Los siete acusados de una violación en manada en Córdoba fueron indagados y seguirán detenidos

Los siete acusados de violar en manada a un joven en Sebastián Elcano continuarán detenidos. Lo dispuso la fiscal Fabiana Pochettino luego de indagar a todos los imputados en compañía de sus abogados defensores. El primero que prestó su declaración indagatoria, la instancia procesal donde los imputados ejercen su derecho de defensa, fue Nicolás Reynoso. Su abogado, Sebastián Lascano, expuso en diálogo con Infobae: “Se ordenaron pericias psicológicas y psiquiátricas para todos los imputados y para la supuesta víctima. Aún no se otorgaron los turnos, porque no se sabe dónde se van a realizar.

Captura del video del abuso sexual, que se viralizó en Córdoba

Después de esos informes se integrarán al expediente para determinar si corresponde o no el dictado de prisión preventiva o el recupero de la libertad. Para adelantarme yo ya solicité el recupero de libertad de mi asistido el cual me será respondido en un plazo de 48 horas aproximadamente”. Entiende que al solicitar estas nuevas diligencias, la fiscal dispuso que los imputados no fueran excarcelados. Desde su interpretación, no concede la libertad porque el delito prevé una escala penal en abstracto un tanto elevada, más allá de que desde su visión no existe riesgo procesal de fuga.

Volvieron en el mismo móvil 152 que los había trasladado del Servicio Penitenciario de Córdoba hacia Santa Fe al 100, las oficinas de la Fiscalía de Instrucción y Familia de Dean Funes, un despacho del Ministerio Público Fiscal, dependiente del poder judicial de la provincia. La policía había cortado la calle, los familiares mantuvieron su guardia ante la puerta de la sede fiscal. Bajaron esposados y con el rostro descubierto, secundados por agentes penitenciarios de la cárcel de Cruz del Eje, donde seguirán detenidos.

José Dantone, el abogado de Ramón Ludueña y de los hermanos Ezequiel y Jorge Cisneros, expresó en diálogo con este medio que sus defendidos ratificaron su absoluta inocencia: “Volvieron a manifestar que no existió ningún tipo de abuso sexual y que a la supuesta víctima no la invitaron al asado, sino que él llegó solo y ya estaba borracho. Es coincidente con la versión que dieron otros testigos”.

El letrado dijo que en tenor de lo que pudo identificar en el expediente presentó inmediatamente el pedido de excarcelación: “Mis clientes no deberían estar privados de su libertad porque no tienen antecedentes penales, tienen arraigo con la zona, no presentan un peligro procesal y porque el examen médico hecho el 18 de marzo, el día de la denuncia, ordenado por la fiscalía y firmado por un profesional, no constata lesión alguna”. Informó que la fiscal Pochettino hoy les notificó el pedido de pericias psicológicas y psiquiátricas a todos los actores, aún sin fecha ni lugar asignado.

Son siete los acusados de violar a un joven de 25 años en Sebastián Elcano, un pueblo de cinco mil habitantes, imputados por un delito de instancia privada como es el abuso sexual con acceso carnal, agravado por el número de participantes, según apunta el artículo 119 del Código Penal, tercer párrafo, en función del cuarto párrafo del inciso D. Cuando el damnificado amplió su declaración ante la fiscal Fabiana Pochettino, la querella añadió a la causa una denuncia por robo y lesiones graves por una deformación permanente sobre la ceja derecha producto de una cicatriz.

Al día siguiente, la fiscal ordenó la detención de los siete hombres que habrían protagonizado una violación “en manada” la tarde del sábado 16 de febrero. Sus nombres son Ramón Ludueña, Jorge Cisnero, Ezequiel Cisnero, Nicolás Reynoso, César Rojas, Emanuel Rojas y Emanuel Borges, todos con distintos grados de responsabilidad en el hecho. El miércoles 3 de abril llegaron a las 11:19 a la sede fiscal desde la dependencia policial de Villa de María del departamento de Río Seco donde pasaron la primera noche como detenidos.

Ese día, se procedió al acto procesal de la mera designación de los abogados defensores y el traslado al penal de Cruz del Eje, donde -según el criterio de la fiscal- los imputados iban a gozar de más seguridad y serenidad que en las inmediaciones de un pueblo convulsionado por el caso. Pochettino coordinó que las declaraciones indagatorias se desarrollen la semana próxima. Por eso, hoy se presentaron los siete detenidos ante la fiscal para dar su versión de los hechos.

Cada uno de los imputados ingresó con su abogado defensor a las indagatorias. Se presumía que tres de los acusados podrían recuperar su libertad porque no habrían estado en el lugar de los hechos durante el abuso -según el doctor Carlos Nayi, abogado de la víctima, significa una “violación” con una duración de 45 minutos-. Los implicados que esperaban recibir la excarcelación son los hermanos Emanuel y César Rojas, dueños de la Gomería Los Magos donde se perpetró el abuso, y Emanuel Borges. Los dos primeros tienen una coartada: se habrían ido antes para presenciar el Festival de la Palma en San Francisco del Chañar y el hecho se habría efectuado bajo un tinglado anexo al galpón del establecimiento.

En el video que se viralizó en Elcano, no aparece ninguno de los tres anteriormente nombrados. El supuesto abuso se reduciría a los otros cuatro imputados: Reynoso, adulador pero sin intervención directa y cuyo abogado entiende que la figura que le cabe sería la de copartícipe, Ludueña y los hermanos Cisnero, los tres más comprometidos según el testimonio de la víctima y el documento filmográfico.

La fiscal precisó que la imputación de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes” es una carátula preventiva que podrá variar según cómo continúe la causa. Los abogados defensores de los detenidos estudian una morigeración de la acusación por la de abuso simple. En las exposiciones públicas de los letrados y en las declaraciones privadas de los familiares, la percepción es homogénea: no hubo violación y los siete acusados son inocentes. Pochettino ordenó la detención de los imputados luego de escuchar de voz de la víctima el relato de lo sucedido y tras coordinar nuevas diligencias probatorias: dispone de los celulares secuestrados donde un hipotético segundo video podría sentenciar las imputaciones. La querella estima para los acusados más comprometidos una pena de prisión de ocho a veinte años.

Infobae.-