solicitud de exención de los montos que demandan los sellados”.

Y en segundo lugar se ubicó el “grupo de derechos de tipo económico, sociales” con dos temas relevantes: “el aumento de los precios de las cuotas de planes de ahorro para acceder a autos 0 Km. y de viviendas construidas por el IAPV y una mutual de la ciudad. En tercer lugar, se ubican los pedidos de derechos de acceso a los servicios municipales. Como en otros períodos, el mayor número de reclamos apunta a los servicios de agua y cloacas. La rotura de caños, las filtraciones en las calles, la falta de suministro de agua y obstrucciones en redes de cloacas, son los motivos que se reiteran en los pedidos. A continuación, se ubican los requerimientos por el arreglo de calles, la construcción de asfalto y la paralización de obras”.

Por último, se destacó el trabajo del Centro de Mediación Comunitaria que “participa activamente en el volumen de trabajo abarcado por este informe. El área atiende conflictos entre vecinos y promueve, principalmente, en ámbitos educativos y barriales la importancia de poder resolver los problemas a través del diálogo, de manera pacífica. Los temas de convivencia, obras en construcción, ruidos molestos, filtraciones y humedad y molestias generadas por mascotas han motivado la mayoría de las solicitudes de mediación durante este período. Asimismo, el Centro viene recibiendo desde 2011 casos derivados del Poder Judicial de la provincia. En este período, el número de expedientes provenientes desde el Ministerio Público Fiscal continúa siendo elevado”.