En el marco de la media sanción dada ayer al proyecto de ley para que el aborto se legalice, con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, exponemos la reflexión de la Diputada nacional por Córdoba, UCR, Soledad Carrizo. 

El debate sobre el aborto se reabre nuevamente en nuestro país, pero en esta oportunidad el Congreso de la Nación convoca a una deliberación reflexiva de todos los legisladores.

Mi primer objetivo es transparentar una vocación personal sobre el tema, para evitar especulaciones, falsas dicotomías o simuladas rivalidades con matices políticos oportunistas. La vida es algo que me preocupa, y me preocupa tanto la vida de un niño por nacer como la de las mujeres que la pierden en prácticas clandestinas y abusivas sobre su cuerpo.

Sin embargo, mi rechazo a la despenalización del aborto reside en el hecho de que su legalización no conduciría jamás a solucionar o eliminar todas aquellas causas que hoy llevan a tantas mujeres a embarazos no deseados y por ende a abortar, lo que hace que la propuesta sea inútil para combatir los verdaderos flagelos que hoy viven muchas mujeres.

Sin embargo, para fundar mi negativa, no solo voy a acudir a cuestiones jurídicas que marcan una incompatibilidad con la idea de legalizar el aborto en nuestro ordenamiento jurídico, sino a una más clara todavía, la incorrecta creencia de que el aborto pueda ser una solución.

La amplia protección dispensada a la persona desde el momento de su existencia por parte del ordenamiento jurídico argentino, desde la Constitución hasta sus códigos Civil y Penal, parte de una cosmovisión ideológica central: la vida de la persona y su inviolabilidad son el bien más importante.

Con ello quedan debilitados los argumentos que pretenden jerarquizar la libre decisión de una madre sobre su cuerpo, creyendo incorrectamente que el niño es su extensión y desconociendo así la autonomía de dicho ser humano, producto de la concepción a través de un acto sexual consciente y voluntario. Por eso mismo, el propio régimen penal excepciona el reproche al aborto ante situaciones que constituyan el resultado de una unión sexual no consentida o cuyo partícipe esté afectado en su voluntad (entiéndase aquí las violaciones, las mujeres incapaces y el estado de necesidad por el cual se prioriza la vida de la madre).

En forma paralela, y en cuanto a política de salud pública, el Estado argentino lleva adelante un fuerte (aunque siempre perfectible) proceso de intervención preventiva, a través de mecanismos de instrucción sexual y reproductiva, arbitrando los medios para que toda la población tenga acceso a educación sanitaria y reproductiva (solo pensemos en las leyes 26.061, 26.150, 25.673, entre otras). Habilitar la interrupción de la vida de niños por nacer sería un revés para estas políticas.

Por otro lado, el incumplimiento de la ley, evidente por el número de abortos clandestinos realizados en nuestro país (cualquiera fuera su número) no es motor suficiente para modificar el bien jurídico protegido y anular su reproche penal. La desobediencia de la ley no es un argumento de consistencia que conlleve a la consecuente autorización para la interrupción de la vida. Inferir una consecuencia semejante habilitaría la despenalización de un sinnúmero de conductas que hoy son contrarias a la ley y cuyo resultado nos conduciría a un estado de anarquía absoluta.

Sin embargo, lo más preocupante es que el proyecto de ley no manifiesta una coherencia ni una solución satisfactoria con relación a sus fundamentos, en tanto no incorpora una mirada integral de la problemática del aborto, sino que solo se dirige hacia el resultado final de una cadena de problemáticas mucho más complejas que deja desatendidas.

En términos de sus propios argumentos, el aborto es el resultado de embarazos "no deseados" producidos en contextos de pobreza, marginalidad, violencia, deficiencias en la educación; pero no vemos dentro del proyecto de despenalización medidas que busquen revertir estas condiciones. Lamentablemente, la pretensión de despenalizar el aborto solo habilita a interrumpir un resultado "no deseado", pero al no solucionar ni atender estas problemáticas previas no hay manera alguna de garantizar ni que los abortos vayan a disminuir ni que el contexto que provocó ese embarazo no vaya nuevamente a producir otro, alimentando una triste e inagotable cadena. Y esto es lamentablemente un oscuro laberinto que la despenalización del aborto no ayuda a iluminar.

Fuente: Soledad Carrizo  Diputada nacional por Córdoba, UCR (La Nación).-