Por Daniel Bello, de Revista PPV, especial para AIM. En junio de 2013, se sancionó la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador con la cual se buscó evitar la conformación de monopolios, pero sobre todo se trató de fomentar la producción nacional de contenidos, la libertad de expresión, la diversidad y pluralidad de voces.

Resumiendo, dicha ley establecía que el 60 por ciento de las producciones de contenidos televisivos debían ser de origen local, en tanto que, para las radios, esos contenidos – que debían cumplir el mismo requisito que para televisión en cuanto a origen de producción- debían ser del 50.

El espacio radioeléctrico se dividía en un 33 por ciento para medios públicos, 33 por ciento para medios privados y 34 por ciento para medios comunitarios.

Además, planteaba -tanto para los medios privados como para los públicos y comunitarios- la  obligación de confeccionar códigos deontológicos a la vez que facultaba a la ciudadanía, u organizaciones, a denunciar ante la Superintendencia de la Información y Comunicación el incumplimiento de dicho código por parte del medio.

Como sucedió en nuestro país, la decisión política de impulsar una ley democrática en materia de comunicación fue atacada principalmente por la oposición política y los medios hegemónicos locales.

En diciembre de 2018, hace apenas unos días, se impulsó una reforma de casi 100 artículos de los 145 que posee la Ley.

Modificaciones

La denominada Disposición Octava Transitoria se introdujo a último momento por pedido de Cristina Reyes del Partido Social Cristino (PSC) y ejecutado por el oficialista Jorge Corozo, quien preside la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad.

Dicha disposición indica:

“Se renovarán, por única vez, las concesiones de frecuencias de radio y televisión previo al informe jurídico y técnico sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en sus contratos de concesión. El informe deberá ser realizado en un plazo de 60 días”

Ante este escenario, la Coalición de Medios de Comunicación y Medios Alternativos, que conforman organizaciones sociales, medios de comunicación comunitarios de mujeres, jóvenes, barrios, pueblos y nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, publicó un comunicado el 19 de diciembre exigiéndole al Presidente Lenín Moreno la derogación de estas modificaciones por ser inconstitucionales y obviar todo proceso democrático de discusión en torno a dichas modificaciones. También los relatores para la Libertad de Expresión de la Cidh abogaron por una entrega transparente y pública de frecuencias.

Sin embargo, el gobierno continúa adelante.

Por este motivo, el día anterior al Día del Periodista ecuatoriano – que se celebra todos los 5 de enero- volvieron a publicarse notas en las cuales se renueva el pedido del veto presidencial.

Este pedido fue acompañado en estos días con actividades para visibilizar el conflicto que generan las modificaciones.

Por otra parte, Ana Acosta, de “El Churo Comunicación”, afirmó en declaraciones a un medio ecuatoriano: “Esta Ley que buscaba terminar con los abusos del poder en la comunicación, acaba de aprobar una Disposición Transtoria Octava, que permite la renovación de automática de frecuencias para aquellos concesionarios cuyas frecuencias hayan caducado”.

Esta renovación se realiza sin concurso ni análisis previo de legalidad, es por 15 años y luego 15 años más.

Es decir, una renovación por 30 años sin control alguno.

Allá y acá

En nuestro país, el 17 de diciembre de 2018, se realizó frente a las oficinas del Enacom un reclamo por la normalización que impulsa el Organismo, mediante la cual busca restringir la potencia y excluir a todas las radios comunitarias que nacieron al calor de la sanción de la actual, y mutilada, Ley 26522 de 2009.

La resolución de este proceso, que favorece a los medios hegemónicos, se espera que tenga definición en mayo de este año.

También ese día se realizó una movilización  a canal 13 para exigir que se cumpla con la ley y que los canales comunitarios sean efectivamente incluidos en la grilla.

Las repuestas de los medios hegemónicos fue presentar y describir el reclamo como una “toma violenta”, algo que se choca con la realidad al ver los videos de la manifestación de ese día.

Finalmente, tanto en Ecuador como en nuestro país vemos cómo se avasallan leyes que fueron el corolario de procesos históricos de luchas populares.

En ambos casos, la restricción a la libertad de expresión o la censura y la persecución y judicialización a comunicadores populares parece ser una moneda común.

Ante esto, es necesario, nutrir y fortalecer los espacios y redes preexistentes con el fin de volver a dar una gran disputa por el Derecho a la Comunicación, la cual también abre las puertas para discutir derechos más elementales que hoy son atacados brutalmente como lo son el derecho a la igualdad, el techo, la tierra, el trabajo, el alimento o el agua.