El debate en torno a la despenalización y la legalización del aborto es, sin duda, una discusión de alta sensibilidad social. En necesario abordarlo desde la razón, despojado de creencias personales y con los conocimientos que la ciencia ha aportado. Es una oportunidad, ya que hasta hace no muchos años se discutían conceptos que en la actualidad han sido clarificados por el conocimiento científico.
La ciencia ha demostrado en forma fehaciente que la vida humana comienza con la fecundación, es decir, desde la fusión de un óvulo y un espermatozoide; momento en el que se forma un nuevo organismo, que actúa como un todo organizado, donde el embrión no es un órgano de la madre, sino que es distinto al óvulo sin fecundar, resultando singular, único e irrepetible.
Este hecho científico y comprobado está reconocido por el ordenamiento jurídico argentino en los artículos 19 y 33 de la Constitución Nacional; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la ley 23054; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por ley 23313; la Convención sobre Derechos del Niño, ratificada mediante la ley 23849; todos tratados internacionales ratificados por el Congreso, obteniendo jerarquía constitucional, y el artículo 19 del Código Civil y Comercial, entre otras normativas.
La campaña de aborto legal sostiene su propuesta legislativa en un estudio realizado por las demógrafas Edith Pantelides y Silvia Mario hace más de diez años, que aseveró que en la Argentina se realizarían entre 370 mil y 520 mil abortos por año. Esos resultados fueron obtenidos sobre la base del número de egresos hospitalarios por aborto sin indicarse si corresponden a abortos espontáneos o provocados, es decir, se incluyen no solo los "abortos ilegales", sino también los embarazos ectópicos, la mola hidatiforme, otros productos anormales de la concepción, el aborto espontáneo, el aborto médico, otros tipos de aborto y el intento fallido de aborto. A ello, realizaron una encuesta a una muestra de escasa representación (treinta referentes que trabajaban en los hospitales públicos) sobre la percepción que tenían sobre el aborto y a los resultados le aplicaron un efecto multiplicador que les arrojó una cifra de 470 mil abortos en el país.
Aquí radica una de las grandes tergiversaciones que atravesó todo el debate. El doctor e investigador chileno Elard Koch demostró la imprecisión del método, al realizar un trabajo con base en la tasa de embarazos estimados en determinado año para cada país. De esa forma se determinó que, para el 2007, la cantidad de abortos provocados en Argentina fue de 47 mil, en tanto que el trabajo de Mario y Pantelides expresaba que era de 470 mil. Básicamente, el error de las demógrafas radica en haberse fundado en encuestas de opinión, en lugar de hacerlo en datos relevados y, a su vez, esas cifras fueron aplicadas con una metodología similar a todos los países de la región, sin considerar el nivel de población y la tasa de nacimiento.
La introducción, incluso sin límite temporal durante el proceso gestacional, de la causal "salud de la mujer como derecho humano", y permitir acceder al aborto por "razones sociales" —sin definir qué se entiende como "razón social"—, implica la lisa y llana legalización del aborto en cualquier período del embarazo y bajo cualquier razón social. Por ejemplo, implícitamente, la discapacidad de un niño por nacer detectada en un estudio prenatal sería causa suficiente para acceder al aborto. En síntesis, el triunfo de la sociedad del descarte.
En este orden de ideas, resulta menester destacar la exposición durante las audiencias en el plenario de comisiones de la doctora María Angélica Gelli: "La normativa que me parece más importante es la contenida en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece, precisamente, el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad. Eso ha sido invocado para hablar de la autonomía, de la autodecisión de la mujer. Es cierto que con este artículo se podría construir todo un sistema de valores asentados en la libertad y en la autodeterminación. Pero hete aquí que tiene un límite, que es, entre otros, el daño al tercero. Este es el punto crucial, porque si en algún momento se produce la concepción de un ser humano, de una persona humana, el artículo 19 pondría una limitación a la decisión sobre la vida de ese ser. Pero ya la reforma de 1994 nos dio elementos más contundentes, más fuertes para reconocer el derecho a la vida, reitero, de la mujer gestante y del no nacido".
En consecuencia, queda de manifiesto que el debate es más profundo que la potencial y supuesta amplitud de un derecho para las mujeres, sino que hay una colisión de derechos entre la voluntad de quienes quieran abortar y el derecho de una vida por nacer. Esta discusión nos plantea situaciones análogas que pueden surgir en el futuro y nos obligan a reflexionar sobre qué modelo de sociedad queremos. Podría haber riesgos sociales que en el futuro también justifiquen legalizar deshacernos de vidas; o defendemos a quienes no tienen voz o, en nombre de los vulnerables, descartaremos a quienes no tienen voz, otorgándole el triunfo a la sociedad del descarte.
Por Carmen Polledo, diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires (PRO-Cambiemos).
Fuente: Infobae.-