La oposición busca restringir los superpoderes de Bordet

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Legisladores  de la oposición impulsan proyectos que pretenden recuperar facultades delegadas al Ejecutivo a cargo de Gustavo Bordet.  Cambiemos apuesta que vuelvan al hemiciclo las discusiones tributarias sobre las valuaciones fiscales y los valores e importes para las diferentes operaciones de los regímenes simplificados de los impuestos sobre los ingresos brutos y sobre las profesiones liberales, confirmó AIM.

Desde la gestión de Jorge Busti el Ejecutivo logra acuerdo de la Legislatura para que las Cámaras deleguen sus facultades en el gobernador. Es ahora Gustavo Bordet quien, desde el inicio de su mandato, se arroga superpoderes que, al finalizar su gestión, son cuestionados por Cambiemos.

Precisamente son dos las iniciativas promovidas en las Cámaras las que intentan recuperar esos poderes sobre la política impositiva para la provincia: una  promueve tres modificaciones en la Ley provincial de valuaciones, por las que obligará al Ejecutivo a someter a consideración de la Legislatura cualquier cambio en las bases sobre las que se establecen los impuestos; la otra, deroga dos artículos de la Ley Impositiva, por lo que el Ejecutivo debería presentar las modificaciones sobre el Régimen simplificado de ingresos brutos y del impuesto a las profesiones liberales.

La iniciativa de modificación a la Ley provincial de valuaciones, fue presentada por Beltrán Lora (Cambiemos). El proyecto logró media sanción en Senadores y pasó en revisión a la Cámara Baja.

Precisamente, las tres reformas fijan que el Poder Ejecutivo “realizará las modificaciones de las zonas y  valores unitarios básicos”, pero determina que “será el Poder Legislativo quién las  apruebe”. De esta manera, se recupera el espíritu republicano de la división de poderes y lleva al hemiciclo la discusión sobre los aumentos de los impuestos, que hoy maneja discrecionalmente el Ejecutivo.

Al respecto, el senador recordó a esta Agencia que el Poder Legislativo se encuentra facultado para delegar en el poder Ejecutivo el cálculo de la base imponible, pero indicó que “la delegación debe estar realizada en un marco en el cual no deje libre albedrío al Ejecutivo y cumpla con ciertos parámetros”, principio que “no se cumple de ninguna manera, y para dar más poder al Poder  Ejecutivo, se le delegó hasta la aprobación del cálculo realizado por catastro, sin poder tener un control exacto de las bases imponibles”.

Por otro lado, el diputado Alberto Rotman, presentó un proyecto en Diputados por el que se obligará al Ejecutivo a presentar “dentro de los ocho meses de la apertura de las sesiones ordinarias la adecuación anual de los valores e importes para los diferentes tipos de operaciones establecidas en la Ley Fiscal”, y “las modificaciones a los parámetros del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos establecido por el Art. 11° de la Ley Impositiva (texto incorporado por la Ley N° 10265) y del Régimen Simplificado del Impuesto al Ejercicio de las profesiones liberales dispuesto por el artículo 16° de la Ley N° 10446”.

Ambos proyectos tiene como eje recuperar facultades delegadas, ya que el debate sobre los impuestos es originalmente atribuida a las Cámaras. Precisamente, es el artículo 122 de la Constitución el que determina que la Legislatura debe “dictar la legislación impositiva observando lo dispuesto en el artículo 79 y a esos fines y efectos establecerá impuestos, tasas y contribuciones cuyo monto fijará en forma equitativa, proporcional o progresivamente, de acuerdo con el objeto perseguido y con el valor o el mayor valor de los bienes o sus réditos, en su caso”, y particularmente en su inciso 11°: “Las Leyes impositivas regirán en tanto la Legislatura no las derogue ni las modifique, debiendo estas modificaciones hacerse por ley especial”.

Sin embargo, el panorama para las propuestas no es claro y preciso, ya que durante toda las gestiones el Ejecutivo legitima anualmente –con la complicidad de los bloques- la delegación de facultades, por lo que el debate sería una mera expresión de deseo ante la arbitrariedad legitimada del Gobierno.